La industria tecnológica y el Gobierno han situado la competitividad digital en el centro de la siguiente fase de la transformación tecnológica española. El arranque del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, Santander40, de AMETIC, que se celebra en Santander hasta el 2 de septiembre, ha dejado un diagnóstico compartido sobre una parte del recorrido y diferencias más relevantes en los instrumentos: España ha desplegado conectividad, programas de digitalización e infraestructuras durante los últimos años, pero necesita trasladar esa capacidad a productividad, crecimiento empresarial y mayor autonomía tecnológica.
Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, fijó ese punto de partida desde la apertura. «Para mantener el actual estado de bienestar es necesario que mejoremos en competitividad, una competitividad que tanto Europa como España hemos perdido en las últimas décadas», afirmó.
La reflexión acompaña a la Agenda Digital AMETIC 2026-2032, con la que la asociación pretende ordenar sus prioridades para los próximos años alrededor de tres ejes: competitividad, liderazgo tecnológico y estado de bienestar. El documento reúne 218 medidas elaboradas por las 21 comisiones de trabajo de la organización y llega cuando una parte sustancial de las políticas públicas empieza a desplazarse desde la extensión de la digitalización hacia la adopción de inteligencia artificial, la capacidad de computación, los datos o el crecimiento de las empresas tecnológicas.
AMETIC representa un sector formado por unas 37.000 empresas, con más de 840.000 empleos y una facturación superior a los 146.000 millones de euros. Sobre esa base, la asociación plantea entre sus objetivos que el 75% de las empresas españolas adopte tecnologías cloud, inteligencia artificial y big data, que el 90% de las pymes alcance al menos un nivel básico de madurez digital y que se duplique el número de startups y scaleups de alto crecimiento.
Las cifras dibujan también dónde se concentra una de las principales debilidades que identifica la industria. El acceso a tecnología ha mejorado, pero la distancia entre disponer de herramientas digitales y utilizarlas para ganar productividad sigue siendo especialmente relevante entre las pequeñas y medianas empresas.
Hortigüela vinculó esa brecha con la necesidad de reforzar la inversión pública y privada y de facilitar que las compañías tecnológicas españolas puedan crecer. El planteamiento tiene una dimensión europea: competir en inteligencia artificial, semiconductores, cloud o tecnologías cuánticas requiere niveles de financiación y escalabilidad empresarial que continúan condicionados por la fragmentación del mercado europeo y por la diferencia de inversión frente a Estados Unidos o China.
Para España, donde las pymes concentran aproximadamente dos tercios de la actividad económica y del empleo, la cuestión tiene una consecuencia directa. La mejora de productividad asociada a la digitalización dependerá en gran parte de hasta qué punto esas compañías incorporen el dato, la nube, la ciberseguridad o la IA a sus procesos ordinarios y puedan convertir esa adopción en crecimiento.
AMETIC reclama inversión, escala empresarial y compra pública innovadora
La posición defendida por AMETIC amplía el debate más allá de la adopción tecnológica. La asociación reclama capacidad para financiar empresas en sus fases de crecimiento, un marco regulatorio que facilite la inversión y un sector público que utilice su poder de compra para generar demanda de tecnología e innovación desarrolladas en España.
Ese último elemento adquiere peso en un mercado en el que buena parte de las tecnologías estratégicas dependen de proveedores internacionales. Para la patronal tecnológica, aumentar la autonomía europea pasa por disponer de empresas capaces de desarrollar propiedad intelectual, acceder a contratos relevantes y alcanzar un tamaño que les permita competir fuera del mercado nacional.
La cuestión regulatoria apareció también durante la jornada en la intervención del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que calificó la «hiperregulación» como uno de los principales obstáculos para la inversión y la innovación en el sector digital y defendió que las administraciones acompañen a las empresas en ese proceso.
El Gobierno comparte parte del diagnóstico sobre competitividad, aunque su respuesta se articula mediante una combinación de ayudas, infraestructuras y política industrial. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, utilizó la apertura de Santander40 para concretar uno de esos instrumentos: la próxima resolución de las convocatorias RedIA y RedIA Salud.
En conjunto movilizarán 180 millones de euros para 372 proyectos de inteligencia artificial.
La mayor parte corresponde a RedIA. La convocatoria, dotada con 130 millones de euros, recibió más de 1.000 proyectos y finalmente financiará 300. López aseguró que siete de cada diez estarán impulsados por pymes innovadoras y que las ayudas se situarán entre 400.000 y cinco millones de euros.
RedIA Salud añadirá otros 50 millones para 72 proyectos destinados a la aplicación de inteligencia artificial en diferentes ámbitos sanitarios.
El reparto refleja una orientación más específica de las ayudas después de varios ejercicios en los que el Plan de Recuperación ha financiado programas horizontales de conectividad, digitalización empresarial y modernización de las administraciones. La IA pasa ahora a ocupar una posición más cercana a la política industrial, con recursos destinados a proyectos empresariales concretos y a sectores en los que el Ejecutivo espera desarrollar capacidad propia.
López defendió el balance de los últimos años como «una historia de éxito compartida entre administraciones y sector privado» y recordó que aproximadamente uno de cada tres euros de los fondos europeos de recuperación se ha dedicado a la digitalización. También situó la economía digital en torno al 27% del PIB español.
Ese avance, sin embargo, no resuelve automáticamente el problema planteado por AMETIC. El propio ministro introdujo el límite al relacionar tecnología y productividad.
«La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva, cambia cuando esa tecnología es útil, se democratiza y llega a todos, también a las pymes y no solo a las grandes empresas», afirmó.
La observación desplaza el indicador relevante. Después de años en los que el volumen de fondos movilizados, la extensión de las redes o el número de beneficiarios permitían medir el avance de las políticas digitales, la siguiente fase obliga a observar cuánto de esa inversión modifica procesos empresariales, reduce costes, crea productos o permite a las compañías aumentar su tamaño.
La política de IA se desplaza hacia la capacidad de computación
La intervención de López mostró además otro cambio de escala. El desarrollo de inteligencia artificial se está incorporando a una cadena industrial que incluye desde materias primas y semiconductores hasta centros de datos, energía, modelos, aplicaciones y talento.
El ministro presentó en Santander el Atlas de la Inteligencia Artificial, llevado la semana anterior al Consejo de Ministros, con el que el Ejecutivo ha analizado esa cadena de valor y las capacidades disponibles en España.
La Estrategia de Inteligencia Artificial, iniciada en 2020 y reforzada en 2024, ha movilizado 1.500 millones de euros. Dentro de ese despliegue, López citó cerca de 60 cátedras universitarias relacionadas con IA, ciberseguridad y semiconductores, la contratación de 334 investigadores avanzados y proyectos como ALIA, la familia de modelos de lenguaje abiertos promovida desde el sector público.
La infraestructura física empieza ahora a adquirir un peso comparable al del desarrollo de modelos y aplicaciones. La demanda de potencia de cálculo asociada a la IA ha convertido los centros de datos, el acceso a energía y la capacidad de computación en componentes de política económica, energética y tecnológica.
El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto que establecerá requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los futuros centros de datos en España.
«Queremos más capacidad, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos», sostuvo López.
El Ejecutivo pretende establecer esas condiciones mientras continúa creciendo el interés inversor por desplegar centros de procesamiento de datos en España. El consumo eléctrico y de agua, la disponibilidad de suelo, el acceso a la red y el impacto territorial están obligando a distintos países a revisar las condiciones bajo las que autorizan estas infraestructuras.
López descartó que el planteamiento español persiga frenar su desarrollo y defendió una regulación anticipada frente a la adopción posterior de restricciones. La discusión afecta directamente a la capacidad española para atraer inversiones intensivas en energía sin trasladar sus costes al sistema eléctrico o entrar en competencia con otras actividades por recursos limitados.
A esa estrategia se suma la candidatura española para albergar una de las primeras gigafactorías europeas de inteligencia artificial, instalaciones concebidas para multiplicar la capacidad de entrenamiento y operación de modelos avanzados.
El ministro se mostró «absolutamente convencido» de que España albergará una de las tres primeras y situó por encima de 4.000 millones de euros la inversión que movilizaría el proyecto. Se trata, por ahora, de una expectativa del Gobierno sujeta al proceso europeo de selección, pero su dimensión permite entender por qué la capacidad de computación ha pasado a formar parte de la agenda industrial.
La soberanía tecnológica se juega también en la adopción
María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, enmarcó esa infraestructura dentro de una concepción más amplia de la IA. Durante su intervención en Santander la definió como una «infraestructura de país», una categoría que hasta hace pocos años se reservaba principalmente a redes de telecomunicaciones, transporte o energía.
El cambio tiene consecuencias sobre la política pública. La disponibilidad de servicios comerciales de inteligencia artificial no garantiza que un país disponga de capacidad propia para entrenar modelos, gestionar datos estratégicos, desarrollar tecnología o mantener alternativas cuando cambia la oferta de proveedores internacionales.
La soberanía tecnológica a la que se refirió González Veracruz se plantea desde esa capacidad de decisión, no desde el aislamiento de los mercados internacionales. Computación, datos, talento, empresas y propiedad intelectual forman parte de un mismo problema cuando el acceso a determinadas capas de la tecnología se concentra en un reducido número de compañías y países.
España está intentando construir una parte de esa capacidad mediante las fábricas europeas de IA, la candidatura a la gigafactoría, los recursos de supercomputación y los programas destinados a generar actividad empresarial alrededor de esas infraestructuras.
Pero la secretaria de Estado introdujo también una condición para evaluar esas inversiones: su utilización efectiva.
«Es una infraestructura que no solo hay que medir por su potencia, su capacidad, sino sobre todo por cómo conseguimos que se incorpore, que se adopte», explicó.
El criterio conecta con el diagnóstico empresarial planteado al comienzo de Santander40. Una infraestructura de computación puede mejorar la autonomía tecnológica y facilitar investigación o entrenamiento de modelos, pero su impacto económico dependerá del acceso que encuentren empresas, universidades y administraciones y de la actividad productiva que se genere a su alrededor.
La misma lógica afecta a las inversiones realizadas durante el Plan de Recuperación. Con el final de ese ciclo extraordinario de financiación cada vez más próximo, la continuidad de las políticas digitales tendrá que convivir con menores disponibilidades de fondos europeos y con una mayor exigencia sobre los resultados obtenidos.
Red.es afronta el paso de movilizar fondos a consolidar capacidades
Jesús Herrero, director general de Red.es, situó precisamente ahí una de las cuestiones pendientes. La entidad ha movilizado más de 3.600 millones de euros vinculados al Plan de Recuperación y más de 6.000 millones desde su creación, con programas que han ampliado considerablemente la escala tradicional de las ayudas públicas a la digitalización.
Kit Digital es el ejemplo más visible. Su despliegue ha requerido llegar a cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos y ha obligado a Red.es a modificar procedimientos internos para gestionar un volumen de expedientes difícilmente compatible con los mecanismos administrativos utilizados en programas de menor alcance.
«Hay una historia que rara vez se cuenta. Hablamos de los fondos, hablamos de los millones, hablamos de las ayudas, pero no hablamos de lo que tenemos que cambiar para que eso sea posible», señaló Herrero.
La observación introduce una dimensión operativa que condicionará la siguiente etapa. Mantener políticas públicas de digitalización, ciberseguridad, economía del dato o apoyo a empresas innovadoras exige capacidad administrativa para diseñarlas, ejecutarlas y medir su impacto, incluso cuando desaparezca la excepcionalidad financiera del Plan de Recuperación.
Para las empresas, el cambio también modifica el marco de decisión. Los incentivos públicos pueden acelerar determinadas inversiones, pero la incorporación estable de IA, cloud o herramientas de datos dependerá cada vez más de que exista un retorno económico identificable y de que la organización pueda adaptar procesos, formación y modelos de negocio.
Cuatro décadas después del primer encuentro de AMETIC en Santander, la agenda tecnológica española llega así a una fase distinta de la que marcó buena parte de los últimos años. La extensión de conectividad y los programas de digitalización continúan siendo necesarios, especialmente entre las empresas de menor tamaño, pero comparten espacio con decisiones sobre capacidad de computación, crecimiento empresarial, regulación, financiación y autonomía tecnológica.
AMETIC concentra su propuesta para 2026-2032 en lograr que la inversión tecnológica termine aumentando la competitividad del tejido productivo. El Gobierno está trasladando esa prioridad a programas de IA e infraestructuras que requieren inversiones cada vez mayores y una coordinación creciente con la política energética e industrial.
El resultado de esa transición será medible en variables menos inmediatas que el número de ayudas concedidas: empresas que aumenten de tamaño, pymes capaces de elevar productividad mediante tecnología, proyectos de investigación que generen actividad industrial, capacidad de computación disponible para el ecosistema español y capital suficiente para que las compañías tecnológicas puedan crecer desde España.
