El Gobierno quiere impulsar un pacto nacional sobre inteligencia artificial que involucre a los agentes sociales y políticos y abarque desde la regulación y las relaciones laborales hasta la fiscalidad, la soberanía tecnológica o los derechos digitales.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha situado este acuerdo como la base de un «nuevo contrato social» para gestionar los efectos económicos y sociales de una tecnología cuyo impacto, sostiene, dependerá tanto de su desarrollo como de quién controle sus capacidades y de cómo se repartan sus beneficios.
El anuncio llegó durante la clausura del 40.º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, Santander40. Cuerpo explicó que la iniciativa debía haber sido presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le pidió que la trasladara en su lugar. El primer paso llegará «en las próximas semanas», cuando Sánchez promoverá un acuerdo tripartito con los agentes sociales para situar el diálogo social en el centro de la transformación tecnológica.
«Vamos a trabajar desde el Gobierno hacia un nuevo contrato social en el ámbito de la inteligencia artificial, un gran pacto nacional que incluya agentes sociales y políticos», anunció Cuerpo. Ese acuerdo inicial deberá servir, según explicó, como punto de partida para incorporar posteriormente a expertos, sociedad civil y representantes de ámbitos como la empresa, la ciencia, la sanidad, la educación y la industria.
La propuesta amplía así la discusión sobre inteligencia artificial más allá de la política tecnológica. Cuerpo mencionó expresamente como terrenos que deberán formar parte de esa respuesta la regulación, la investigación, las inversiones tecnológicas, la fiscalidad, las relaciones laborales, los derechos y deberes digitales, la protección de los menores, la soberanía sobre las infraestructuras, las capacidades profesionales y la adaptación de las empresas. El discurso no concretó todavía medidas, calendario legislativo ni la arquitectura definitiva del pacto.
Control, reparto de beneficios y tiempo para adaptarse
El planteamiento del vicepresidente parte de tres cuestiones que, a su juicio, determinarán hasta qué punto la expansión de la inteligencia artificial mejora la productividad y el bienestar o profundiza algunos de los riesgos asociados a su adopción. La primera es quién controlará la tecnología. La segunda, quién capturará las ganancias económicas generadas por ella. La tercera, cuánto tiempo tendrán empresas, trabajadores e instituciones para adaptarse a los cambios.
Cuerpo presentó estas decisiones como asuntos de país, aunque reconoció que algunas exceden el ámbito nacional y exigirán respuestas europeas o multilaterales. Su tesis es que el resultado económico y social de la IA dependerá en buena medida de cómo se contesten esas tres cuestiones, no únicamente de hasta dónde avance la capacidad de los modelos o de la velocidad con la que aparezcan nuevas aplicaciones.
Esa aproximación introduce una dimensión distributiva en la política de inteligencia artificial. El Gobierno pretende que España participe en el desarrollo y aprovechamiento de la tecnología, pero también que los beneficios resultantes tengan una distribución que Cuerpo calificó como «justa». El pacto anunciado deberá determinar cómo se traduce ese objetivo en las distintas áreas mencionadas por el vicepresidente.
El mercado laboral ocupa una posición especialmente relevante. Cuerpo dibujó como escenario favorable uno en el que la IA permita complementar el trabajo humano y elevar la productividad sin convertir la automatización en una simple sustitución de trabajadores. Para las empresas, y especialmente para las pymes, vinculó esa mejora de productividad con la posibilidad de ganar tamaño, aumentar el valor añadido, pagar mayores salarios y atraer talento.
La otra posibilidad contempla destrucción de empleo y una reducción de las oportunidades de entrada al mercado laboral para los jóvenes. El vicepresidente incluyó también entre los riesgos una mayor concentración empresarial, con compañías capaces de acumular más poder de mercado, una evolución que podría afectar tanto a consumidores como a pymes y empresas innovadoras.
La soberanía tecnológica entra en el contrato social de la IA
La dimensión económica comparte espacio con un problema de control tecnológico. Entre los escenarios que Cuerpo considera posibles está que los datos y las infraestructuras críticas queden bajo control de actores externos y que España pierda capacidad de decisión en ámbitos digitales y energéticos.
Una de las imágenes utilizadas durante su intervención vinculó directamente ambos elementos: un país podría terminar exportando energía barata «en forma de datos o de bits» si la expansión de las infraestructuras digitales se produce sin generar suficiente valor económico, capacidad tecnológica o control sobre los activos que utilizan esa energía.
La soberanía de las infraestructuras figura por ello entre los ámbitos que el Ejecutivo quiere incorporar al futuro pacto. Su presencia junto a cuestiones como fiscalidad, empleo o formación muestra que el planteamiento presentado por Cuerpo pretende tratar conjuntamente decisiones que hasta ahora suelen repartirse entre políticas industriales, digitales, educativas, laborales y regulatorias.
El vicepresidente también extendió los riesgos a ámbitos alejados de la actividad empresarial inmediata. Mencionó el aumento potencial de la ciberdelincuencia, la desinformación y la manipulación, así como sus efectos sobre la polarización y los sistemas democráticos. En educación señaló el riesgo de una «descarga cognitiva» derivada de delegar parte del aprendizaje en herramientas tecnológicas, mientras que en sanidad planteó problemas asociados a la falta de supervisión en diagnósticos y al control de información sensible.
Frente a ellos, enumeró aplicaciones capaces de reducir costes y mejorar diagnósticos médicos, acelerar ensayos clínicos, personalizar la enseñanza, aumentar la capacidad de anticipar fenómenos climáticos o automatizar tareas para liberar tiempo y elevar la productividad. Su intervención evitó asumir cualquiera de esos escenarios como inevitable: el argumento central fue precisamente que las decisiones políticas, empresariales y sociales condicionarán qué efectos terminan predominando.
Un acuerdo todavía por definir
Por ahora, el anuncio establece la dirección política más que el contenido definitivo. Cuerpo no detalló qué reformas fiscales o laborales podría incluir el pacto, qué nuevas obligaciones digitales contempla el Ejecutivo, cómo se abordará la propiedad o el control de las infraestructuras ni qué mecanismos garantizarían el reparto de las ganancias de productividad.
Sí fijó una primera secuencia. El Gobierno quiere comenzar mediante el acuerdo tripartito que Sánchez promoverá con los agentes sociales en las próximas semanas y ampliar después la participación a otros sectores. El objetivo declarado es preservar la confianza y la seguridad de las personas durante el proceso de adopción tecnológica.
La propuesta convierte así la inteligencia artificial en un asunto que el Ejecutivo pretende abordar mediante negociación social y política, además de mediante regulación e inversión tecnológica. Su alcance dependerá ahora de cómo se concreten conceptos especialmente amplios, desde la distribución de las ganancias de productividad hasta la soberanía de las infraestructuras o los derechos digitales.
Para las empresas, esa definición será especialmente relevante. Si el pacto termina entrando en cuestiones laborales, tributarias, de formación, inversión y gobernanza tecnológica, su desarrollo puede afectar a decisiones que ya están tomando las organizaciones sobre automatización, contratación, infraestructura y adopción de inteligencia artificial. El anuncio de Santander abre ese proceso, pero deja para las próximas semanas la primera concreción de un acuerdo que el Gobierno quiere convertir en la respuesta colectiva a una transformación que ya está modificando el tejido productivo
