Los centros de datos de IA se han convertido en un problema electoral en Estados Unidos. Los votantes aprovecharon las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre para imponer restricciones, moratorias o prohibiciones a estas instalaciones en casi todas las consultas locales en las que pudieron pronunciarse directamente, mientras varios candidatos que habían hecho de su oposición a los proyectos una parte relevante de sus campañas obtuvieron victorias en estados clave.
El resultado introduce un nuevo condicionante para la carrera estadounidense por ampliar su capacidad de inteligencia artificial. Hasta ahora, buena parte de la discusión se había concentrado en la disponibilidad de chips, la financiación de las grandes tecnológicas o el suministro eléctrico. Las elecciones añaden una variable menos controlable desde Silicon Valley: la aceptación de las comunidades que deben albergar las infraestructuras.
En las elecciones del martes se votaron 41 medidas locales relacionadas con centros de datos en diez estados, de acuerdo con el recuento utilizado por CNBC a partir de Ballotpedia. Con los resultados disponibles el miércoles, los electores respaldaron restricciones o rechazaron propuestas favorables al desarrollo en todos los casos salvo uno, Harwood, en Dakota del Norte. Ballotpedia contabiliza al menos 50 consultas relacionadas con centros de datos durante el conjunto de 2026 en 13 estados, 41 de ellas convocadas para las elecciones generales del 3 de noviembre.
Ohio concentró 21 de las medidas sometidas a votación ese día. En diferentes municipios, las propuestas iban desde prohibiciones para instalaciones por encima de determinados umbrales eléctricos hasta condiciones adicionales para su construcción.
El resultado no equivale a un rechazo general de la inteligencia artificial. Las consultas estaban centradas principalmente en el impacto físico y económico de las instalaciones: consumo eléctrico y de agua, ruido, ocupación de suelo, incentivos fiscales y efecto sobre las facturas energéticas. Pero esa distinción ofrece poco alivio a una industria cuyo crecimiento depende precisamente de multiplicar esas infraestructuras.
El coste local entra en la política nacional
La oposición llevaba meses creciendo antes de llegar a las urnas. Una encuesta de Pew Research Center realizada entre julio y agosto mostraba que el 60% de los estadounidenses se sentiría poco o nada cómodo con un nuevo centro de datos en su zona.
El deterioro de la percepción fue rápido. El 54% consideraba en agosto que estas instalaciones tienen un efecto principalmente negativo sobre el medio ambiente, frente al 39% de enero. La proporción que las relacionaba con efectos negativos sobre el coste energético doméstico había pasado del 38% al 50%, mientras que la valoración negativa sobre la calidad de vida de los residentes cercanos subió del 30% al 49%.
La preocupación por la factura eléctrica resulta especialmente relevante. En otra encuesta de Pew realizada en marzo, el 43% de los estadounidenses que afirmaban haber sufrido aumentos en sus costes energéticos consideraba que el mayor consumo de los centros de datos era una razón importante de esas subidas.
La escala prevista para la infraestructura explica parte de esa inquietud. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que los centros de datos podrían absorber alrededor del 11,8% de toda la electricidad consumida en el país en 2030 en su escenario de referencia. El rango contemplado va del 9,5% al 15,3%.
Esa demanda obliga a construir o reforzar generación, redes de transporte y subestaciones. La discusión política se desplaza así desde los beneficios generales de liderar la carrera de la IA hacia quién asume los costes concretos necesarios para sostenerla.
Texas y Ohio muestran el alcance del cambio
La oposición también apareció en elecciones para cargos públicos. Uno de los resultados más relevantes se produjo en Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato.
Texas había favorecido durante años la llegada de grandes centros de datos gracias a su mercado energético, disponibilidad de suelo y regulación relativamente favorable. Abbott llegó a presentar el estado en 2025 como el «epicentro del desarrollo de la IA». Meses antes de las elecciones, ante el creciente rechazo, ordenó una pausa vinculada a la revisión del consumo energético y de agua.
Hinojosa convirtió la expansión de estas instalaciones en uno de sus argumentos de campaña y defendió una moratoria temporal. La relevancia del resultado excede a los proyectos concretos: los gobernadores participan en decisiones sobre política energética, organismos reguladores, incentivos y permisos, aunque las competencias exactas varían entre estados y municipios.
Ohio plantea un riesgo parecido para proyectos de una escala mucho mayor. La demócrata Amy Acton ganó la gobernación tras defender una «moratoria condicional» que obligaría a los centros de datos a cubrir íntegramente sus costes para el sistema eléctrico.
Allí se encuentra además uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a OpenAI. La compañía anunció en agosto un acuerdo para asegurar aproximadamente 8 GW de capacidad informática en el PORTS-Pike Technology Campus, junto a SB Energy, Nvidia y el Departamento de Energía. OpenAI sostiene que asumirá los costes energéticos y de infraestructura asociados específicamente al proyecto y prevé que su desarrollo se prolongue hasta 2032.
El problema para este tipo de inversiones ya no es únicamente conseguir suficiente potencia. También deberán demostrar a gobiernos y residentes que la infraestructura adicional no traslada costes al resto de consumidores.
Un nuevo riesgo para el despliegue de la IA
El rechazo electoral llega en pleno aumento del gasto de las grandes plataformas. Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta están destinando cantidades extraordinarias a servidores, chips, redes y centros de datos para cubrir una demanda de capacidad informática que esperan siga creciendo.
Ese modelo necesita proyectos cada vez mayores y contratos eléctricos a largo plazo. Una moratoria municipal puede parecer limitada frente a inversiones de cientos de miles de millones de dólares, pero la acumulación de restricciones locales puede retrasar los calendarios, elevar costes y reducir el número de ubicaciones disponibles.
También cambia la negociación con las administraciones. Beneficios fiscales, conexiones prioritarias a la red o compromisos públicos de infraestructura tienen más posibilidades de convertirse en asuntos electorales cuando los residentes perciben que los beneficios económicos son menores que los costes asumidos por la comunidad.
Michael Whitesides, responsable adjunto de comunicación de Local Progress, una red estadounidense de cargos electos locales, resumió tras las elecciones ese cambio de percepción: «La gente no ve que los beneficios prometidos de estos centros de datos, y de la IA que alimentan, estén apareciendo en su vida diaria».
El fenómeno tampoco encaja completamente en una división partidista. Los demócratas muestran una oposición mayor en las encuestas, pero el deterioro de la percepción alcanza también a los republicanos. En el sondeo de Pew de verano, el 54% de los votantes republicanos o próximos al partido afirmaba sentirse incómodo con la apertura de un centro de datos en su zona, frente al 68% entre demócratas.
Eso complica una estrategia basada exclusivamente en buscar estados políticamente favorables al desarrollo tecnológico. La resistencia puede surgir incluso donde los gobiernos estatales respaldan la inversión si los costes quedan concentrados en municipios concretos.
Las elecciones de 2026 no paralizan por sí mismas la expansión de la infraestructura estadounidense de IA. Sí convierten la licencia social para construirla en una variable que desarrolladores, eléctricas, inversores y grandes tecnológicas tendrán que incorporar desde las primeras fases de cada proyecto.
La disponibilidad de chips y capital seguirá determinando cuánto puede crecer la capacidad informática. A partir de ahora, disponer de suelo, electricidad y permisos puede no ser suficiente: los promotores tendrán que demostrar también quién paga la ampliación de la red, cómo se gestiona el consumo de agua y qué beneficio económico permanece en las comunidades que albergan las instalaciones. Ahí se concentra una parte creciente del riesgo operativo del despliegue de IA en Estados Unidos.
