La presión de las grandes tecnológicas sobre la regulación digital europea está entrando en una nueva fase. Microsoft y Google cuestionan que el AI Act pueda seguir el ritmo de unos sistemas de inteligencia artificial que han cambiado sustancialmente desde que se negoció la norma, mientras Google y Apple utilizan recursos judiciales, argumentos de seguridad y retrasos de producto en su relación con el Digital Markets Act (DMA).
Los dos debates afectan a reglamentos distintos, pero exponen un mismo problema para Bruselas: la velocidad a la que puede adaptar y hacer cumplir sus reglas frente a plataformas capaces de modificar tecnología, productos y estrategias comerciales mucho más rápido que el ciclo legislativo europeo.
El caso más reciente está en el AI Act. Microsoft y Google DeepMind han planteado públicamente dudas sobre si la legislación diseñada principalmente durante 2023 continúa cubriendo adecuadamente los riesgos de los modelos más avanzados y, especialmente, de los agentes de IA capaces de ejecutar tareas con un grado creciente de autonomía.
«Una de las cosas que es cierta sobre cualquier ley, sobre cualquier regulación a lo largo del tiempo, es que se escribe, se interpreta y después cambian los hechos y evoluciona la tecnología», declaró el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrevista con POLITICO durante una cumbre internacional de inteligencia artificial celebrada en Dublín.
Demis Hassabis, cofundador y consejero delegado de Google DeepMind, llevó el argumento un paso más allá durante el mismo encuentro. «Si legislas para algo de hace tres años, hoy estaría desactualizado y probablemente ni siquiera abordaría cuáles son los problemas reales», afirmó, aunque sin referirse directamente al reglamento europeo.
El AI Act afronta una tecnología distinta a la de 2023
La paradoja es significativa. Durante buena parte de la tramitación del AI Act, las grandes tecnológicas estadounidenses advirtieron de que Europa podía regular demasiado pronto una industria todavía inmadura. Ahora son algunos de sus principales ejecutivos quienes sostienen que el desarrollo tecnológico ha avanzado lo suficiente como para obligar a reconsiderar el marco existente.
El AI Act entró en vigor en agosto de 2024, aunque su aplicación se ha producido de manera escalonada. Las obligaciones para los proveedores de modelos de propósito general comenzaron a aplicarse en agosto de 2025 y la Comisión dispone desde el 2 de agosto de 2026 de poderes para exigir su cumplimiento, incluidas sanciones. Los modelos considerados de riesgo sistémico están sujetos, entre otras medidas, a evaluación y mitigación de riesgos, notificación de incidentes y requisitos de ciberseguridad.
Bruselas sostiene que precisamente ese diseño permite absorber cambios tecnológicos sin reescribir continuamente la legislación. El reglamento utiliza principalmente un enfoque basado en niveles de riesgo y casos de uso en lugar de intentar enumerar tecnologías concretas.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de tecnología, Henna Virkkunen, considera que el marco está «bien equipado» para abordar los agentes de IA. El comisario de Justicia, Michael McGrath, defendió igualmente en Dublín que la UE dispone por ahora de «un sistema apropiado de regulación», aunque reconoció la necesidad de mantenerlo preparado para futuras evoluciones.
Esa flexibilidad empieza, sin embargo, a ser objeto de discusión entre los propios Estados miembros. Un documento de Hungría al que tuvo acceso POLITICO identifica tres posibles lagunas: el tratamiento de modelos todavía en fase interna de desarrollo, la información de que disponen las autoridades mientras esos sistemas se entrenan y prueban, y la atribución de responsabilidad cuando un agente autónomo provoca daños.
El primer punto resulta especialmente relevante para los desarrolladores de modelos frontera. Buena parte de las obligaciones del AI Act se activa cuando un modelo se introduce en el mercado europeo. Una tecnología que cause un incidente durante pruebas internas puede situarse en una zona regulatoria distinta, precisamente cuando algunas capacidades de mayor riesgo todavía se están evaluando.
La propia arquitectura europea contempla mecanismos de actualización. El código de buenas prácticas para modelos de propósito general puede revisarse periódicamente ante cambios tecnológicos, alteraciones del panorama de riesgos o experiencia acumulada durante la aplicación de las reglas. La Comisión prevé revisarlo al menos cada dos años.
Del debate sobre las reglas al tiempo necesario para aplicarlas
El segundo frente regulatorio muestra una dificultad diferente. El DMA fue concebido para actuar con mayor rapidez que los procedimientos tradicionales de competencia, estableciendo obligaciones previas para las mayores plataformas digitales. Dos años después de comenzar su aplicación efectiva, buena parte de la disputa se ha desplazado hacia la interpretación concreta de esas obligaciones.
Google ha recurrido las decisiones que le afectan y ha solicitado al Tribunal General de la UE que suspenda mientras se resuelve una apelación las medidas que le obligan a compartir determinados datos de búsquedas con competidores. La Comisión estableció en julio las condiciones bajo las que Alphabet debe proporcionar esos datos anonimizados a buscadores elegibles, incluidos determinados servicios de IA con funciones de búsqueda.
La compañía argumenta que compartir información puede plantear riesgos de privacidad y seguridad. La Comisión sostiene que su decisión incorpora precisamente mecanismos de anonimización y permite a Google evaluar posibles riesgos graves de ciberseguridad o protección de datos antes de entregar información a terceros.
El conflicto se extiende a la capacidad de los asistentes de inteligencia artificial para utilizar funciones de los sistemas operativos móviles. En Android, Bruselas ha obligado a Google a proporcionar a servicios de IA rivales acceso equivalente a determinadas capacidades que están disponibles para sus propios productos.
Apple mantiene un choque similar. La compañía retrasó el lanzamiento de Siri AI en iPhone y iPad en la Unión Europea al considerar que las obligaciones de interoperabilidad del DMA podrían obligarla a conceder a otros asistentes acceso a funciones y datos sensibles del dispositivo. Apple ha vinculado explícitamente esa decisión al reglamento y tampoco prevé comercializar inicialmente HomeView, su nueva pantalla doméstica basada en Siri AI, en el mercado comunitario.
Bruselas rechaza esa interpretación. La Comisión sostiene que el DMA no impide introducir Siri AI en Europa y que corresponde a Apple decidir si lanza el producto, siempre que proporcione a terceros acceso equivalente a las funciones relevantes bajo las condiciones establecidas por la legislación.
Recursos, lobby y retrasos cambian el ritmo regulatorio
La dimensión jurídica es solo una parte del enfrentamiento. Un análisis de Rapporteur sobre las estrategias de los gatekeepers describe una combinación de recursos judiciales, presión sobre participantes del mercado y aplazamientos de productos que puede prolongar el tiempo necesario para que las decisiones regulatorias produzcan resultados visibles.
La publicación recoge además que la Comisión reprochó a Google haber tratado de influir en participantes de una consulta relacionada con el acceso a datos de búsqueda. DuckDuckGo, competidor de Google, afirma que más de 60 organizaciones y personas fueron contactadas para oponerse a las propuestas regulatorias y que algunas mantenían vínculos financieros con la compañía.
El margen económico explica la intensidad de la disputa. La obligación de compartir datos de búsqueda afecta a uno de los principales activos competitivos de Google: la información acumulada gracias a una posición que, según la Comisión, ha superado durante décadas el 90% de cuota en las búsquedas europeas. Ese volumen de datos alimenta la mejora de sus sistemas y dificulta que nuevos competidores alcancen una escala comparable.
El resultado para las empresas europeas dependerá cada vez más de la ejecución, además del contenido formal de las normas. El AI Act ya ha entrado en su fase de supervisión y el DMA acumula decisiones vinculantes, investigaciones, multas y recursos. La Comisión sancionó a Google en julio con un total de 890 millones de euros por dos infracciones distintas del DMA relacionadas con la autopreferencia en Search y las restricciones a desarrolladores en Google Play.
Europa entra así en una etapa en la que gran parte de su política tecnológica se decidirá en la interpretación práctica de reglas ya aprobadas. Para proveedores de IA, plataformas, desarrolladores y empresas que dependen de estos ecosistemas, las condiciones de acceso a datos, sistemas operativos y modelos avanzados pueden cambiar tanto por nuevas leyes como por decisiones regulatorias, sentencias y revisiones técnicas de normas existentes.
