La carrera por ampliar los centros de datos está obligando a Europa a resolver dos problemas que hasta ahora podían tratarse por separado. El primero es físico: la inteligencia artificial exige cada vez más electricidad, suelo, conexiones a la red y sistemas de refrigeración. El segundo afecta al control de esa infraestructura: buena parte de la capacidad cloud que utilizan empresas y administraciones europeas continúa en manos de proveedores estadounidenses.
Ambas cuestiones convergen a medida que los gobiernos intentan desplegar más capacidad de computación para IA sin aumentar su dependencia tecnológica ni trasladar un coste desproporcionado a las redes eléctricas y a las comunidades donde se instalan las nuevas infraestructuras.
La Comisión Europea reconoce ya esa doble limitación. Su propuesta de Cloud and AI Development Act (CADA) plantea al menos triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE durante los próximos cinco a siete años, facilitar el acceso a energía, suelo, agua y financiación, y crear al mismo tiempo un marco europeo para evaluar la soberanía de los servicios cloud y de IA.
El objetivo refleja una contradicción difícil de evitar. Europa necesita muchos más recursos informáticos para desplegar IA en empresas y administraciones, pero ampliar esa capacidad significa competir por recursos físicos mientras una gran parte de los servicios que funcionan sobre ella sigue dependiendo de grupos de fuera de la UE.
La IA convierte la capacidad eléctrica en un recurso digital
Los centros de datos han pasado de ser una infraestructura relativamente invisible a ocupar un lugar central en la planificación energética. La Comisión Europea calcula que estas instalaciones consumen alrededor de 415 TWh anuales en todo el mundo, cerca del 1,5% de la electricidad global, y recoge proyecciones que elevan esa cifra hasta unos 945 TWh en 2030. El principal impulsor del incremento será la computación acelerada utilizada para IA.
Ese cambio altera las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. La disponibilidad de fibra y suelo sigue siendo importante, pero el acceso a potencia eléctrica suficiente se ha convertido en uno de los factores determinantes para decidir dónde levantar un centro de datos.
España ofrece un ejemplo de cómo los gobiernos empiezan a vincular el crecimiento de estas instalaciones con obligaciones energéticas más estrictas. El Ejecutivo sometió a consulta en agosto un proyecto de real decreto que exigiría que al menos el 80% de la electricidad utilizada por los centros de datos proceda de nueva generación renovable, con correspondencia horaria entre producción y consumo. También condicionaría a esos requisitos el acceso y conexión a la red.
La propuesta todavía debe completar su tramitación, pero introduce una variable relevante para promotores y grandes compradores de capacidad informática: disponer de capital y terrenos ya no garantiza que un proyecto pueda conectarse en las condiciones y plazos previstos.
La presión regulatoria aparece también en otros mercados europeos. Escocia obliga desde agosto a comunicar al Gobierno las solicitudes para centros de datos que superen los 50 MW y, desde septiembre, exige una evaluación de impacto ambiental para esos proyectos. Las medidas permiten a las autoridades valorar de forma conjunta efectos sobre energía, agua, territorio y otras infraestructuras antes de autorizar instalaciones de gran escala.
La resistencia local observada en Estados Unidos, Australia y otros países anticipa otro componente del problema. Los beneficios económicos de estas inversiones pueden distribuirse entre operadores, proveedores tecnológicos y usuarios de servicios digitales, mientras que parte de los costes asociados al suelo, las redes, el consumo energético o el agua se concentra en lugares concretos. Esa asimetría aumenta el peso de los procedimientos urbanísticos y ambientales sobre los calendarios de inversión.
Más infraestructura europea no equivale a más nube europea
Resolver el problema de capacidad tampoco garantiza una mayor autonomía tecnológica. El mercado europeo de infraestructura cloud sigue concentrado en un pequeño grupo de compañías estadounidenses.
Synergy Research Group situaba en 2025 la cuota conjunta de Amazon Web Services, Microsoft y Google en alrededor del 70% del mercado europeo de servicios de infraestructura cloud. Los proveedores europeos mantenían aproximadamente un 15%, pese a haber multiplicado sus ingresos durante los años anteriores.
La distancia responde en buena medida a las economías de escala. Los grandes hyperscalers pueden repartir inversiones en centros de datos, chips, redes, software e investigación entre millones de clientes y varias regiones. En el segundo trimestre de 2026, el gasto empresarial mundial en infraestructura cloud alcanzó los 143.000 millones de dólares, un 43% más interanual. AWS conservaba un 28% del mercado mundial, frente al 20% de Microsoft y el 15% de Google.
Para las empresas europeas, esa concentración ofrece acceso inmediato a plataformas maduras y a una creciente cartera de modelos y herramientas de IA. También aumenta los costes potenciales de cambiar de proveedor y hace que decisiones tomadas fuera de Europa puedan afectar a aplicaciones y datos críticos.
El debate es especialmente sensible en el sector público. En Reino Unido, la propia Administración reconoce que no dispone de un desglose preciso sobre cuánto uso gubernamental corresponde individualmente a AWS, Microsoft o Google, aunque estima que hasta el 60% de su parque tecnológico se encuentra ya alojado en plataformas cloud, principalmente de esos tres proveedores.
A esta dependencia comercial se suma una cuestión jurisdiccional. El CLOUD Act estadounidense establece que los proveedores sometidos a jurisdicción de Estados Unidos pueden verse obligados a entregar datos bajo su posesión, custodia o control mediante procedimientos legales válidos, con independencia del país en el que estén almacenados físicamente. La norma no supone un acceso automático de las autoridades estadounidenses, pero la localización europea del servidor tampoco elimina por sí sola el alcance de la legislación estadounidense.
La diferencia resulta relevante para administraciones y empresas que manejan información especialmente sensible. El problema de soberanía deja así de reducirse a decidir dónde se encuentra un centro de datos: también importa qué entidad controla el servicio, qué jurisdicciones pueden afectarla y hasta qué punto un cliente puede trasladar sus cargas de trabajo a otra plataforma.
Europa intenta convertir la soberanía en un criterio técnico
La Comisión quiere incorporar esas variables al futuro CADA mediante cuatro niveles de soberanía para servicios cloud e IA. El nivel más básico se centraría en que los datos se procesen y almacenen dentro de la Unión. Los escalones superiores añadirían independencia frente a terceros países, requisitos de propiedad y control europeo y, en el nivel máximo, protección frente a interferencias jurídicas externas y mayor control de la cadena tecnológica.
El planteamiento evita intentar sustituir de forma inmediata a los hyperscalers estadounidenses, una posibilidad poco realista con la estructura actual del mercado. La estrategia europea apunta a reservar requisitos más exigentes para determinados usos críticos mientras mantiene abierto el resto del mercado.
Francia ya está trasladando parte de esa lógica a la práctica. Su plataforma nacional de datos sanitarios eligió en abril a Scaleway como futuro proveedor para migrar su infraestructura hacia un cloud soberano, después de haber diseñado el sistema desde sus inicios con mecanismos que permitieran cambiar de operador.
Para los departamentos de tecnología y compras de las empresas europeas, esta evolución introduce una nueva capa en las decisiones de arquitectura. Precio, rendimiento y disponibilidad seguirán siendo esenciales, pero la reversibilidad, la jurisdicción del proveedor, la portabilidad de datos, el consumo energético y las garantías de continuidad empiezan a formar parte del mismo análisis.
Europa necesita desplegar muchos más centros de datos para sostener la adopción de IA, pero la ubicación de esas máquinas resolverá solo una parte de la ecuación. La cuestión empresarial pasa también por determinar quién controla las capas de cloud y software que funcionan sobre ellas y qué capacidad real conserva cada organización para mover sus sistemas cuando cambian el precio, la regulación, el proveedor o las relaciones entre jurisdicciones.
