El Gobierno de España ha presentado el Plan IA360, una hoja de ruta para los próximos doce meses que combina inversión en capacidad de cómputo, incentivos para empresas, cambios educativos, nuevas estructuras de supervisión y medidas de ciberseguridad. Pedro Sánchez situó este lunes la iniciativa dentro de un futuro Contrato Social para la Inteligencia Artificial, para el que el Ejecutivo prevé convocar en octubre a empresas, sindicatos y otros agentes sociales. La presentación del Plan IA360 en La Moncloa
La intervención del presidente condensó la estrategia en cuatro grandes objetivos: reforzar la capacidad tecnológica española, trasladar la adopción de la IA al tejido productivo y al talento, desarrollar mecanismos de gobernanza y seguridad, y acordar medidas para gestionar sus efectos sobre el empleo y otros ámbitos sociales. El documento completo baja un nivel más y estructura estas prioridades en ocho ámbitos y 14 proyectos tractores, con calendarios que se concentran entre el último trimestre de 2026 y finales de 2027.
La combinación muestra la doble orientación del plan. Una parte está dirigida a incrementar la capacidad industrial y empresarial de España en inteligencia artificial. La otra pretende construir controles e instituciones alrededor de una tecnología cuya adopción está avanzando más deprisa entre los ciudadanos que dentro de las organizaciones.
Según los últimos datos publicados por el INE, el 21,1% de las empresas españolas de diez o más trabajadores utilizaba alguna tecnología de inteligencia artificial en el primer trimestre de 2025. Los datos del INE sobre el uso de IA en las empresas El Plan IA360 se fija elevar ese porcentaje hasta el 55% en 2030.
Un bono de 600 millones y una red para llevar la IA a las pymes
Dos de los instrumentos con mayor impacto directo sobre las empresas son la futura Red NEURONA y el Bono de Inteligencia Artificial.
NEURONA se plantea como una red territorial de centros donde las compañías puedan probar aplicaciones de IA con sus propios datos antes de incorporarlas a sus operaciones. El modelo aprovechará recursos ya existentes, entre ellos las factorías de IA, la Red Española de Supercomputación, centros tecnológicos y programas de digitalización empresarial.
El primer piloto deberá llegar antes de finalizar 2026, con 100 pymes de dos comunidades autónomas. Durante 2027, el Gobierno plantea ampliar el sistema hasta diez autonomías y 5.000 empresas.
El Bono de Inteligencia Artificial funcionará como complemento financiero. El plan prevé una dotación de 600 millones de euros para la convocatoria general, prevista antes de terminar 2027, después de una primera fase piloto durante el primer semestre de ese año.
El diseño introduce una condición relevante para el mercado tecnológico: las ayudas no financiarán la mera contratación de licencias. Deberán destinarse a servicios y soluciones suministrados por empresas tecnológicas europeas que aporten desarrollo, integración, conocimiento sectorial, tratamiento de datos o rediseño de procesos.
Cada proyecto incluirá además un diagnóstico previo de madurez, un caso de uso y una medición posterior de su impacto en productividad. El objetivo declarado es alcanzar 25.000 empresas y multiplicar por cinco la inversión privada en IA en 2030 respecto a 2024.
Una gigafactoría con 100.000 aceleradores de IA
La infraestructura ocupa el primer bloque del Plan IA360. Su principal proyecto es la gigafactoría española de inteligencia artificial, para la que el documento contempla 5.000 millones de euros de inversión público-privada, de los cuales 719 millones serían públicos.
El objetivo operativo es disponer de 100.000 aceleradores de IA en 2028 o 2029 y construir lo que el Gobierno define como la mayor infraestructura de cómputo del sur de Europa. El comienzo de las obras está previsto para febrero de 2027 y su apertura, para 2028.
La instalación deberá servir a empresas, centros de investigación y administraciones y estará conectada con las capacidades desarrolladas alrededor del PERTE Chip. En paralelo, el Barcelona Supercomputing Center trabaja en proyectos que combinan procesadores con arquitectura abierta RISC-V, GPU y modelos especializados para sectores como energía, clima y salud.
El crecimiento del cómputo también lleva al Ejecutivo a intervenir sobre los centros de datos. El documento señala que las solicitudes de acceso a la red eléctrica superan ampliamente los 2,5 GW de demanda efectiva que se proyectan para estos servicios en 2030.
Un real decreto actualmente en tramitación establecerá requisitos relacionados con consumo energético, agua, suelo, resiliencia y soberanía de los datos. El Gobierno pretende aprobarlo en octubre de 2026 y utilizar estos criterios para priorizar proyectos acompañados de nueva generación renovable y con menor presión sobre los recursos.
Seguridad de modelos y transición a la criptografía poscuántica
La seguridad constituye uno de los apartados más desarrollados del plan. España creará dentro de la AESIA un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, encargado de evaluar modelos avanzados antes y después de su despliegue, desarrollar metodologías de prueba y preparar protocolos de respuesta ante incidentes.
Está prevista la colaboración con el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, el Departamento de Seguridad Nacional y el Barcelona Supercomputing Center. El núcleo técnico inicial debería constituirse antes de finalizar 2026.
El segundo frente será un escudo de ciberseguridad orientado tanto a nuevas capacidades ofensivas basadas en IA como a la transición hacia criptografía resistente a ordenadores cuánticos. Entre los primeros hitos figura un piloto con el sector financiero en octubre y un futuro programa de compra pública precomercial con unos 300 millones de euros de presupuesto inicial.
Estas iniciativas llegan cuando el marco regulatorio europeo ha entrado en una fase más operativa. Desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea y las autoridades nacionales han comenzado a ejercer determinadas competencias de aplicación del Reglamento europeo de IA, incluidas obligaciones para modelos de propósito general y normas de transparencia sobre determinados contenidos y sistemas. Calendario de aplicación del Reglamento europeo de IA
La protección de menores contará además con un protocolo específico para imágenes, vídeos y audios que vulneren sus derechos, tanto si han sido generados mediante IA como si no. La propuesta plantea una única vía de entrada para coordinar preservación de pruebas, retirada de contenidos, atención a la víctima y eventual intervención de las autoridades. Su firma con las plataformas está prevista antes de terminar el primer trimestre de 2027.
Cambios en secundaria, FP, empleo público y talento
El Plan IA360 incorpora la IA al currículo de secundaria y Formación Profesional, aunque su definición deberá negociarse con las comunidades autónomas. El proyecto combina aprendizaje práctico de estas herramientas con formación en pensamiento crítico, seguridad y uso responsable, y prevé una línea específica para docentes. La negociación debería comenzar durante el primer trimestre de 2027.
Fuera del sistema educativo se prepara un programa universal de alfabetización en IA, gratuito y sin requisitos previos. Su despliegue está previsto durante 2027.
El talento especializado constituye otro frente. El propio diagnóstico gubernamental identifica esta área como una de las principales debilidades españolas y propone cambios regulatorios para flexibilizar la contratación de investigadores, facilitar su relación con empresas y mejorar las carreras profesionales de científicos y personal técnico.
A ello se sumará una futura Ley de Scale-ups, concebida para extender parte del tratamiento aplicado hasta ahora a startups hacia empresas en etapas posteriores de crecimiento y ampliar los plazos para compañías científicas y deeptech.
La transformación alcanzará también a la Administración. Entre las medidas previstas figura un asistente de IA integrado en Mi Carpeta Ciudadana y un canal de WhatsApp para el servicio 060 durante el primer trimestre de 2027. Otro proyecto utilizará inteligencia artificial para detectar documentación repetitiva, trámites obsoletos y divergencias administrativas entre territorios.
Un acuerdo para abordar el impacto laboral de la IA
El componente transversal del programa será el denominado Contrato Social para la Inteligencia Artificial. Sánchez anunció que los agentes sociales serán convocados en octubre para abrir un acuerdo tripartito y mesas específicas sobre ámbitos como empleo, educación, finanzas y cultura.
El plan prevé además un observatorio permanente que analice el impacto de la IA sobre el mercado laboral para orientar las políticas de empleo, formación y regulación. No concreta de antemano qué medidas laborales saldrán de este proceso, por lo que una parte importante de esta pata del IA360 queda pendiente de la negociación con sindicatos, empresas y otros participantes.
Para las compañías, el calendario inmediato combina así incentivos con nuevas exigencias. Antes de que los grandes objetivos fijados para 2030 puedan medirse, entre este otoño y 2027 deberían ponerse en marcha la regulación de centros de datos, los primeros pilotos de NEURONA, el Instituto de Seguridad de la IA, los programas de ciberseguridad y el diseño del bono empresarial. La ejecución de esos proyectos determinará hasta qué punto el Plan IA360 consigue reducir la distancia que hoy existe entre el uso individual de la inteligencia artificial y su incorporación efectiva a los procesos productivos.
