Cellnex y Telefónica ampliarán hasta un máximo de 3.800 emplazamientos de telecomunicaciones en España su acuerdo para reforzar el suministro eléctrico de la red. El segundo despliegue, anunciado recientemente y previsto hasta junio de 2027, garantizará al menos dos horas de autonomía energética en cada ubicación cubierta. La iniciativa llega tras completar una primera fase en más de 2.000 emplazamientos y mientras el Gobierno tramita una regulación específica sobre seguridad y resiliencia de las comunicaciones electrónicas.
La ampliación eleva la autonomía ante cortes eléctricos a la categoría de inversión prioritaria para la continuidad de la conectividad. Las estaciones de acceso móvil dependen de alimentación eléctrica para mantener activos sus equipos, por lo que el respaldo mediante baterías reduce el riesgo de interrupción durante una incidencia, da margen para recuperar el suministro o movilizar recursos y protege servicios empresariales y públicos que funcionan sobre esas redes.
Una segunda fase con horizonte en junio de 2027
El proyecto extiende el acuerdo presentado en enero de 2026, que contemplaba la instalación de baterías en más de 2.000 ubicaciones y que las empresas dan ya por finalizado. Al término de la segunda fase, todos los emplazamientos incluidos dentro del perímetro de hasta 3.800 unidades deberán disponer de un mínimo de dos horas de respaldo.
El dato supone una ampliación de hasta 1.800 ubicaciones respecto a la cobertura inicial, aunque las compañías no detallan la capacidad total de almacenamiento que instalarán, la inversión asociada ni el reparto territorial. Tampoco precisan si todos los emplazamientos necesitarán equipos nuevos o si parte del trabajo consistirá en ampliar, sustituir o adaptar sistemas existentes. Estas variables condicionan el coste operativo y la complejidad del despliegue, especialmente en instalaciones con diferentes consumos, configuraciones y condiciones de acceso.
Para Telefónica, el objetivo es reducir la exposición de su red móvil a fallos de alimentación. Cellnex asume un papel industrial ligado a la instalación y operación de la infraestructura de respaldo en sus emplazamientos. Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, vincula el acuerdo con la continuidad de los servicios: «Seguimos trabajando para que la red de Telefónica marque la diferencia. Tras completar la primera fase en tiempo récord, ampliamos el despliegue hasta 3.800 emplazamientos y nos anticipamos al futuro marco regulatorio, reforzando la calidad y la continuidad de nuestros servicios de resiliencia, con un plan pionero para contar con una red aún más robusta. Es un paso más en nuestro compromiso de liderar la conectividad en España y de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales».
La regulación aún permanece en tramitación
El calendario empresarial discurre en paralelo al proyecto de Real Decreto sobre Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. El Ministerio para la Transformación Digital sometió el texto a audiencia pública, cuyo plazo de alegaciones terminó el 16 de enero de 2026. A 23 de julio, el texto oficial disponible continúa identificado como proyecto, de modo que sus disposiciones no deben interpretarse como obligaciones específicas ya vigentes.
Cellnex y Telefónica atribuyen a la propuesta un futuro requisito de cuatro horas de autonomía en los emplazamientos de acceso radioeléctrico que cubran hasta el 75% de la población, con una implantación escalonada durante tres años sobre coberturas del 50%, 65% y 75%. Sin embargo, el proyecto publicado en el portal ministerial no recoge expresamente esos umbrales, que podrían proceder de una versión o desarrollo técnico posterior.
La afirmación de que el acuerdo rebasa la futura exigencia requiere además distinguir alcance y duración. El plan empresarial declara dos horas de autonomía en el 100% de los emplazamientos incluidos, mientras que el umbral citado por las compañías plantea cuatro horas en ubicaciones que cubrirían hasta el 75% de la población. El despliegue ofrece una extensión mayor dentro de su perímetro, pero la mitad de tiempo de respaldo por ubicación frente a esa referencia.
El marco jurídico tampoco parte de cero. El artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones ya obliga a gestionar los riesgos de seguridad y preservar la integridad de las redes para garantizar la continuidad de los servicios. El futuro real decreto concretaría ese terreno con medidas y criterios más detallados para unas infraestructuras cuya disponibilidad afecta a comunicaciones de emergencia, administraciones, empresas y usuarios.
La energía se incorpora al servicio de infraestructura
Para Cellnex, el acuerdo también desarrolla una línea de negocio presentada en febrero de 2026 dentro de su Unidad de Negocio de Soluciones Verticales: la energía como servicio, o EaaS. Bajo este modelo, el gestor de infraestructuras puede encargarse del despliegue, mantenimiento y disponibilidad del respaldo energético, mientras el operador integra esa capacidad en sus objetivos de continuidad de red.
Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, sitúa el trabajo dentro de la operación de infraestructuras críticas: «Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras críticas y su resiliencia resulta esencial para mantener operativos servicios clave para la sociedad, como la administración pública, la seguridad o la actividad económica. En Cellnex queremos ser el socio de referencia para clientes como Telefónica, aportando nuestra capacidad industrial y operativa para acelerar los despliegues, garantizar los compromisos de resiliencia y contribuir a una cobertura y calidad de red robustas para sus clientes».
La escala del contrato español puede servir como referencia comercial fuera del país. Cellnex ha señalado que analiza programas similares con operadores móviles de otros mercados. Su evolución dependerá de que la compañía convierta la instalación de baterías en un servicio medible, con mantenimiento, supervisión y niveles de disponibilidad verificables.
Para los operadores, este tipo de acuerdos traslada parte de la resiliencia energética desde la compra puntual de equipos hacia una gestión continuada. La consecuencia operativa será incorporar la autonomía, el estado de las baterías y los tiempos de reposición a los indicadores habituales de calidad de red. Ahí se jugará el valor empresarial del despliegue: en sostener el servicio durante una incidencia real y hacerlo con costes, responsabilidades y plazos previsibles.
