La inteligencia artificial gana presupuesto y casos de uso dentro de las administraciones españolas, pero ese avance todavía no se traduce en una capacidad equivalente para llevar los proyectos a producción a gran escala. Solo el 27% de las organizaciones públicas en España afirma haber escalado con éxito sus iniciativas de IA, prácticamente en línea con el 28% mundial, mientras el gasto previsto crece por encima de las principales economías europeas analizadas.
La distancia entre inversión y madurez es una de las principales conclusiones para España del estudio Data and AI in government 2026, elaborado por Capgemini Research Institute. El trabajo analiza 600 organizaciones públicas de 16 países y sitúa a España entre los mercados donde el presupuesto destinado a inteligencia artificial crecerá con mayor intensidad, pero también entre aquellos donde persisten problemas de infraestructura, datos, capacidades internas y dependencia tecnológica.
En 2025, la IA representaba el 5,33% del presupuesto de TI de las organizaciones españolas consultadas. La previsión es que alcance el 7,40% en 2027, por encima del 7,08% de la muestra global, el 6,64% de Alemania y el 6,28% de Francia.
La comparación resulta especialmente significativa porque ese mayor esfuerzo financiero todavía convive con una menor madurez organizativa. Solo el 17% de las entidades públicas españolas entra en la categoría de «AI front-runners», utilizada por el estudio para identificar a las organizaciones con capacidades avanzadas tanto en los elementos que permiten adoptar IA como en su utilización operativa. La proporción mundial es del 25%, asciende al 30% en Francia y llega al 44% en Alemania. A escala global, el estudio concluye que las organizaciones más avanzadas se diferencian menos por la tecnología elegida que por factores como la gobernanza, la preparación de los datos, el talento y la capacidad para industrializar los despliegues.
España avanza más rápido en los usos operativos
La menor proporción de organizaciones maduras no significa que la administración española esté menos activa en todos los ámbitos. Los datos muestran una implantación elevada en aplicaciones concretas vinculadas a tareas internas y a la relación con el ciudadano.
El 73,3% de las organizaciones españolas ha desplegado automatización de procesos internos, incluidos ámbitos como recursos humanos, finanzas o TI, frente al 56,8% mundial. En asistentes virtuales y chatbots para ciudadanos, la adopción alcanza el 66,7%, frente al 49% global, mientras que el procesamiento inteligente de documentos llega al 63,4%, también frente al 49% internacional.
Ese patrón coincide con una tendencia más amplia detectada por el estudio: la IA encuentra antes espacio en funciones operativas y analíticas, donde el resultado puede medirse con mayor facilidad y existe una trayectoria previa de automatización, que en actividades con un mayor componente de juicio o decisión administrativa.
Fernando de Pablo Martín, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, utiliza el proyecto Paloma como ejemplo de esa aproximación. La iniciativa emplea IA en servicios sociales para identificar casos potencialmente relevantes relacionados con la soledad no deseada y priorizar actuaciones, manteniendo la decisión final en manos de los profesionales.
«Proyectos como Paloma demuestran cómo la IA puede ayudar a los servicios sociales a identificar casos potencialmente más relevantes en la detección de la soledad no deseada», explica De Pablo. El sistema permite dirigir mejor las llamadas y planificar las intervenciones, añade, combinando «un importante impacto social con un nivel de riesgo cuidadosamente controlado».
La intervención humana aparece también como un límite deliberado en otros organismos. Raquel Poncela, directora de Servicios Digitales e Innovación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, señala que la IA permite abordar grandes volúmenes de datos, pero que la organización mantiene «un enfoque cauteloso ante la toma de decisiones automatizada». En la práctica, explica, la tecnología sirve para informar y apoyar la decisión, mientras la determinación final permanece en manos de un empleado público.
Datos e infraestructura frenan el salto de los pilotos
El principal obstáculo aparece cuando esos casos individuales tienen que convertirse en capacidades reutilizables para toda la organización. El 76,7% de los responsables españoles considera que el desarrollo de sus bases de datos no avanza al ritmo exigido por sus planes de IA y el 83% identifica la calidad y disponibilidad de la información entre las principales barreras.
A ello se suma la infraestructura. Un 66,7% apunta a la falta de sistemas modernos y escalables, junto con la escasez de profesionales especializados, como uno de los obstáculos operativos más importantes.
Son problemas que trascienden al mercado español. Globalmente, el 80% de las organizaciones consultadas considera que la mala calidad o disponibilidad de los datos ha dificultado el éxito de la IA y el 71% reconoce que sus fundamentos de datos avanzan más despacio que sus ambiciones en esta tecnología.
El coste de mantener los sistemas una vez puestos en servicio añade otra capa al problema. El 77% de los directivos españoles afirma que las aplicaciones de IA requieren más mantenimiento, supervisión y refinamiento continuo de lo esperado. En la muestra mundial, esa percepción alcanza al 70%. La brecha de escalado, por tanto, no depende únicamente de que un modelo funcione durante una prueba, sino de disponer de arquitectura, monitorización y procesos capaces de sostenerlo posteriormente.
Aleida Alcaide García, directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encuadra ese despliegue dentro de una estrategia nacional que ha ampliado progresivamente su alcance. «La estrategia de IA en España ha evolucionado desde un enfoque inicial centrado en I+D, talento y digitalización hacia un modelo más ambicioso que incorpora la IA generativa como prioridad estratégica, orientada a impulsar la adopción entre pymes, startups y administraciones públicas», afirma.
El estudio recoge además aplicaciones que ya afectan a áreas centrales de la Administración. La Agencia Estatal de Administración Tributaria utiliza modelos de aprendizaje automático dentro de sus procesos de análisis de riesgo y selección de actuaciones, apoyados en un volumen creciente de información financiera y sobre pagos transfronterizos.
La soberanía pesa más en España que el coste
La modernización tecnológica se cruza, además, con una prioridad que adquiere especial intensidad en España: la soberanía digital. El 83,3% de los responsables españoles identifica la soberanía de los datos como una preocupación y el 73% señala la ciberseguridad.
Al mismo tiempo, las administraciones mantienen una elevada exposición a proveedores extranjeros. En España, el estudio sitúa la dependencia en el 80% para herramientas de ciberseguridad y en el 73,3% para servicios cloud. El problema tampoco es exclusivamente nacional. En el conjunto de la muestra, la dependencia exterior alcanza el 71% en plataformas y sistemas operativos, el 70% en infraestructura cloud y el 67% en ciberseguridad.
La particularidad española está en la disposición a asumir el coste de reducirla. Un 76,7% de las organizaciones públicas consultadas aceptaría mayores costes operativos para disponer de soluciones soberanas, frente al 64,8% global. Esa preferencia introduce una variable adicional en las decisiones de arquitectura y contratación: precio, capacidad de escalado y acceso a proveedores globales deben convivir con requisitos de control sobre datos, infraestructura y jurisdicción.
La cautela se extiende asimismo a la siguiente generación tecnológica. Un 23,3% de los responsables españoles declara no tener actualmente interés en la IA agéntica, casi tres veces el 8,3% registrado globalmente. El contraste aparece mientras otros gobiernos empiezan a explorar sistemas capaces de ejecutar cadenas de tareas con mayor autonomía.
Para Jaume Miralles, director general de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Administración de la Generalitat de Catalunya, uno de los argumentos para incorporar estas herramientas está vinculado al relevo de las plantillas. «Estamos en un periodo de transición generacional», señala. La combinación de IA y nuevo talento puede modificar las capacidades de la organización y permitir que los empleados públicos concentren su trabajo en actividades que requieren «criterio, experiencia e interacción humana».
Esa combinación de automatización y supervisión resume buena parte del escenario español que dibuja el estudio. La Administración está destinando una proporción creciente de su presupuesto tecnológico a la IA y muestra niveles de implantación elevados en varios procesos concretos.
El siguiente tramo exige convertir esas iniciativas en sistemas sostenibles, integrados en arquitecturas capaces de compartir datos, sometidos a gobernanza y mantenidos durante todo su ciclo de vida. El aumento del presupuesto resolverá solo una parte de esa ecuación.
