Madrid acogerá los días 17 y 18 de noviembre una nueva edición de IGF Spain 2026 , el encuentro anual del Foro de la Gobernanza de Internet en España, que situará la soberanía tecnológica europea, la inteligencia artificial y la seguridad del entorno digital entre sus principales asuntos de debate.
Las jornadas se celebrarán en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM), con participación presencial y online. El programa reunirá a responsables de las administraciones públicas, empresas tecnológicas, universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, una combinación de perfiles que refleja el modelo multilateral sobre el que se ha articulado tradicionalmente la discusión sobre la gobernanza de Internet.
Bajo el lema «21 años construyendo la gobernanza de Internet», la edición de este año llega en un momento en el que varias cuestiones que durante años permanecieron principalmente en el terreno de la política tecnológica afectan ya de forma directa a decisiones empresariales. La dependencia de proveedores extranjeros, la disponibilidad de infraestructura cloud, el acceso a capacidad de computación para inteligencia artificial o las obligaciones asociadas a nuevas regulaciones condicionan tanto las estrategias públicas como las inversiones privadas.
La soberanía digital entra en las decisiones tecnológicas
La primera jornada, el martes 17 de noviembre, estará dedicada en buena medida a la soberanía digital europea y a las consecuencias de reducir las dependencias tecnológicas del continente.
Los debates abordarán los costes asociados a ese proceso, el papel estratégico de la computación en la nube y la posición de España y del conjunto de Europa en la competencia internacional por desarrollar y desplegar sistemas de inteligencia artificial.
La discusión sobre soberanía tecnológica ha evolucionado desde una cuestión centrada en el control de infraestructuras hacia un debate más amplio sobre capacidad industrial, datos, software, centros de datos y acceso a recursos de computación. Para empresas y administraciones, esa evolución introduce decisiones que no siempre resultan compatibles entre sí: diversificar proveedores puede reducir determinadas dependencias, pero también incrementar costes, dificultar migraciones o limitar el acceso inmediato a algunas de las plataformas tecnológicas más extendidas.
IGF Spain planteará precisamente ese equilibrio entre autonomía, competitividad e innovación. El objetivo de las sesiones será analizar hasta qué punto Europa puede reforzar su capacidad tecnológica propia sin reducir el acceso de empresas y usuarios a soluciones desarrolladas en otros mercados.
La computación en la nube ocupará una posición relevante dentro de esa conversación. Más allá de la residencia de datos, la infraestructura cloud se ha convertido en la base sobre la que operan servicios empresariales, aplicaciones digitales y buena parte de las herramientas de inteligencia artificial generativa. La concentración del mercado y la dependencia de proveedores internacionales han convertido las estrategias de infraestructura en una cuestión con componentes económicos, regulatorios y de seguridad.
La inteligencia artificial amplía el debate sobre gobernanza
El segundo gran eje de IGF Spain 2026 será el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes sobre la sociedad.
El miércoles 18 de noviembre, las sesiones trasladarán el debate hacia cuestiones relacionadas con los procesos democráticos, la desinformación, los contenidos manipulados y la confianza en el ecosistema informativo. La capacidad de generar a gran escala textos, imágenes, audio o vídeo sintéticos ha añadido nuevas variables a un problema que precede a la actual expansión de la IA generativa.
El análisis no se limitará a la creación de contenidos falsos. También se abordará la dificultad creciente para determinar el origen de determinados materiales digitales y las consecuencias que esa incertidumbre puede tener para ciudadanos, medios, plataformas y administraciones públicas.
Para las empresas tecnológicas, esta evolución está ampliando las responsabilidades relacionadas con moderación, identificación de contenidos y gestión del riesgo. Para los medios de comunicación y otras organizaciones que dependen de la confianza de sus usuarios, introduce además nuevas exigencias de verificación y trazabilidad.
La protección de niños y adolescentes en las redes sociales constituirá otro de los asuntos del programa. Las sesiones examinarán las distintas alternativas regulatorias, las obligaciones de las plataformas y el papel que pueden asumir familias y administraciones.
El debate coincide con una etapa en la que las políticas sobre protección de menores están pasando de recomendaciones generales a mecanismos más concretos relacionados con el diseño de servicios, la privacidad, los sistemas de recomendación y la comprobación de edad. Cualquier solución implica, al mismo tiempo, interrogantes sobre proporcionalidad, tratamiento de datos personales y capacidad técnica para aplicarla.
Ciberseguridad e IA, dos ámbitos cada vez más conectados
Otra de las mesas analizará la relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad. La incorporación de modelos de IA a herramientas defensivas permite automatizar determinadas tareas de análisis, detectar anomalías o acelerar la respuesta ante incidentes, pero las mismas capacidades pueden utilizarse para aumentar la escala y sofisticación de determinados ataques.
Ese doble uso está modificando el trabajo de los equipos de seguridad. La adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial obliga a evaluar tanto las ventajas operativas como los riesgos asociados a los propios modelos, sus proveedores y las infraestructuras necesarias para utilizarlos.
Las dependencias tecnológicas vuelven así a aparecer como un elemento transversal del programa. Un sistema de ciberseguridad puede mejorar mediante el uso de nuevas herramientas y, al mismo tiempo, incorporar dependencias adicionales de plataformas, modelos o servicios externos.
IGF Spain reunirá en estas sesiones a responsables de políticas públicas, directivos de empresas tecnológicas, investigadores, docentes universitarios, especialistas en seguridad, profesionales de la comunicación y representantes de asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
Esta composición busca mantener el enfoque multilateral del foro y evitar que cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, la protección de menores o la soberanía digital se analicen únicamente desde una perspectiva institucional o tecnológica.
Los jóvenes entran en la discusión sobre el futuro de Internet
El programa incorporará también un diálogo intergeneracional en el que se presentarán propuestas y reflexiones elaboradas por jóvenes. La iniciativa pretende trasladar esas posiciones a representantes del sector digital y a las asociaciones empresariales DigitalES y Adigital, que respaldan las actividades vinculadas al Foro Joven.
La participación de las nuevas generaciones introduce una perspectiva especialmente relevante en cuestiones como redes sociales, privacidad, inteligencia artificial o identidad digital, ámbitos en los que los usuarios más jóvenes combinan una adopción intensiva de servicios tecnológicos con una exposición elevada a los cambios regulatorios y de diseño de las plataformas.
La edición de 2026 cuenta con el apoyo de Telefónica y Google, además del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la ETSIT-UPM. También colaboran organizaciones del ecosistema digital y de la sociedad civil como Club Abierto de Editores (CLABE), AMETIC, la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, el Club de Innovación y Crue Universidades Españolas.
Más allá de las posiciones que surjan de las distintas mesas, el programa refleja cómo la gobernanza de Internet se está desplazando hacia decisiones cada vez más operativas. Elegir proveedores tecnológicos, gestionar datos, adoptar sistemas de IA o proteger a los usuarios ya implica considerar simultáneamente costes, regulación, seguridad y dependencia tecnológica. Para empresas y administraciones, buena parte de ese debate empieza a materializarse en decisiones de arquitectura, contratación e inversión.
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