Entelgy plantea tres prioridades de gobernanza para elevar el retorno de la inteligencia artificial en las grandes empresas españolas: asignar responsables internos, determinar quién puede detener un sistema y fijar límites éticos y de negocio. La propuesta llega un mes después de que comenzaran a aplicarse nuevas reglas y facultades de supervisión europeas, y parte de una brecha relevante: ocho de cada diez directivos consultados afirman que la IA ya genera retorno económico, pero el 44,5% lo sitúa por debajo del 20% de la inversión y únicamente el 17% declara un ROI superior al 50%.
Las cifras proceden de una encuesta realizada entre el 16 de abril y el 12 de mayo de 2026 a 300 consejeros delegados y directivos de empresas españolas con más de 250 empleados. Todos trabajaban en organizaciones que utilizaban IA o herramientas digitales, una condición que concentra el análisis en compañías ya familiarizadas con estas tecnologías y deja fuera a las que todavía no han iniciado su adopción. Los principales resultados económicos del estudio ya se habían divulgado en junio; la novedad de septiembre reside en la lectura organizativa que la consultora extrae de ellos.
El retorno modesto desplaza la atención hacia la organización
El diagnóstico refleja una adopción con resultados positivos para una mayoría, aunque todavía contenidos para una parte considerable de la muestra. La compra de licencias, el desarrollo de pruebas y la incorporación de herramientas generativas han permitido abrir casos de uso, pero esos avances no garantizan por sí mismos que las iniciativas puedan ampliarse de manera coordinada. La llegada de sistemas capaces de ejecutar acciones y encadenar tareas añade otra capa de complejidad, porque aumenta su intervención en procesos donde las decisiones tienen consecuencias operativas, comerciales o laborales.
Entelgy sitúa la diferencia entre experimentar y capturar valor de forma sostenida en la integración de la tecnología dentro de la organización. Una gobernanza común puede evitar que varios departamentos financien soluciones similares, reducir el tiempo empleado en revisar cada proyecto desde cero y concentrar recursos en usos con mayor impacto. También obliga a trasladar parte de la conversación desde las áreas técnicas hacia el comité de dirección, que tendría que intervenir en la definición de prioridades y límites, además de aprobar presupuestos.
Este planteamiento cambia la unidad de análisis. En lugar de evaluar únicamente el rendimiento técnico de una herramienta, exige determinar qué proceso empresarial modifica, quién controla sus resultados y qué indicador justificará mantenerla, ampliarla o retirarla. Esa conexión resulta especialmente importante cuando el retorno declarado es inferior al desembolso inicial o no puede atribuirse con claridad a un caso de uso concreto.
Responsables identificados y autoridad para suspender sistemas
La primera prioridad consiste en asignar un responsable interno a cada sistema o proceso apoyado en IA. El proveedor mantiene sus obligaciones sobre la tecnología, pero la empresa usuaria responde por la forma en que la incorpora y por las decisiones que adopta a partir de sus resultados. Remitir esa responsabilidad de manera genérica al departamento de informática o a un tercero deja sin resolver quién supervisa el funcionamiento cotidiano, atiende una incidencia y decide los cambios necesarios.
La segunda afecta a la capacidad de suspensión. Disponer de un mecanismo técnico para apagar o aislar un sistema aporta poco si nadie tiene autoridad operativa para activarlo con rapidez. Entelgy propone establecer de antemano protocolos de actuación, condiciones de parada y personas facultadas para intervenir. La medida reduce las escaladas entre departamentos cuando un modelo se desvía de los parámetros previstos o provoca efectos sobre clientes, trabajadores o procesos críticos.
Ambos elementos están vinculados. El responsable de un sistema necesita información para vigilarlo, canales para comunicar incidencias y margen para ordenar su suspensión. Eso implica documentar los criterios de funcionamiento y distribuir funciones entre negocio, tecnología, cumplimiento, seguridad y dirección. Sin ese reparto, una organización puede acumular controles formales mientras mantiene vacíos en la toma de decisiones.
Las líneas rojas también condicionan dónde invertir
La tercera prioridad plantea definir qué decisiones deben conservar supervisión humana y en qué ámbitos la empresa no utilizará automatización, aunque sea técnicamente posible. Esos límites pueden responder al impacto sobre las personas, la confianza de los clientes, la reputación o los principios corporativos. Si la dirección no los fija, los equipos que implantan cada solución terminan resolviendo caso por caso, con el riesgo de aplicar criterios diferentes dentro de la misma compañía.
Para Alfredo Zurdo, Head of Digital Change en Entelgy, contar con reglas previas facilita la extensión ordenada de los proyectos. «Contar con un marco claro para gobernar la IA no significa frenar la innovación. Cuando las responsabilidades, los límites y los criterios de actuación están definidos de antemano, las empresas pueden avanzar con mayor rapidez y seguridad, sin tener que replantear cada iniciativa desde cero. El verdadero riesgo de la tecnología está en utilizarla sin tener claro quién responde de sus decisiones, qué puede hacer y hasta dónde puede llegar.»
Las líneas rojas cumplen además una función económica. Delimitar usos aceptables evita dedicar recursos a proyectos que posteriormente podrían bloquear las áreas jurídicas, de cumplimiento o de negocio. También permite comparar iniciativas bajo criterios compartidos, incorporar los costes de supervisión al cálculo del retorno y priorizar aplicaciones cuya explotación resulte viable más allá de una prueba inicial.
Un calendario regulatorio que avanza por etapas
El Reglamento europeo de IA eleva la relevancia de estas decisiones, aunque sus obligaciones no entran en vigor de manera simultánea. Desde el 2 de agosto de 2026, la Oficina de IA de la Comisión Europea y las autoridades nacionales disponen de facultades para supervisar y hacer cumplir determinadas disposiciones. Sin embargo, el calendario oficial sitúa las obligaciones para los sistemas de alto riesgo del anexo III en diciembre de 2027 y las de sistemas integrados en productos regulados en agosto de 2028.
La aplicación progresiva ofrece tiempo para adaptar procesos, pero no elimina la necesidad de identificar desde ahora los sistemas desplegados, sus responsables y sus mecanismos de control. Esperar a la exigibilidad completa puede obligar a reconstruir inventarios, contratos y circuitos de aprobación cuando la tecnología ya esté integrada en varios departamentos.
Para las empresas, la consecuencia operativa es concreta: la rentabilidad de la IA dependerá cada vez más de combinar el cálculo financiero con un inventario actualizado de sistemas, propietarios definidos, protocolos de suspensión y criterios de uso aprobados por la dirección. Esa estructura permite decidir con mayor rapidez qué proyectos escalar y cuáles detener antes de que las duplicidades, la supervisión tardía o el coste regulatorio consuman el retorno esperado.
