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California ha elevado la presión jurídica sobre Nvidia mientras el fabricante de chips atraviesa una crisis de liderazgo que afecta a una de las piezas centrales de la infraestructura mundial de inteligencia artificial. La investigación abierta por el fiscal general del estado, Rob Bonta, examina ahora posibles infracciones penales de la legislación californiana relacionadas con las exportaciones de chips de Nvidia a China y con la información facilitada por la compañía a inversores y al público.
La ampliación de la pesquisa fue adelantada por Bloomberg. Bonta señaló que una eventual investigación penal dependerá de los hechos que puedan acreditarse, de quién conocía qué información y de la intención de los implicados. El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y no existe por ahora una conclusión de que Nvidia o alguno de sus antiguos responsables haya infringido la ley.
La Fiscalía de California había enviado el 19 de noviembre una citación de investigación a Nvidia para determinar si chips avanzados o información confidencial de la compañía pudieron llegar a China y si la empresa ocultó o describió de forma engañosa esos riesgos a sus accionistas. La oficina de Bonta ha subrayado que ambas cuestiones pueden estar relacionadas o resultar completamente independientes.
La distinción es importante. El envío de determinados procesadores de Nvidia a clientes chinos no es ilegal por sí mismo: Washington mantiene un régimen de licencias que permite algunas operaciones bajo condiciones específicas. La cuestión para los investigadores es si productos sujetos a restricciones terminaron en destinos o manos no autorizados y, en paralelo, si Nvidia representó correctamente ante sus inversores los riesgos asociados a su negocio chino.
Una investigación que supera el escándalo de Jensen Huang
El procedimiento californiano aparece en plena reorganización de Nvidia tras la salida de Jensen Huang, cofundador y durante décadas principal figura pública de la compañía. Su marcha se produjo después de revelaciones sobre relaciones personales que desencadenaron una investigación interna del consejo y abrieron interrogantes sobre sus vínculos con personas relacionadas con negocios tecnológicos entre China y el sudeste asiático.
Wired informó, citando a personas familiarizadas con las deliberaciones del consejo, de que el principal problema para varios consejeros fue la falta de franqueza de Huang cuando fue interrogado sobre algunas de esas relaciones. El presidente del consejo, Harvey Jones, comunicó posteriormente a los empleados que la conducta personal y la falta de transparencia del antiguo consejero delegado eran incompatibles con las normas internas de la empresa.
Una de las personas situadas en el centro del caso es Alice Huang, empresaria vinculada anteriormente a Megaspeed, un proveedor de infraestructura de computación con sede en Singapur. Las autoridades estadounidenses investigan posibles conexiones de Alice Huang con los servicios de inteligencia chinos, una acusación que Pekín ha rechazado.
El elemento empresarial que interesa ahora a los reguladores va más allá de esa relación personal. Megaspeed aparece relacionada con una red que habría permitido trasladar capacidad informática basada en procesadores de Nvidia hacia China mediante intermediarios y centros de datos situados en terceros países.
The Wall Street Journal ha vinculado a un empresario chino investigado en Singapur con operaciones mediante las que servidores equipados con chips de Nvidia habrían terminado en una compañía de Shanghái. Megaspeed ha negado haber cometido irregularidades.
Los controles sobre chips dejan de depender solo del destino inicial
Las dudas sobre la distribución de procesadores muestran uno de los problemas operativos más complejos del sistema estadounidense de controles tecnológicos. Nvidia vende buena parte de sus chips mediante fabricantes de servidores, proveedores cloud, distribuidores y operadores de centros de datos. Una operación inicialmente autorizada puede atravesar varias jurisdicciones antes de que la capacidad de cálculo llegue al usuario final.
La propia Nvidia reconoce este límite. En su documentación regulatoria, la empresa explica que, una vez vendidos los productos, deja de tener control físico sobre ellos y depende parcialmente de los programas de cumplimiento de clientes y socios para impedir desvíos. También asegura que colabora con las autoridades cuando detecta intentos de eludir las restricciones.
Estados Unidos modificó en enero de 2026 su política para permitir que procesadores como el Nvidia H200 pudieran exportarse a determinados clientes chinos mediante licencias individuales y controles adicionales. Entre los requisitos figuran la verificación del comprador y una inspección de los procesadores en Estados Unidos antes de su envío.
Nvidia ha declarado ante los reguladores estadounidenses que las ventas realizadas bajo ese programa han sido limitadas. En su último informe trimestral disponible, la compañía afirmó que los envíos de H200 autorizados a China representaban menos del 1% de los ingresos de su división de centros de datos durante el trimestre y que solo había podido utilizar una fracción de las licencias concedidas.
El volumen autorizado, sin embargo, ha provocado nuevas preguntas en Washington. Una investigación del Congreso indicó que el Departamento de Comercio había aprobado hasta mayo solicitudes correspondientes a cerca de 900.000 procesadores avanzados de Nvidia y AMD para compañías chinas, aunque la cifra finalmente entregada sería considerablemente menor. Nvidia sostiene que sus operaciones autorizadas cumplían las restricciones estadounidenses y ha detenido sus envíos de H200 a China.
California examina también qué sabía Nvidia y cuándo
Para Nvidia, la dimensión más delicada de la investigación estatal puede estar en las comunicaciones corporativas. La Fiscalía de California no se limita a comprobar dónde terminaron determinados procesadores, sino que quiere establecer si la empresa proporcionó información falsa o incompleta sobre esos riesgos.
Bonta ha explicado que, si se demostraran infracciones, su oficina podría solicitar órdenes judiciales para impedir nuevas conductas y reclamar la devolución de beneficios obtenidos mediante operaciones ilegales. Dependiendo de las pruebas, el procedimiento podría derivar además en un caso penal con sanciones económicas. El fiscal también ha dejado abierta expresamente la posibilidad de que la investigación determine que Nvidia no vendió chips ilegalmente ni engañó al público.
El frente estatal coincide con un escrutinio federal cada vez mayor. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este domingo que el Gobierno estadounidense está pidiendo explicaciones a Nvidia sobre sus ventas a China y quiere reconstruir la cadena interna de responsabilidades para determinar qué niveles de la organización conocían las operaciones.
Miembros del Senado también han solicitado a diferentes departamentos del Gobierno la conservación de documentos relacionados con exportaciones de Nvidia, licencias y posibles desvíos de chips hacia China. La investigación política y regulatoria amplía así el problema desde la conducta del antiguo consejero delegado hacia los sistemas de cumplimiento, supervisión y gobierno corporativo de la propia compañía.
Un riesgo operativo para una pieza central de la IA
La relevancia del caso supera a Nvidia. Los aceleradores de la compañía sustentan buena parte de los centros de datos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA, y sus plataformas forman parte de las inversiones de los principales proveedores de nube, desarrolladores de modelos y operadores de infraestructura.
Una eventual revisión más estricta de los controles de distribución afectaría también a fabricantes de servidores, proveedores cloud y empresas que alquilan capacidad informática basada en GPU. La trazabilidad del comprador inicial puede dejar de ser suficiente cuando el acceso a los chips se presta remotamente desde centros de datos situados en jurisdicciones intermedias.
Para clientes europeos y españoles, el impacto inmediato no reside tanto en una eventual sanción a Nvidia como en una posible ampliación de los mecanismos de cumplimiento que rodean al hardware de IA. La empresa ya advierte de que las sucesivas modificaciones de los controles estadounidenses pueden alterar sus canales de distribución y generar obligaciones adicionales para clientes y socios incluso fuera de China.
La investigación de California añade ahora el riesgo penal y de protección al inversor a una combinación que ya incluía controles de exportación, seguridad nacional y gobierno corporativo. Mientras Nvidia intenta estabilizar su dirección, las autoridades tratan de determinar hasta dónde llega la responsabilidad de un fabricante cuando sus procesadores atraviesan una cadena internacional de intermediarios. La respuesta puede acabar condicionando cómo se comercializa y supervisa una parte sustancial de la infraestructura física que sostiene el mercado global de inteligencia artificial.
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Editor en La Ecuación Digital. Analista y divulgador tecnológico con más de 30 años de experiencia en el estudio del impacto de la tecnología en la empresa y la economía.
