La soberanía digital empieza a abandonar el terreno de las declaraciones políticas para convertirse en una cuestión de arquitectura tecnológica, contratación y continuidad de negocio. El primer Nextcloud Enterprise Day celebrado en Madrid reunió el 3 de noviembre a administraciones públicas, empresas, centros educativos, ONG y proveedores tecnológicos alrededor de una discusión que va más allá de dónde se almacenan los datos: quién controla la infraestructura, qué legislación puede aplicarse sobre ella y cuánto cuesta abandonar una plataforma cuando una organización decide reducir su dependencia.
Más de 130 asistentes participaron en una jornada que combinó la posición de Nextcloud sobre la dependencia europea de los grandes proveedores estadounidenses con proyectos ya implantados en España y sesiones dedicadas a las dificultades prácticas de una migración. El mensaje de apertura resumió el punto de partida: un país puede estar ampliamente digitalizado y conservar, al mismo tiempo, una elevada dependencia de tecnología sobre la que tiene una capacidad limitada de decisión.
Andreas Rode, Chief Commercial Officer de Nextcloud, organizó ese problema alrededor de tres dimensiones: residencia de los datos, autonomía operativa y jurisdicción legal. Saber dónde se encuentra físicamente la información cubre solo una parte de la ecuación. También importa quién administra los sistemas y, especialmente, a qué legislación está sometida la empresa que presta el servicio y su matriz.
La jurisdicción entra en las decisiones de tecnología
La preocupación por la jurisdicción ha ganado presencia a medida que la geopolítica se mezcla con las infraestructuras digitales. Rode utilizó las sanciones estadounidenses contra miembros de la Corte Penal Internacional para ilustrar hasta dónde puede llegar la dependencia de servicios controlados por compañías sujetas a las decisiones de Washington.
Su argumento fue que los departamentos de tecnología deben empezar a contemplar riesgos que tradicionalmente quedaban fuera de las evaluaciones de un proveedor: interrupciones derivadas de sanciones, cambios regulatorios, incrementos de precios o restricciones en el acceso a determinados servicios.
Nextcloud sitúa el código abierto como una de las herramientas para reducir esa exposición. La posibilidad de auditar el software, ejecutarlo sobre infraestructura elegida por el cliente y cambiar de operador limita algunas formas de bloqueo tecnológico. Rode defendió que una verdadera autonomía requiere combinar software abierto, infraestructura bajo control europeo y proveedores sometidos a jurisdicción europea.
Esa es también la posición comercial de la compañía y tiene límites. Disponer del código no elimina los costes de migración, integración, operación o soporte. Tampoco garantiza por sí mismo independencia en otras capas de la infraestructura, desde los procesadores y centros de datos hasta los modelos de inteligencia artificial.
Nil Homedes, director de la Oficina Técnica de la Asociación Decidim, puso precisamente el acento en esa dependencia por capas. Su definición de soberanía gira alrededor de tres conceptos, «agencia, poder y control», y considera el software libre una condición necesaria, aunque insuficiente cuando hardware, infraestructura o capacidad de computación continúan dependiendo de terceros.
Del software libre a una política industrial
El responsable de Decidim trasladó esa discusión a España. Entre los activos existentes destacó el Barcelona Supercomputing Center, el proyecto público de inteligencia artificial ALIA y proyectos de código abierto nacidos en el país como Decidim y Penpot.
Su diagnóstico fue bastante menos favorable al examinar la estrategia institucional en conjunto. Homedes reclamó un mapa de tecnologías críticas utilizadas por las administraciones y planes para sustituir aquellas dependencias consideradas problemáticas. También propuso una agencia estatal de software libre que pueda desarrollar, mantener y reutilizar herramientas, políticas industriales que favorezcan a proveedores abiertos y mayor formación sobre estas tecnologías en las universidades.
La soberanía apareció además ligada a la rendición de cuentas. Homedes recurrió al caso de BOSCO, el sistema empleado para gestionar solicitudes relacionadas con el bono social eléctrico, para defender que el código que interviene en decisiones administrativas debe poder someterse a escrutinio cuando afecta a derechos o prestaciones de los ciudadanos.
Su argumento conecta con una dimensión que suele quedar fuera de las discusiones empresariales sobre cloud: una administración puede controlar dónde están alojados sus sistemas y, pese a ello, conservar una dependencia elevada si carece del conocimiento necesario para entenderlos, modificarlos o sustituirlos.
País Vasco y Madrid llevan el debate a las aulas
La jornada mostró que algunas administraciones españolas ya están experimentando con ese enfoque en servicios utilizados a gran escala.
Daniel González Carbonero, subdirector del Departamento de Educación de EJIE, presentó IRADI, la plataforma desarrollada para el sistema educativo vasco. Combina Nextcloud con Collabora Online, Moodle y PeerTube y aloja los datos en centros de datos del Gobierno Vasco. Tras un piloto inicial en cuatro escuelas, el despliegue se ha ampliado a otros 32 centros.
El proyecto prevé también instancias específicas para centros de Formación Profesional e incorporar inteligencia artificial mediante modelos ejecutados localmente, entre ellos Latxa, desarrollado para trabajar con el euskera. La diferencia respecto a contratar una plataforma educativa completa a un proveedor externo está en que el Gobierno Vasco conserva capacidad sobre el alojamiento y la evolución técnica del servicio.
La Comunidad de Madrid dispone de otro ejemplo de mayor escala. EducaMadrid ofrece infraestructura educativa basada en software de código abierto sobre servidores propios. Según los datos expuestos durante la jornada, alcanza alrededor de 500.000 usuarios y procesa unos 400 millones de correos electrónicos al año, además de utilizar Nextcloud y Collabora para almacenamiento, intercambio y edición de documentos.
Ambos proyectos sirven para introducir un matiz importante: recuperar control tecnológico no exige necesariamente construir desde cero cada componente. El modelo combina desarrollos propios, proyectos comunitarios y proveedores comerciales, pero mantiene las decisiones sobre infraestructura y datos dentro de la administración.
Nextcloud intenta reducir la fricción de abandonar Microsoft
La capacidad de migrar ocupó buena parte de la presentación de Nextcloud Hub 26 Summer. Ana Bento y Maxime Le Héricy mostraron funciones diseñadas para hacer que una organización procedente de Microsoft pueda conservar estructuras de trabajo reconocibles.
Nextcloud Teams agrupa personas y recursos con una organización más próxima a la utilizada en SharePoint y Teams. La plataforma incorpora además Tables para procesos estructurados y herramientas para que los recursos permanezcan asociados a los equipos aunque sus miembros cambien. La compañía citó trabajos realizados con organizaciones como el estado alemán de Schleswig-Holstein y la cooperativa universitaria neerlandesa SURF para desarrollar algunas de estas capacidades.
En ofimática, Euro-Office extiende el trabajo con documentos al escritorio y al móvil, con capacidad para seguir editando cuando no existe conexión. Nextcloud mantiene al mismo tiempo su integración con Collabora Online, una muestra de la estrategia de ecosistema que utiliza para cubrir funciones que otras suites concentran bajo un único fabricante.
La inteligencia artificial sigue una lógica similar. Nextcloud Assistant puede ejecutarse en infraestructura propia o en proveedores elegidos por la organización. Las últimas versiones añaden memoria, automatización mediante «Skills» y programación de tareas. El objetivo es ofrecer funciones similares a las que están incorporando las grandes suites de productividad sin obligar a enviar el contenido de la organización a una plataforma de IA externa.
Para organizaciones reguladas, Nextcloud Governance añade clasificación por confidencialidad, políticas de retención, conservación legal y auditoría de elementos compartidos, con planes para ampliar estas capacidades hacia eDiscovery y otras aplicaciones de la plataforma.
Telefónica lleva la soberanía al diseño de cada carga
La presencia de Telefónica introdujo una perspectiva diferente. Silvia Vázquez Corrochano, Sovereign Solutions Project Manager, y Jordi Costa Mur, Head of Hyperscalers Product Line, plantearon la soberanía como una decisión que debe tomarse carga por carga.
Su marco parte de cuatro cuestiones: qué información necesita protección, quién puede acceder a ella, qué usos están permitidos y qué legislación o dependencias afectan a la infraestructura. Las respuestas determinan qué aplicaciones pueden permanecer en entornos de hyperscalers, cuáles requieren una nube con mayores garantías de control y qué cargas deben ejecutarse sobre infraestructura específicamente soberana.
Ese planteamiento aleja el debate de una sustitución completa e inmediata del cloud estadounidense. Para una gran empresa, la cuestión pasa a ser identificar qué activos justifican un tratamiento diferente y diseñar una arquitectura que permita combinar proveedores sin perder capacidad de decisión sobre los componentes críticos.
El coste de migrar sigue frenando el cambio
La mesa redonda final introdujo el principal contrapeso a las intervenciones sobre soberanía. Representantes de Decidim, Amnistía Internacional España y Telefónica coincidieron en que la geopolítica está acelerando las conversaciones, pero también en que reconocer una dependencia no equivale a estar preparado para eliminarla.
Cambiar de plataforma cuesta dinero, requiere personal técnico y puede reducir temporalmente la productividad. A eso se añade la resistencia de usuarios acostumbrados durante años a determinadas aplicaciones y flujos de trabajo. Para organizaciones con presupuestos limitados, el coste inmediato de una migración puede seguir pesando más que un riesgo geopolítico difícil de cuantificar.
La recomendación compartida durante la mesa fue evitar transformaciones abruptas: comenzar con proyectos piloto, implicar a los usuarios desde las primeras fases y ampliar gradualmente el alcance.
Ahí está probablemente la derivada más relevante para las empresas españolas. La soberanía digital empieza a generar alternativas tecnológicas y proyectos públicos con una escala apreciable, pero su avance dependerá menos de sustituir un proveedor por otro que de saber qué dependencias existen y cuánto esfuerzo exige eliminarlas. Para los responsables de tecnología, el siguiente paso consiste en convertir ese inventario en decisiones de arquitectura, presupuesto y migración antes de que una dependencia crítica tenga que resolverse bajo presión.
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