Donald Trump ha colocado al frente de la política de inteligencia artificial de Estados Unidos al responsable de coordinar sus servicios de inteligencia. El presidente estadounidense ha nombrado al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, nuevo zar de inteligencia artificial y responsable de la denominada Super Intelligence Force, una estructura que dependerá directamente de la Casa Blanca.
Clayton mantendrá simultáneamente su puesto al frente de la comunidad de inteligencia estadounidense. La decisión acerca así la política sobre inteligencia artificial a las prioridades de seguridad nacional, defensa y competencia tecnológica con China, en un momento en el que Washington trata de mantener un marco relativamente flexible para el desarrollo comercial de estos sistemas.
La nueva organización estará encabezada también por el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor. El equipo reportará directamente a Trump y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
Su mandato irá más allá de la coordinación entre agencias. Trump ha señalado que la fuerza deberá organizar la relación del Gobierno federal con consumidores, organizaciones de interés público, entidades religiosas, operadores de infraestructuras críticas y compañías dedicadas al desarrollo de sistemas avanzados.
La inteligencia entra en el centro de la política de IA
La elección de Clayton incorpora a la dirección de la política tecnológica estadounidense a un funcionario con capacidad de acceso y coordinación sobre el aparato de inteligencia del país. Como director de Inteligencia Nacional, actúa como principal asesor presidencial en esta materia y coordina el trabajo de las distintas agencias que forman la comunidad de inteligencia.
Durante su proceso de confirmación, Clayton describió la inteligencia artificial como un «gamechanger», pero también como «a threat», y defendió la necesidad de abordar simultáneamente ambos aspectos. Ya en septiembre rechazó la posibilidad de frenar de forma generalizada el desarrollo de modelos más potentes, argumentando que una retirada estadounidense abriría espacio para que otros países, especialmente China, ganasen posiciones.
Esa combinación encaja con la línea que la Administración Trump ha seguido durante 2026. Una orden ejecutiva de junio estableció como objetivos paralelos acelerar la innovación estadounidense y reforzar la protección de sistemas gubernamentales e infraestructuras críticas frente a amenazas relacionadas con la IA. El texto defendía expresamente evitar una regulación que la Casa Blanca considera excesivamente gravosa, al tiempo que reconocía nuevas implicaciones para la seguridad nacional.
Para compañías que desarrollan modelos, servicios de ciberseguridad o tecnología para Defensa, la composición de la nueva fuerza resulta especialmente significativa. Defensa tendrá representación directa a través de Michael, mientras Ferguson incorpora las competencias de la FTC sobre competencia y protección de los consumidores. Kupor añade la dimensión de empleo público y transformación de la Administración.
Clayton aporta además un perfil financiero poco habitual para este tipo de puesto. Fue presidente de la Securities and Exchange Commission durante el primer mandato de Trump, lo que le proporciona experiencia en regulación de mercados y relaciones con Wall Street. La combinación de inteligencia, defensa, competencia y finanzas amplía así el alcance de una política de IA que hasta ahora había estado distribuida entre diferentes estructuras de la Administración.
De «inteligencia artificial» a «superinteligencia»
La creación de la fuerza llega pocos días después de que Trump ordenase a las agencias federales comenzar a utilizar oficialmente los términos «Super Intelligence» y «SI» en sustitución de «Artificial Intelligence» y «AI» en documentos y comunicaciones no sujetos a definiciones legales previas.
La orden ejecutiva del 29 de septiembre mantiene provisionalmente para «Super Intelligence» la misma definición jurídica de inteligencia artificial existente en la legislación federal. También encarga a la Casa Blanca presentar en un plazo de 60 días una propuesta para decidir si esa definición debe modificarse o ampliarse mediante legislación.
El cambio de terminología tiene por ahora más efectos administrativos que tecnológicos. No establece una nueva categoría técnica de sistemas ni diferencia, por ejemplo, entre modelos actuales y una hipotética inteligencia artificial superior a las capacidades humanas. Sí anticipa una posible revisión del lenguaje utilizado por el Gobierno estadounidense para legislar y contratar tecnología.
La Casa Blanca ha empezado además a combinar su política de aceleración del sector con mecanismos voluntarios de seguridad. Trump reunió a finales de septiembre a responsables de varias compañías tecnológicas para suscribir un acuerdo sobre sistemas avanzados, con compromisos de supervisión interna y externa.
Ese enfoque mantiene una distancia considerable respecto al modelo regulatorio europeo. Mientras Washington concentra parte de la supervisión en acuerdos voluntarios, órdenes ejecutivas y coordinación entre agencias, la Unión Europea ha entrado ya en la fase de aplicación efectiva del AI Act.
Dos marcos regulatorios cada vez más diferentes
Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea y las autoridades nacionales disponen de competencias para hacer cumplir una parte relevante del AI Act. Ese mismo día comenzaron a aplicarse, entre otras medidas, las obligaciones de transparencia para determinados sistemas y el régimen de supervisión de los proveedores de modelos de propósito general.
Los proveedores de estos modelos deben cumplir requisitos relacionados con transparencia, información para desarrolladores que construyan productos sobre ellos y derechos de autor. Los modelos considerados de riesgo sistémico están sometidos además a obligaciones relacionadas con evaluación, mitigación de riesgos y seguridad. Desde agosto, la Comisión puede utilizar sus poderes de ejecución, incluidas las sanciones previstas por el reglamento.
Para empresas estadounidenses con actividad en Europa, el nombramiento de Clayton no modifica esas obligaciones. Los modelos y servicios comercializados en el mercado comunitario continúan sujetos al marco europeo independientemente del enfoque regulatorio que adopte Washington.
La diferencia puede adquirir más importancia a medida que los sistemas avanzados entren en sectores sensibles. Europa ha estructurado su normativa alrededor de categorías de riesgo y obligaciones legales concretas, mientras la Administración Trump está dando mayor peso a la seguridad nacional, la competencia geopolítica y la capacidad industrial estadounidense.
El AI Act tampoco permanece estático. Tras los cambios acordados en 2026, las normas para determinados sistemas considerados de alto riesgo, incluidos usos en biometría, infraestructuras críticas, educación, empleo o migración, comenzarán a aplicarse en diciembre de 2027. Las integradas en productos regulados tendrán un periodo adicional hasta agosto de 2028.
La llegada de Clayton amplía así el número de centros de decisión que las multinacionales tecnológicas deberán seguir a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, las decisiones sobre modelos avanzados estarán cada vez más conectadas con inteligencia, defensa, ciberseguridad y competencia estratégica. En la UE, la comercialización y utilización de esos mismos sistemas dependerá de requisitos jurídicos cuya aplicación ya ha comenzado.
Para proveedores europeos y estadounidenses, esa divergencia puede traducirse en arquitecturas distintas de cumplimiento, seguridad y documentación para un mismo producto. La política de Washington determinará en buena medida las condiciones en las que las compañías estadounidenses pueden desarrollar y desplegar tecnología; el AI Act seguirá fijando qué requisitos tendrán que cumplir cuando esa tecnología llegue al mercado europeo.
