Estados Unidos elevará desde el 3 de septiembre el coste de buena parte de los drones importados. La proclamación firmada por Donald Trump establece aranceles a drones de hasta el 100% para sistemas considerados especialmente sensibles por razones de seguridad nacional y del 25% para modelos de menor tamaño. El alcance va más allá del aparato terminado: incorpora estaciones de acoplamiento y componentes críticos, con un calendario diferenciado que da a determinados proveedores algunos meses adicionales para reorganizar compras, producción y ensamblaje. La medida sitúa la cadena de suministro de los drones dentro de la política industrial y de seguridad de Washington.
Los aranceles a drones alcanzan equipos y componentes
El nivel más alto, un 100% ad valorem, se aplicará a drones con un peso máximo al despegue superior a 25 kilogramos, a equipos que integren cámaras térmicas, a estaciones de acoplamiento y a determinados componentes incluidos en el anexo de la proclamación. Los drones de hasta 25 kilogramos quedarán, con carácter general, sujetos a un 25%. The Verge destaca que esa segunda categoría alcanza también a modelos de consumo muy pequeños, incluidos aparatos de menos de 250 gramos, lo que amplía el efecto potencial más allá de los usos militares o industriales.
La entrada en vigor principal está fijada para las 00:01, hora de la costa este, del 3 de septiembre de 2026. Para determinados componentes incluidos en un anexo separado, el 25% se retrasará hasta el 9 de febrero de 2027. Washington reconoce así una limitación operativa: la industria estadounidense todavía depende de proveedores extranjeros para motores, controladores electrónicos de velocidad, baterías de ion-litio y estaciones de acoplamiento, entre otros elementos. Aplicar toda la carga de forma inmediata habría elevado el riesgo de interrumpir suministros que el propio Gobierno considera necesarios para ampliar la producción doméstica.
Reuters recoge que la investigación del Departamento de Comercio concluyó que la penetración de importaciones es elevada y que Estados Unidos depende en exceso de fuentes extranjeras. La Casa Blanca añade un argumento de ciberseguridad: determinados sistemas pueden enviar datos al fabricante en otro país mediante software integrado en el sistema operativo del aparato. La proclamación combina, por tanto, capacidad industrial, disponibilidad de componentes y control de datos bajo una misma justificación de seguridad nacional.
China queda en el centro, aunque el texto no la menciona
La proclamación no identifica a China como destinatario exclusivo. Sin embargo, Financial Times sitúa la decisión dentro de la ofensiva de Washington para reducir la dependencia de tecnología china de drones y cerrar vías de entrada de componentes que podían seguir utilizándose en equipos ensamblados en Estados Unidos. Craig Singleton, de la Foundation for Defense of Democracies, anticipa un cambio costoso para empresas, policías y administraciones que tendrán que recurrir con mayor rapidez a proveedores estadounidenses o de países aliados.
Ese movimiento se superpone con las restricciones de la Federal Communications Commission. En diciembre de 2025, la FCC incorporó a su «Covered List» determinados drones y componentes críticos producidos en el extranjero, lo que impide que nuevos equipos cubiertos obtengan la autorización de radiofrecuencia necesaria para su comercialización o importación. Durante 2026 se han creado excepciones temporales para determinados equipos incluidos en programas considerados de confianza y para productos que reciban aprobaciones condicionales.
Los aranceles añaden ahora una barrera económica a ese filtro regulatorio. También responden a una cadena de suministro en movimiento. Financial Times informó el 5 de agosto de que Pekín había endurecido los controles sobre las exportaciones a Estados Unidos de drones, componentes clave y tecnologías relacionadas, con revisiones caso por caso. Para compradores estadounidenses, la combinación de restricciones chinas, controles de la FCC y nuevos derechos aduaneros reduce el margen para mantener los mismos proveedores sin cambios de coste, homologación o disponibilidad.
Washington ha reservado, sin embargo, un trato diferenciado para varios socios. Los productos de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y Liechtenstein podrán quedar sujetos a un tipo total máximo del 15%; para Reino Unido, el techo será del 10%. La condición es relevante: los importadores deberán certificar que prácticamente todos los componentes críticos y la tecnología proceden de Estados Unidos o de los países incluidos en ese grupo. El Departamento de Comercio establecerá el procedimiento para decidir qué productos cumplen el criterio.
Esa arquitectura dificulta una simple sustitución de una etiqueta de origen por otra. Un dron ensamblado en un país aliado con una proporción sustancial de tecnología o componentes procedentes de terceros países puede quedar fuera del tipo reducido. Para fabricantes europeos y asiáticos, el acceso preferente dependerá así de la trazabilidad técnica de motores, sensores, electrónica, software y otros elementos, además del lugar de ensamblaje final.
Fabricar en Estados Unidos abre una vía de exención
La parte de mayor interés industrial está en el programa de «onshoring» que deberá crear el secretario de Comercio. Las empresas podrán presentar planes para construir, ampliar o reacondicionar instalaciones en Estados Unidos y optar a importar productos cubiertos y equipos de producción sin pagar los aranceles de la Sección 232 mientras se ejecuta el proyecto. Los volúmenes beneficiados deberán guardar relación con la producción anual prevista de la planta y la construcción tendrá que comenzar antes del 20 de enero de 2029.
La ventaja está condicionada a hitos, calendarios y compromisos de fabricación. Comercio podrá exigir informes, auditorías y retirar los beneficios si considera que una compañía incumple sustancialmente el plan aprobado. En casos de fraude o información deliberadamente engañosa, la retirada puede tener efectos retroactivos dentro de los límites legales. La proclamación convierte así el arancel en una herramienta negociable a nivel de empresa, vinculada a inversión productiva verificable.
El diseño también distingue estos aranceles de los gravámenes globales que el Tribunal Supremo estadounidense invalidó el 20 de febrero de 2026. Aquella sentencia concluyó que la International Emergency Economic Powers Act no autorizaba al presidente a imponer los aranceles discutidos en el caso. Los nuevos derechos sobre drones se apoyan en la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, una autoridad específica para ajustar importaciones cuando una investigación determina que amenazan con perjudicar la seguridad nacional.
Para fabricantes e integradores, el efecto inmediato será revisar origen, clasificación arancelaria y composición tecnológica de cada plataforma. Para compradores públicos y empresas de agricultura, energía, construcción, telecomunicaciones o servicios de emergencia, la presión aparecerá en precios, plazos de reposición y disponibilidad de modelos equivalentes. La Casa Blanca pretende aumentar la capacidad estadounidense, pero admite al mismo tiempo que esa capacidad todavía es insuficiente. Durante la transición, la ventaja competitiva puede desplazarse hacia proveedores capaces de demostrar cadenas de suministro compatibles con los nuevos criterios o de financiar producción dentro de Estados Unidos.
