El Gobierno de Donald Trump y seis grandes compañías tecnológicas han acordado un esquema voluntario de controles para el desarrollo de inteligencia artificial de frontera. El documento, presentado por el presidente estadounidense como «moralmente vinculante», contempla auditorías externas, supervisión de los consejos de administración y mecanismos internos para detectar comportamientos peligrosos de los modelos, pero no establece obligaciones legales, sanciones ni criterios concretos de cumplimiento.
El acuerdo de IA fue presentado el pasado 29 de septiembre tras una reunión en la Casa Blanca con directivos de algunas de las mayores empresas del sector. Reuters señala entre los firmantes a responsables de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia y X, además del propio Trump. El documento tiene una sola página y plantea cuatro capas de control que las empresas deberían incorporar a sus procesos de desarrollo y despliegue.
Su alcance jurídico es limitado. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, lo definió como una declaración de principios asumida voluntariamente por la industria, mientras Trump sostuvo que las compañías están mostrando una elevada capacidad de «autorregulación». El planteamiento consolida la preferencia de la Administración por dejar una parte sustancial de la gestión del riesgo en manos de los propios desarrolladores, en lugar de establecer por ahora un régimen federal obligatorio para los modelos de frontera.
Cuatro capas de control para los modelos avanzados
La primera exigencia planteada en el documento consiste en establecer controles internos sobre las capacidades y el alineamiento de los modelos durante su entrenamiento y despliegue. El texto menciona de forma expresa ámbitos como ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas, además del riesgo de que un sistema acceda o ataque infraestructuras técnicas de una forma que sus desarrolladores no habían previsto.
Una segunda capa corresponde a equipos internos encargados de comprobar que esos mecanismos de monitorización y detección funcionan correctamente y que las incidencias identificadas son corregidas. El esquema añade después una evaluación independiente: las compañías deberían colaborar con un auditor o evaluador externo que compruebe si los controles operan como está previsto.
El último nivel traslada la supervisión al gobierno corporativo. Las empresas deberían designar un comité independiente dentro de su consejo de administración para recibir informes de los responsables internos y de los auditores externos, seguir las incidencias y comprobar que se adoptan medidas correctoras.
El diseño introduce así procesos reconocibles de control corporativo alrededor de los modelos de frontera, pero deja abiertas cuestiones operativas relevantes. No define qué requisitos debe cumplir un control para considerarse «robusto», qué independencia deberán tener los evaluadores externos, con qué frecuencia tendrán que realizarse las revisiones ni qué ocurre si una empresa incumple los principios suscritos.
Las compañías participantes también se comprometen a reunirse periódicamente para desarrollar estándares y buenas prácticas. El propio texto admite que, con el tiempo, algunas de estas medidas podrían incorporarse a leyes o reglamentos. Hasta entonces, su aplicación dependerá fundamentalmente de los procedimientos que adopte cada firmante.
Washington mantiene la autorregulación como eje
El acuerdo encaja con la política que Trump ha defendido desde su regreso a la Casa Blanca: preservar el crecimiento de la industria estadounidense de IA evitando requisitos federales que la Administración considera capaces de frenar su posición frente a China.
Durante el encuentro con los ejecutivos, el presidente volvió a destacar el papel de la autorregulación y señaló también las competencias que ya tienen organismos como el Departamento de Justicia o el FBI frente a usos ilegales de la tecnología. La Administración había establecido anteriormente mecanismos voluntarios de colaboración con desarrolladores para evaluar capacidades avanzadas en ciberseguridad sin crear un sistema obligatorio de licencias o autorizaciones previas.
Ese modelo convive con posiciones diferentes dentro de la propia industria. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha defendido públicamente mayores salvaguardas para los sistemas más capaces. Tras la reunión afirmó que las reglas destinadas a afrontar esos riesgos seguían discutiéndose y pidió cooperación entre Gobierno y empresas para desarrollar la tecnología de forma segura.
Trump también avanzó que estudia crear un comité de alrededor de diez personas dedicado a la supervisión de la IA y que prevé nombrar un nuevo responsable gubernamental para esta área. Los detalles sobre las competencias, composición y autoridad de esos mecanismos todavía no se han concretado.
«Super Intelligence» entra en el vocabulario oficial
La jornada dejó además una decisión distinta del pacto empresarial. Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a la Administración federal a utilizar «Super Intelligence» y las siglas «SI» en lugar de «Artificial Intelligence» y «AI» en comunicaciones oficiales, páginas web, informes y otros documentos no estatutarios.
El cambio es terminológico por ahora. La propia orden establece que «Super Intelligence» conserva provisionalmente la definición jurídica de inteligencia artificial recogida en la legislación estadounidense y no obliga a modificar contratos, regulaciones o documentos emitidos con anterioridad.
La Casa Blanca sostiene que la nueva expresión refleja mejor las capacidades y oportunidades de los sistemas actuales. Sin embargo, el uso difiere del significado habitual de «superinteligencia» en el sector tecnológico, donde suele describir un escenario hipotético en el que una máquina supera ampliamente las capacidades humanas en numerosos ámbitos.
La orden encarga al asesor presidencial de Ciencia y Tecnología que, en un plazo de 60 días, proponga una definición federal específica y evalúe si debe modificar o sustituir las referencias legales existentes a la inteligencia artificial. Hasta que una posterior acción presidencial o el Congreso cambien esa definición, la modificación afecta esencialmente al lenguaje utilizado por el poder ejecutivo.
Un enfoque diferente al AI Act europeo
Para las empresas que operan a ambos lados del Atlántico, el contraste con la Unión Europea es relevante. Mientras Washington articula buena parte de sus salvaguardas para los modelos avanzados mediante compromisos voluntarios, el AI Act europeo establece obligaciones jurídicas diferenciadas según el tipo de sistema y el nivel de riesgo.
Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea y las autoridades nacionales han comenzado a ejercer competencias de supervisión sobre nuevas partes del reglamento. Entre ellas figuran las obligaciones para proveedores de modelos de propósito general, incluidos requisitos de transparencia, copyright y, para los modelos más avanzados, medidas relacionadas con seguridad y riesgos sistémicos. También se aplican ya determinadas obligaciones de transparencia para chatbots y contenidos generados o manipulados mediante IA.
El calendario europeo continúa siendo progresivo: otras normas para sistemas considerados de alto riesgo entrarán en aplicación posteriormente. Para los proveedores estadounidenses que comercializan modelos o servicios en Europa, por tanto, el acuerdo firmado en Washington no sustituye las obligaciones del AI Act ni modifica su cumplimiento en España y el resto de la UE.
La principal consecuencia empresarial del pacto estadounidense se sitúa por ahora en el terreno de la gobernanza. Auditorías externas, equipos específicos de control y supervisión desde el consejo pueden acabar convirtiéndose en prácticas comunes entre los principales desarrolladores incluso sin una ley federal que las imponga. La cuestión pendiente será hasta qué punto esas prácticas se convierten en estándares verificables y comparables entre compañías, o permanecen sujetas a los criterios internos de cada una.
