Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, ha sido elegida para formar parte de la nueva Junta Ejecutiva de DIGITALEUROPE, la principal patronal de la industria tecnológica y digital en Europa. El movimiento amplía la presencia institucional de la asociación en Bruselas en un momento en el que la agenda comunitaria empieza a desplazarse desde la negociación de grandes marcos normativos hacia su aplicación práctica, con el consiguiente impacto para empresas que operan en inteligencia artificial, ciberseguridad, datos y comercio digital.
El nombramiento se suma a la participación de Adigital en el Comité Asesor de Políticas de DIGITALEUROPE (Executive Committee for Policy Advisory, EPAC), cargo que ostenta desde el año pasado, y a su presencia en los consejos de administración de Ecommerce Europe y FEDMA. En conjunto, dibuja una estrategia de representación que busca situar con más continuidad la voz del ecosistema digital español en los espacios donde se priorizan posiciones sectoriales y se trasladan a las instituciones europeas.
La entrada en la Junta Ejecutiva llega, además, en el ecuador del mandato 2024-2029 de la Comisión Europea. Ese punto intermedio suele coincidir con un cambio de fase: muchas iniciativas legislativas ya aprobadas o encarriladas pasan a la etapa de implementación, y el debate se desplaza hacia guías, estándares, supervisión y, en la práctica, costes de cumplimiento. En paralelo, el discurso político comunitario ha ido incorporando con más fuerza la competitividad, la innovación y la simplificación regulatoria como ejes de trabajo, un marco que condiciona tanto el ritmo de nuevas propuestas como la forma en que se aplican las existentes.
Para César Tello, director general de Adigital, el asiento en la Junta Ejecutiva supone «un reconocimiento al papel que desempeña el ecosistema digital español en la transformación tecnológica de Europa» y, al mismo tiempo, un compromiso para “trasladar la voz de nuestras empresas» y contribuir a una agenda que impulse «la competitividad, la innovación y el crecimiento» con España como «hub digital de Europa». La formulación es significativa porque conecta representación empresarial con posicionamiento país, algo habitual en Bruselas cuando las asociaciones nacionales intentan alinear prioridades sectoriales con objetivos de política industrial.
Desde DIGITALEUROPE, su directora general, Cecilia Bonefeld-Dahl, enmarcó la elección en un contexto de competencia interna por los puestos disponibles. «El gran interés por formar parte de nuestro Consejo Ejecutivo, con más candidatos que puestos disponibles, refleja la creciente importancia de DIGITALEUROPE como voz de las industrias europeas en proceso de transformación digital», afirmó. En su declaración, puso el foco en tres frentes que suelen aparecer en las conversaciones entre industria y reguladores: reducir carga normativa en inteligencia artificial, ciberseguridad y datos; incorporar «las demandas reales del sector» al debate del próximo presupuesto de la UE; y perseguir la soberanía digital «no a través de la sobrerregulación y el proteccionismo», sino reforzando la capacidad competitiva de las empresas.
Ese énfasis en la «carga normativa» apunta a una tensión que atraviesa buena parte de la política digital europea. Por un lado, la UE ha construido en los últimos años un conjunto amplio de reglas para ordenar mercados digitales, proteger derechos y elevar estándares de seguridad. Por otro, el sector insiste en que la acumulación de obligaciones, calendarios y requisitos técnicos puede penalizar la velocidad de despliegue y la inversión, especialmente cuando la implementación se traduce en auditorías, documentación, reporting o adaptación de procesos. La discusión ya no se limita a si debe regularse, sino a cómo se hace operativo sin generar fricción excesiva, y a qué ritmo.
La nueva Junta Ejecutiva de DIGITALEUROPE está compuesta por 20 representantes, con un reparto equilibrado: 10 proceden de empresas afiliadas y 10 de asociaciones sectoriales nacionales (NTA). Ese diseño busca, según la propia organización, combinar la visión de grandes actores corporativos con la de entidades que agregan intereses de ecosistemas nacionales. En la práctica, el equilibrio importa porque las prioridades no siempre coinciden: las empresas pueden presionar por claridad y armonización para operar a escala europea, mientras que las asociaciones nacionales suelen trasladar también preocupaciones sobre capacidad de cumplimiento, madurez del tejido empresarial o asimetrías entre países.
Entre los retos inmediatos que la Junta Ejecutiva identifica figuran el desarrollo de un marco regulatorio «equilibrado» para inteligencia artificial, ciberseguridad y datos; el impulso de la competitividad tecnológica europea frente a otras economías; el fortalecimiento de una soberanía digital basada en capacidad empresarial; y la orientación del próximo presupuesto comunitario hacia necesidades del sector tecnológico. Son prioridades amplias, pero con implicaciones concretas: en IA, el debate suele aterrizar en obligaciones de evaluación y control, en cómo se interpretan los requisitos y en la disponibilidad de herramientas y estándares para cumplirlos; en ciberseguridad, en la coordinación entre exigencias sectoriales y horizontales; y en datos, en condiciones de acceso, compartición y gobernanza.
La referencia al presupuesto comunitario introduce otro elemento de fondo. En Bruselas, la discusión presupuestaria no se limita a partidas, también define qué capacidades se financian, qué infraestructuras se priorizan y qué programas se orientan a despliegue industrial. Para el sector tecnológico, la cuestión suele ser doble: si el presupuesto acompaña la ambición regulatoria con recursos para implementación y adopción, y si se dirige a reforzar capacidades empresariales, desde talento hasta escalado de soluciones. En ese terreno, las patronales actúan como canal para traducir necesidades operativas en mensajes políticos, aunque el encaje final dependa de equilibrios entre Estados miembros y familias políticas.
En este marco, la presencia de Adigital en EPAC y ahora en la Junta Ejecutiva amplía su capacidad de influencia en dos planos distintos. EPAC, descrito como el órgano encargado de definir prioridades regulatorias y estratégicas, opera como espacio donde se ordenan posiciones antes de elevarlas a interlocución institucional. La Junta Ejecutiva, por su parte, añade una capa de dirección y representación, con capacidad para fijar énfasis y ritmos. La combinación permite a una asociación nacional no solo reaccionar a propuestas, sino participar en la construcción de agenda, algo especialmente relevante cuando la fase dominante es la implementación y los detalles técnicos adquieren peso político.
Adigital subraya que esta incorporación se suma a su «presencia permanente» en Bruselas y a su participación en órganos europeos como FEDMA y Ecommerce Europe. Ese entramado de foros no es menor: en el ecosistema comunitario, la influencia suele depender tanto de la calidad de los argumentos como de la continuidad en la interlocución, la capacidad de aportar evidencia y la coordinación entre sectores. Estar en varios espacios permite seguir expedientes desde ángulos distintos, por ejemplo, comercio digital y marketing directo, y detectar fricciones entre marcos regulatorios que, sobre el papel, se diseñan por separado.
La incógnita, a partir de ahora, es cómo se traducirá esta presencia reforzada en posiciones concretas en expedientes donde el margen de interpretación será determinante. La implementación de marcos en IA, ciberseguridad y datos suele jugarse en detalles, desde criterios de evaluación hasta cargas documentales y coordinación supervisora. Con Adigital en la Junta Ejecutiva de DIGITALEUROPE, el ecosistema español gana un canal más directo para intervenir en esa conversación, aunque el resultado dependerá, como casi siempre en Bruselas, de la capacidad de alinear intereses diversos y de convertirlos en propuestas operativas que las instituciones puedan asumir.
