Meta llegó este martes al tribunal federal de Oakland con un riesgo que va más allá de una indemnización. El juicio contra Meta promovido por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, como casos representativos de una coalición de 29 estados, examina si Facebook e Instagram incorporaron mecanismos capaces de fomentar un uso compulsivo entre menores y si la empresa engañó a consumidores sobre su seguridad. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers deberá decidir hasta dónde llega la responsabilidad empresarial cuando el tiempo de uso forma parte de la economía de una plataforma. Reuters describe el proceso como la mayor prueba judicial hasta ahora sobre los efectos de las redes sociales entre los jóvenes.
La acusación sostiene que Meta diseñó sus servicios para prolongar la permanencia de niños y adolescentes, aprovechando su sensibilidad a la recompensa social. En la apertura, la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, resumió el modelo de la compañía como «enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad al público». Meta rechaza esa caracterización. Su abogado Paul Schmidt defendió que la evidencia científica no establece una relación clara entre el uso de redes sociales por adolescentes y un deterioro del bienestar.
El juicio contra Meta separa 200.000 millones de 1,4 billones
La cifra más repetida alrededor del caso exige una precisión. Los fiscales generales indicaron antes del juicio que un escenario de sanciones podría situarse alrededor de 200.000 millones de dólares. Meta, al calcular la exposición máxima potencial, la ha elevado hasta 1,4 billones de dólares, una cantidad cercana a su capitalización bursátil. La jueza ha cuestionado ese cálculo más extremo, según recoge The Guardian. Los 200.000 millones tampoco constituyen una condena ya fijada: dependerían de que se establezca responsabilidad y de cómo se computen las infracciones.
Ocho jurados emitirán un veredicto consultivo, pero Gonzalez Rogers decidirá finalmente sobre la responsabilidad de Meta y, si procede, sobre sanciones y medidas correctoras. Ese esquema deja un espacio amplio entre una absolución total y una factura de 200.000 millones. También caben sanciones inferiores y obligaciones de producto que pueden resultar más duraderas para el negocio.
Los estados han pedido cambios sobre elementos centrales de Instagram y Facebook: eliminar o restringir el «scroll» infinito y los «me gusta», fijar límites de tiempo para usuarios jóvenes y reforzar los controles para impedir el acceso de menores de 13 años. The New York Times añade restricciones al autoplay, los filtros de belleza y los algoritmos optimizados para engagement entre menores. Son funciones diferentes, aunque todas afectan a la frecuencia y duración de las sesiones. Las mismas líneas de intervención aparecen en el repaso de Euronews sobre las medidas reclamadas.
Instagram y Facebook llevan el diseño de producto al centro
La discusión jurídica se desplaza así desde la moderación de contenidos hacia la arquitectura de las plataformas. Meta ha planteado defensas vinculadas a la sección 230 de la Communications Decency Act y a la libertad de expresión. Los estados intentan situar el daño en decisiones tomadas por la propia compañía: cómo ordena el feed, qué señales de recompensa ofrece, qué notificaciones envía o qué fricción introduce para abandonar una sesión.
El precedente reciente de Nuevo México permite ver hasta dónde puede llegar esa distinción, aunque sea otro procedimiento y esté sujeto a apelación. Un juez ordenó este mes a Meta pagar 567 millones de dólares para un fondo de salud mental juvenil, además de los 375 millones impuestos por un jurado en marzo, y estableció restricciones sobre el uso mensual de adolescentes, las notificaciones y el contacto entre adultos y menores. También rechazó algunas medidas sobre algoritmos, «scroll» infinito y autoplay por sus implicaciones constitucionales y técnicas. Los tribunales pueden intervenir en determinadas funciones, pero esa capacidad no es ilimitada.
Euronews destaca que el proceso de Oakland incluye peticiones más amplias, desde verificación parental hasta restricciones sobre cuentas múltiples y contenido efímero. Que todas ellas lleguen a una sentencia es otra cuestión. Una orden muy detallada tendría que superar objeciones sobre libertad de expresión, viabilidad técnica y protección de contenidos de terceros. Además, este juicio funciona como caso de prueba dentro de una litigación federal mayor: un fallo adverso influiría sobre otros pleitos y negociaciones, pero no equivaldría automáticamente a una regulación nacional para todas las redes sociales.
El negocio publicitario depende de cuánto cambie el engagement
Para Meta, la derivada empresarial aparece cuando esas medidas se trasladan a métricas de uso. Instagram y Facebook monetizan atención e inventario publicitario. Una reducción del tiempo de sesión entre jóvenes puede tener un efecto directo limitado si se observa solo su aportación actual a los ingresos, pero el cálculo cambia con el ciclo de vida del usuario y la competencia por las próximas generaciones de consumidores. La propia demanda sitúa el tiempo de permanencia y la optimización del engagement entre los elementos centrales de las acusaciones.
The Guardian recoge una observación del profesor Steven Murdoch, de University College London: un cambio en el algoritmo de recomendación quizá no altere el mecanismo básico con el que Facebook vende publicidad, aunque sí puede reducir el engagement y las oportunidades de mostrar anuncios. Una sentencia no necesita desmontar el modelo publicitario para afectar a su eficiencia; basta con introducir fricción en las funciones que mantienen a los usuarios desplazándose, reaccionando y regresando.
Meta sostiene que ha trabajado durante años en protecciones para adolescentes y niega que sus productos estén diseñados para causar adicción. El País recoge su defensa de que los estados no han probado daños concretos atribuibles a Facebook e Instagram y que parte de las reclamaciones choca con protecciones constitucionales y legales. El juicio confrontará esa explicación con documentos internos y testimonios. Arturo Bejar, exingeniero de seguridad de Meta, abrió la fase de testigos declarando que la seguridad no siempre formó parte de las decisiones iniciales de lanzamiento de productos como Reels. Mark Zuckerberg y Adam Mosseri están entre los ejecutivos cuya comparecencia está prevista.
Los precedentes de 2026 elevan la presión sin anticipar el desenlace. En marzo, un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y Google a pagar seis millones de dólares a una joven que alegó haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube durante su infancia. Nuevo México ha llevado la exposición potencial de Meta por otro caso hasta más de 942 millones, pendiente de apelación. Miles de demandas de particulares, distritos escolares, municipios y estados mantienen abierto un frente que alcanza también a TikTok, Snap y YouTube.
El proceso de Oakland está previsto para prolongarse varias semanas. Su efecto empresarial dependerá de qué prácticas considere el tribunal atribuibles al diseño de Meta, qué remedios acepte como compatibles con la Primera Enmienda y la sección 230, y cuánto margen deje para diferenciar productos para menores. Si una sentencia obliga a separar de forma más profunda las experiencias de adolescentes y adultos, Meta afrontará costes de desarrollo, verificación de edad y cumplimiento, además de una posible reducción de engagement. Para el resto del sector, la referencia será el precio operativo de adaptar productos construidos alrededor de la permanencia.
