Los países iberoamericanos han acordado en Madrid poner en marcha una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial para coordinar recursos de datos, modelos de IA y capacidad de computación entre los Estados que decidan adherirse. La iniciativa, acordada el 3 de noviembre durante la primera reunión ministerial de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, se eleva ahora a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.
El proyecto pretende aumentar la capacidad de la región para desarrollar y adaptar sistemas de inteligencia artificial a sus propias lenguas, marcos jurídicos y necesidades. Su diseño, sin embargo, se aleja de la creación inmediata de una gran infraestructura tecnológica centralizada. El documento de la Alianza plantea una estructura federada que reutilizará activos existentes y avanzará por fases en función de los recursos que aporten los países.
Datos, modelos de lenguaje y capacidad de cómputo constituyen los tres componentes operativos. A ellos se suma una dimensión transversal de formación y desarrollo de capacidades técnicas, con especial atención a las diferencias de madurez tecnológica dentro de Iberoamérica.
El acuerdo obtuvo un respaldo amplio, aunque no unánime. Argentina y Paraguay se disociaron de los acuerdos adoptados por la reunión ministerial, mientras los otros 20 países los respaldaron, según informó EFE y recoge también la información publicada este miércoles sobre las negociaciones de la Cumbre. El mecanismo definitivo de adhesión será, en cualquier caso, voluntario.
Un espacio de datos sin una base centralizada
El primero de los tres pilares es la creación progresiva de un Espacio Iberoamericano de Datos e Interoperabilidad. Su finalidad será facilitar que datos públicos, corpus lingüísticos, documentación y otras fuentes de conocimiento puedan utilizarse para desarrollar sistemas de IA más representativos de las circunstancias sociales, administrativas, culturales y lingüísticas de los países participantes.
La arquitectura prevista resulta relevante porque establece límites al intercambio. La Alianza no propone trasladar toda esa información a una base regional común. Cada Estado conservará la titularidad y el control sobre sus fuentes y decidirá qué información comparte, bajo qué condiciones y conforme a qué legislación.
La cooperación podrá apoyarse en catálogos, metadatos, estándares comunes, consultas seguras, resultados agregados, índices compartidos o sistemas de generación aumentada por recuperación, entre otros mecanismos. El documento distingue expresamente entre interoperabilidad y centralización y contempla que los datos brutos puedan permanecer dentro de los sistemas nacionales.
En términos operativos, el primer trabajo será considerablemente más básico que la construcción de una gran plataforma regional: identificar qué datos existen, cómo están documentados, cuáles pueden reutilizarse y qué condiciones técnicas y jurídicas afectan a su tratamiento.
Esta aproximación intenta resolver uno de los problemas recurrentes de los proyectos de inteligencia artificial en administraciones y empresas. La disponibilidad de capacidad de computación o de buenos algoritmos tiene una utilidad limitada cuando los datos están fragmentados, utilizan estructuras incompatibles o carecen de suficiente documentación y trazabilidad.
ALIA, AMALIA, LATAM GPT y SoberanIA como activos de partida
El segundo eje busca desarrollar una base tecnológica compartida sobre modelos de lenguaje y otros sistemas de IA capaces de representar mejor el español, el portugués, otras lenguas oficiales y, progresivamente, lenguas e idiomas indígenas.
El planteamiento tampoco consiste en desarrollar desde cero un único «modelo iberoamericano». El acuerdo prevé trabajar sobre modelos, arquitecturas de referencia, corpus, documentación, pruebas de rendimiento y componentes reutilizables que posteriormente puedan adaptarse a distintos países, sectores o casos de uso.
La base tecnológica deberá favorecer modelos públicos, abiertos o de pesos abiertos que sean documentados, auditables y reutilizables. Cada país mantendría el control sobre sus datos, sus políticas de acceso y sus despliegues nacionales.
Entre los proyectos que la propia Alianza identifica como activos previos figuran ALIA, desarrollado en España; AMALIA, en Portugal; LATAM GPT, impulsado desde Chile; y SoberanIA, en Brasil. La intención es aprovechar conocimientos y recursos generados por iniciativas que hasta ahora han evolucionado de forma independiente, sin eliminar su autonomía.
La cuestión lingüística ocupa una posición central en la estrategia. Durante la apertura del Foro Digital Iberoamericano celebrado antes de la reunión ministerial, el ministro español para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que el español, el portugués y el resto de lenguas oficiales e indígenas del espacio iberoamericano suman más de 850 millones de hablantes, mientras que los grandes sistemas de IA han sido entrenados predominantemente con contenidos en inglés.
La Alianza pretende intervenir precisamente en esa capa. Una mejor disponibilidad de corpus, conjuntos de instrucciones, evaluaciones y herramientas lingüísticas permitiría ajustar modelos a terminología administrativa, documentación local o ámbitos sectoriales específicos sin que cada Estado tenga que reproducir todas las fases de desarrollo.
El documento contempla además que las adaptaciones nacionales puedan retroalimentar la base compartida mediante nuevos corpus, evaluaciones, documentación técnica, metodologías de despliegue y buenas prácticas.
Compartir horas de cómputo antes que construir nuevos superordenadores
La tercera área aborda uno de los recursos más costosos de la inteligencia artificial actual: la capacidad de cálculo.
Iberoamérica presenta grandes diferencias entre países en acceso a supercomputación, centros de datos, GPU, almacenamiento, conectividad científica y personal especializado. En lugar de empezar construyendo una nueva infraestructura regional, la Alianza propone identificar las capacidades existentes y crear mecanismos para conectarlas con proyectos que necesiten utilizarlas.
La primera fase consistirá en elaborar un mapa iberoamericano de capacidad y demanda. Incluirá recursos de cómputo, GPU, nube, centros de datos, almacenamiento y redes, pero también elementos menos visibles como disponibilidad energética, costes de operación, talento, condiciones regulatorias y requisitos de seguridad.
Una segunda etapa permitiría asignar horas de cómputo disponibles a proyectos seleccionados por la Alianza. Los criterios previstos incluyen interés público, viabilidad técnica, disponibilidad de datos, coste, seguridad, sostenibilidad, madurez del proyecto y posibilidad de reutilizar los resultados en otros países.
Solo en una fase posterior podría crearse una bolsa más estable de horas de computación o algún mecanismo equivalente de acceso compartido y cofinanciado.
El catálogo de infraestructuras que podrían participar está todavía por determinar. El texto cita como referencias redes y capacidades ya existentes en Europa y América Latina, entre ellas EuroHPC, las Factorías de IA europeas, el Barcelona Supercomputing Center, RedCLARA, GÉANT y las redes de cooperación en supercomputación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe.
El modelo permite también aportaciones en especie. Un país, centro tecnológico u otra institución podría contribuir con horas de cómputo, almacenamiento, conectividad, soporte técnico, herramientas, licencias, formación o acceso a instalaciones.
Para universidades, administraciones y organizaciones con proyectos de IA pero sin infraestructura propia, esta línea podría convertirse en uno de los resultados más tangibles de la Alianza. Por ahora, sin embargo, se trata de un mecanismo que debe inventariar recursos, fijar prioridades y determinar bajo qué condiciones pueden compartirse.
Una implementación en tres fases y con financiación de los países
El carácter gradual aparece de forma recurrente en el acuerdo. La primera etapa estará centrada en metodologías, inventarios, diagnósticos y condiciones mínimas de cooperación. Una segunda podrá incorporar pilotos conjuntos, pruebas y herramientas reutilizables. Los servicios compartidos y proyectos de mayor escala quedan reservados para una tercera fase, condicionada al compromiso y la financiación disponibles.
La adhesión implicará además una aportación pública durante un periodo inicial de tres años. El esquema incluido en el documento utiliza el PIB como referencia y propone tres bandas indicativas de contribuciones anuales: entre 300.000 y 500.000 euros para países de alta capacidad contributiva, entre 150.000 y 250.000 euros para los de capacidad media y entre 60.000 y 100.000 euros para los de menor capacidad.
Estas cantidades podrán revisarse y sustituirse total o parcialmente por contribuciones en especie, siempre que queden cubiertos los gastos básicos de funcionamiento.
La gobernanza recaerá en un Consejo Intergubernamental en el que cada Estado adherido dispondrá de un voto, independientemente de su aportación económica. Entre sus funciones estarán aprobar el presupuesto y el plan operativo anual, determinar las contribuciones, fijar prioridades y decidir sobre la incorporación de financiación procedente de organismos internacionales, banca de desarrollo, fundaciones, empresas u otros actores.
El documento plantea que la Secretaría General Iberoamericana asuma la secretaría ejecutiva, mientras que universidades, sociedad civil, organismos internacionales y otros participantes podrán intervenir mediante estructuras consultivas sin capacidad decisoria equivalente a la de los gobiernos.
Esa arquitectura será determinante para comprobar si la Alianza logra superar una dificultad habitual de los acuerdos multilaterales sobre tecnología: transformar una declaración política amplia en proyectos con financiación, responsables, calendarios y servicios concretos.
De los principios digitales a una política común de IA
La iniciativa llega después de varios años de construcción de una agenda digital iberoamericana. La Cumbre de Andorra de 2021 impulsó una agenda digital común y la reunión de Santo Domingo de 2023 aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Posteriormente se incorporaron compromisos relacionados con modelos de lenguaje en español y portugués y cooperación en supercomputación.
La reunión de Madrid ha añadido la Declaración de Madrid sobre Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que vincula el desarrollo de la IA con derechos fundamentales, privacidad, seguridad, sostenibilidad, inclusión y protección de menores.
Los países han validado también estándares iberoamericanos en protección de datos e identificación e interoperabilidad de servicios públicos digitales. Se trata de marcos no vinculantes, por lo que su efecto dependerá de su incorporación a políticas y proyectos nacionales.
Sobre esa trayectoria se construye también el componente político de la nueva Alianza.
Horas antes del acuerdo ministerial, López defendió que Europa y América Latina pueden impulsar una «tercera vía digital humanista, multilateral, sostenible y confiable» frente a los modelos asociados por el ministro a Estados Unidos y China.
«Ninguno de nuestros países puede vivir fuera de la revolución digital. La cuestión es en qué parte de la cadena queremos ubicarnos: como granja de datos, como cliente dependiente o como productor digital soberano», afirmó durante el Foro Digital Iberoamericano.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, situó el proyecto en términos similares al plantear que la región necesita capacidad para «decidir, participar e influir» en el desarrollo tecnológico y adaptar los sistemas a sus datos, lenguas y prioridades.
La «tercera vía» constituye, por tanto, una posición política defendida por los responsables de la iniciativa, mientras que la arquitectura del acuerdo permite valorar sus instrumentos con mayor precisión. El proyecto combina elementos regulatorios y de protección de derechos con políticas industriales y tecnológicas dirigidas a aumentar el acceso a datos, modelos y capacidad de cálculo.
El impacto para las empresas dependerá de los proyectos que lleguen a desplegarse
La Alianza no introduce nuevas obligaciones regulatorias para las compañías ni determina qué modelos de inteligencia artificial deben utilizar. Tampoco crea por sí misma un mercado común de datos o una infraestructura regional accesible desde su entrada en vigor.
Su efecto empresarial estará condicionado por la ejecución.
Si los mecanismos previstos avanzan, empresas y centros tecnológicos podrían beneficiarse de corpus mejor estructurados, herramientas lingüísticas reutilizables, modelos adaptados a sectores concretos o acceso a capacidad de computación que hoy está concentrada en un número reducido de centros. El documento contempla casos de uso en salud, educación, agricultura, industria, energía, movilidad, turismo, administración digital y procesamiento científico, entre otros campos.
También abre una vía para que compañías, organismos multilaterales y banca de desarrollo contribuyan a determinados proyectos, aunque la dirección estratégica permanecerá en manos de los Estados adheridos.
La principal incógnita pasa ahora por la capacidad de coordinar países con infraestructuras, presupuestos, regulaciones y prioridades tecnológicas muy diferentes. La estructura federada reduce la necesidad de transferir datos o renunciar al control de infraestructuras nacionales, pero al mismo tiempo obliga a alcanzar acuerdos técnicos sobre interoperabilidad, seguridad, evaluación de modelos y criterios de acceso.
La XXX Cumbre Iberoamericana debe consolidar políticamente la iniciativa antes de que comience el proceso voluntario de adhesión y se concrete su primer plan operativo. Será ese despliegue, más que la declaración inicial, el que determine si la cooperación iberoamericana consigue convertir recursos tecnológicos dispersos en capacidades utilizables por administraciones, investigadores y empresas.
