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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un «tremendous tax» a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos en el extranjero, una propuesta que introduce una nueva variable política en los planes de expansión internacional de los grandes proveedores de cloud e infraestructura de inteligencia artificial.
Trump lanzó la advertencia el viernes 20 de noviembre durante una comparecencia en la Casa Blanca. «No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país», afirmó, antes de precisar que las compañías podrían hacerlo, pero se enfrentarían a un impuesto de gran magnitud. La propia Casa Blanca recoge la declaración dentro de su defensa de mantener infraestructura considerada crítica en territorio estadounidense.
El alcance práctico de la amenaza sigue, sin embargo, abierto. Trump no anunció un tipo impositivo, una base sobre la que se aplicaría el gravamen, las empresas afectadas ni el instrumento jurídico que utilizaría su Administración. Incluso reconoció durante su intervención que todavía no había trasladado la propuesta a su propio equipo.
La falta de detalles convierte por ahora la iniciativa en una señal política más que en una política fiscal ejecutable. Aun así, afecta a un sector en el que las decisiones de inversión se toman con años de antelación y comprometen miles de millones de euros en terrenos, suministro eléctrico, redes, refrigeración y equipamiento informático.
Washington quiere concentrar la capacidad de IA en EEUU
La amenaza forma parte de una estrategia más amplia de Washington para aumentar la capacidad informática instalada en Estados Unidos. La Administración Trump vincula los centros de datos que soportan los sistemas de IA con la competencia tecnológica frente a China y considera la disponibilidad de capacidad de computación una cuestión económica y estratégica.
«Quien gane la SI, gana», afirmó Trump, empleando la denominación «super intelligence» que su Administración utiliza para referirse a la inteligencia artificial. El presidente comparó además la situación con el desplazamiento durante décadas de la fabricación de semiconductores fuera de Estados Unidos y sostuvo que permitir una evolución similar en los centros de datos debilitaría la posición estadounidense.
El componente chino es especialmente relevante. Washington lleva años limitando el acceso de China a los aceleradores más avanzados utilizados para entrenar modelos de IA. Una de las vías para sortear esas restricciones consiste en utilizar capacidad informática alojada fuera de China, en centros de datos situados en países autorizados a adquirir esos procesadores. Reuters señala que el Gobierno estadounidense también ha intensificado los controles sobre exportaciones de chips hacia algunos países del sudeste asiático para reducir ese riesgo.
La posible fiscalidad sobre instalaciones extranjeras ampliaría esa política desde el control de los semiconductores hasta la localización física de la infraestructura que los utiliza.
Sin embargo, los centros de datos internacionales responden a factores que van más allá del coste de construcción. Los proveedores cloud distribuyen capacidad entre distintas regiones para acercar el procesamiento a sus clientes, reducir la latencia, cumplir requisitos de residencia de datos y ofrecer redundancia frente a fallos. Reuters apunta precisamente a la proximidad con los usuarios y al coste de mover grandes volúmenes de información como algunas de las razones que explican esa distribución geográfica.
Una amenaza que afecta a la expansión global del cloud
Las grandes tecnológicas estadounidenses mantienen redes de infraestructura que abarcan Europa, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Una penalización fiscal ligada a nuevas inversiones internacionales podría modificar el cálculo económico de futuras regiones cloud o instalaciones dedicadas a IA, aunque su efecto dependería completamente del diseño de la medida.
También sería necesario determinar qué significaría jurídicamente «construir» un centro de datos fuera de Estados Unidos. Los proyectos pueden ser propiedad directa de los proveedores tecnológicos, desarrollarse mediante filiales locales, utilizar instalaciones de operadores especializados o apoyarse en contratos de colocación y capacidad.
Esa estrategia se enfrenta a restricciones internas. El rápido crecimiento de la infraestructura de IA está elevando las necesidades de generación eléctrica, conexión a la red y agua en distintos estados, mientras administraciones locales y legisladores discuten cómo repartir los costes asociados. Trump ha defendido que las compañías paguen por las nuevas instalaciones energéticas y mejoras de red necesarias para sus centros de datos.
Limitar las alternativas internacionales podría, por tanto, aumentar la presión sobre un mercado estadounidense que ya debe absorber una expansión acelerada de capacidad informática.
España está recibiendo inversiones de los grandes proveedores estadounidenses
La incertidumbre tiene una lectura directa para Europa, que intenta ampliar su propia capacidad de computación para IA mientras depende en buena medida de empresas y tecnología estadounidenses.
España se ha convertido en uno de los destinos de ese despliegue. AWS mantiene su región cloud en Aragón y el Gobierno autonómico autorizó este año un nuevo plan que eleva la inversión prevista por Amazon Web Services en España hasta 33.700 millones de euros entre 2026 y 2035, con nuevos campus en Huesca, La Puebla de Híjar y Azaila, y San Mateo de Gállego.
Microsoft abrió en 2024 su primera región cloud española en Madrid y anunció inversiones por 2.100 millones de dólares durante 2024 y 2025, además de planes para desarrollar un campus de centros de datos en Aragón destinado a clientes españoles y europeos. La compañía presentó esa infraestructura como parte de su estrategia europea de IA y como una vía para ofrecer residencia local de datos.
Una eventual penalización estadounidense podría obligar a revisar la rentabilidad o la estructura societaria de futuras ampliaciones de estos grupos, pero las declaraciones de Trump no permiten concluir que proyectos existentes vayan a verse afectados. Tampoco se ha indicado si una posible norma distinguiría entre infraestructura cloud convencional, instalaciones dedicadas al entrenamiento de modelos avanzados o capacidad destinada a atender clientes de mercados extranjeros.
Europa intenta ampliar su capacidad propia de computación
La amenaza aparece además cuando la Unión Europea está movilizando recursos para reducir su déficit de infraestructura de IA. La Comisión lanzó en julio una convocatoria para crear hasta siete AI Gigafactories, instalaciones de gran escala destinadas al entrenamiento, ajuste y ejecución de modelos avanzados.
El programa cuenta con hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional y pretende movilizar al menos otros 20.000 millones de inversión privada. Bruselas considera la disponibilidad de capacidad informática dentro de la UE un elemento de competitividad y autonomía tecnológica.
La posición estadounidense introduce así un posible conflicto entre dos objetivos que hasta ahora podían avanzar en paralelo: el interés europeo por atraer más capacidad de computación y el interés de Washington por mantener bajo jurisdicción estadounidense una mayor proporción de la infraestructura que sostiene la IA.
Para los operadores y grandes clientes empresariales, la cuestión inmediata no es todavía un nuevo impuesto, sino la incertidumbre sobre las reglas con las que tendrán que evaluar inversiones que se amortizan durante años. Hasta que la Administración estadounidense concrete si pretende convertir la declaración presidencial en legislación, regulación o medidas fiscales específicas, los proyectos internacionales seguirán teniendo que incorporar un riesgo político adicional a decisiones ya condicionadas por energía, suelo, financiación, disponibilidad de chips y regulación.
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Editor en La Ecuación Digital. Analista y divulgador tecnológico con más de 30 años de experiencia en el estudio del impacto de la tecnología en la empresa y la economía.
