La gigafactoría de IA se ha convertido en la pieza industrial que faltaba en el debate europeo sobre inteligencia artificial. España ha entrado en esa carrera con una inversión pública de 719 millones de euros, canalizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para participar en un consorcio público-privado que aspira a alojar una de las grandes infraestructuras europeas de cómputo avanzado. La candidatura será multisede, con Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) como emplazamientos previstos, y llega cuando Europa intenta pasar de la regulación de la IA a la capacidad material para entrenarla, probarla y operarla dentro de su propio marco tecnológico.
La diferencia entre fábrica de IA y gigafactoría de IA
Una fábrica de IA funciona como un ecosistema alrededor de superordenadores optimizados para inteligencia artificial, datos, software, servicios técnicos y equipos especializados. Su utilidad para empresas, universidades y administraciones reside en reducir la barrera de entrada a recursos que, hasta hace poco, estaban al alcance de grandes laboratorios o de compañías con presupuestos muy superiores. En la red europea, estas fábricas ofrecen apoyo a startups, pymes y grupos de investigación para desarrollar modelos, validar casos de uso, acceder a capacidad de cálculo y recibir acompañamiento técnico.
La gigafactoría opera en otra escala. EuroHPC la define como una infraestructura capaz de cubrir el ciclo completo de modelos de IA muy grandes, desde el desarrollo hasta la inferencia a gran escala, con capacidad de cálculo optimizada para IA, almacenamiento de alta capacidad, redes avanzadas, entornos seguros de acceso cloud y servicios de soporte especializados. Entrenar modelos fundacionales, ajustar sistemas generativos para sectores críticos o sostener inferencia masiva exige una combinación de GPU, energía, refrigeración, conectividad y gobernanza del dato que no encaja en la lógica de un centro cloud convencional.
España llega con dos fábricas de IA ya concedidas
La posición española no parte de cero. El Barcelona Supercomputing Center ya figura en la red EuroHPC como sede de una fábrica de IA apoyada sobre el superordenador MareNostrum 5, con servicios previstos para sectores como salud, clima, agricultura, finanzas, energía, comunicaciones, medios y sector público. Esa infraestructura incorpora acceso a recursos HPC optimizados para IA, soporte técnico, datos, software y programas de formación, con un enfoque orientado a que startups y pymes puedan entrar en proyectos que antes dependían de capacidad de cálculo externa.
La segunda pieza está en Santiago de Compostela. La factoría 1HealthAI, ubicada en el Centro de Supercomputación de Galicia, concentra su actividad en salud, ciencias de la vida y el enfoque «One Health», que conecta salud humana, animal y ambiental. Su inversión total asciende a 82 millones de euros, con financiación de EuroHPC, del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia. Su campo de aplicación incluye medicina personalizada, envejecimiento saludable, biotecnología azul, agricultura, bioenergía y desarrollo farmacéutico. Esta especialización ofrece una señal relevante para el mercado: las fábricas de IA no se diseñan solo como infraestructura horizontal, también como nodos sectoriales.
Una candidatura con capital privado mayoritario
La operación de la gigafactoría española añade una dimensión industrial y financiera más compleja. El consorcio que prepara la candidatura cuenta con mayoría accionarial privada. Telefónica, ACS y Banco Santander participan con un 15,67% cada una; Multiverse Computing, con un 4%; la SETT, con un 47,99%; y la Generalitat de Catalunya, con un 1%. La inversión prevista puede alcanzar hasta 5.000 millones de euros, una escala que sitúa el proyecto junto a redes energéticas, semiconductores o centros de datos de nueva generación.
A los 719 millones aprobados para la entrada de la SETT se suma una contribución voluntaria de 300 millones a EuroHPC, autorizada por el Consejo de Ministros, destinada entre otros fines a la adquisición de servicios vinculados a la gigafactoría. La operación tiene una lectura doble. Por un lado, sirve para cumplir condiciones de participación en la futura convocatoria europea. Por otro, compromete demanda pública de capacidad de cómputo, un elemento clave en infraestructuras cuyo retorno depende de la ocupación efectiva, no solo de la construcción.
El cuello de botella europeo está en el cómputo
La Comisión Europea ha situado las AI Factories y las AI Gigafactories dentro de una estrategia más amplia para corregir el déficit europeo de infraestructura de cómputo a gran escala. La red EuroHPC ya suma 19 fábricas de IA y 13 antenas asociadas, mientras la iniciativa InvestAI moviliza 20.000 millones de euros para financiar varias gigafactorías. Bruselas prevé publicar la convocatoria formal durante el verano de 2026, tras una fase de interés que recibió propuestas de distintos Estados miembros y decenas de emplazamientos.
La razón es estructural. El entrenamiento de grandes modelos de IA depende de procesadores especializados, disponibilidad energética, redes de datos de baja latencia y cadenas de suministro de hardware concentradas en pocos proveedores globales. Europa dispone de centros de investigación de alto nivel y de un marco regulatorio avanzado, aunque su capacidad para entrenar y desplegar modelos de frontera sigue condicionada por la disponibilidad de infraestructura propia. La gigafactoría española se inserta en ese escenario: ganar soberanía tecnológica requiere inversión, pero también volumen de uso, talento operativo y acceso a datos de calidad.
Lo que puede cambiar para empresas y centros de investigación
Para una pyme tecnológica española, una fábrica de IA puede significar acceso a herramientas de experimentación, soporte técnico y capacidad de entrenamiento que de otro modo tendría que contratar en mercados internacionales. Para una gran empresa, la gigafactoría abre la posibilidad de desarrollar modelos propios o sectoriales con menor exposición a dependencias externas. En salud, energía, banca, defensa, industria o administración pública, la cuestión no es solo disponer de modelos más potentes. También pesa dónde se procesan los datos, bajo qué reglas se entrenan los sistemas y qué garantías existen sobre seguridad, auditoría y trazabilidad.
Sin embargo, la infraestructura por sí sola no crea un ecosistema. Las empresas necesitarán casos de uso con retorno claro, equipos capaces de trabajar con supercomputación, marcos de intercambio de datos y procedimientos de acceso ágiles. Las universidades y centros de investigación tendrán que convertir la disponibilidad de cómputo en proyectos transferibles, no únicamente en capacidad científica adicional. Y las administraciones deberán equilibrar el impulso industrial con exigencias de consumo energético, disponibilidad de suelo, conexión eléctrica y aceptación territorial.
Una posición de vanguardia con exigencias operativas
España se sitúa en una posición avanzada dentro del mapa europeo porque combina dos fábricas de IA ya integradas en EuroHPC, un supercentro de referencia como el BSC, una candidatura de gigafactoría con sedes en Cataluña y Madrid, y un consorcio capaz de reunir financiación pública, telecomunicaciones, construcción, banca y software cuántico. Pocos países europeos reúnen todos esos elementos al mismo tiempo.
La ventaja, pese a ello, todavía debe traducirse en operación. El valor estratégico de una gigafactoría de IA dependerá de su adjudicación europea, de la ejecución técnica, de la energía disponible, de la interoperabilidad con las fábricas existentes y, sobre todo, de que el tejido productivo la utilice. La carrera no termina en la inversión aprobada. Empieza cuando startups, pymes, universidades y grandes compañías conviertan esa capacidad de cálculo en modelos, productos y servicios que puedan competir fuera del laboratorio.
