Donald Trump ha anunciado la creación de una AI Force y el próximo nombramiento de un nuevo responsable federal para inteligencia artificial. La iniciativa añade una nueva pieza a la política tecnológica de Estados Unidos cuando el debate sobre seguridad, regulación y competencia con China se ha intensificado.
El presidente comparó la futura estructura con la Space Force creada durante su primer mandato, aunque hasta este domingo no había detallado su encaje institucional, competencias, presupuesto ni calendario. El anuncio se produjo el 19 de septiembre en Truth Social.
Trump mantuvo en su mensaje la línea favorable al crecimiento de la industria que ha caracterizado a su Administración. Aseguró que el Gobierno no pretende frenar el desarrollo de la IA y defendió que los posibles abusos pueden abordarse mediante el sistema penal y civil existente. Al mismo tiempo, la promesa de una entidad específica y un nuevo «zar» de IA introduce una mayor presencia federal en una tecnología que ya atraviesa defensa, energía, comercio exterior y ciberseguridad.
Una «AI Force» que todavía no tiene encaje institucional
La comparación con la Space Force aporta más referencia política que información administrativa. La fuerza espacial estadounidense fue creada en diciembre de 2019 mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2020, aprobada por el Congreso y firmada por Trump, y se convirtió en la sexta rama de las Fuerzas Armadas. El anuncio de la «AI Force» no aclara si la Casa Blanca contempla una oficina dentro del Ejecutivo, un órgano interagencias, una estructura vinculada al Pentágono o una entidad con base legal propia.
El Gobierno federal ya dispone de varios centros con responsabilidades sobre inteligencia artificial. La Office of Science and Technology Policy, dirigida por Michael Kratsios, coordina la política científica y tecnológica de la Casa Blanca. El Pentágono cuenta además con su Chief Digital and Artificial Intelligence Office, orientada a acelerar la adopción de datos, analítica e IA en Defensa.
En junio, Trump firmó también un memorando de seguridad nacional para acelerar la incorporación de sistemas avanzados de IA en defensa e inteligencia. El documento exige que los sistemas desplegados sean robustos, controlables y mantengan líneas claras de responsabilidad, una señal de que la estrategia de expansión de la Administración ya incluye requisitos específicos de seguridad para determinados usos.
La nueva figura del «zar» tampoco parte de cero. David Sacks ocupó la responsabilidad de IA y criptomonedas al comienzo del segundo mandato y dejó esa función en marzo. Continúa cerca de la política tecnológica presidencial como copresidente, junto a Kratsios, del President’s Council of Advisors on Science and Technology. La Casa Blanca formalizó ambos nombramientos en marzo. La futura «AI Force» tendrá que delimitar, por tanto, qué funciones añade a una arquitectura administrativa que ya cuenta con varios órganos de coordinación y asesoramiento.
El anuncio recuerda además a otra iniciativa de nombre similar que la Administración presentó a finales de 2025. Como contó La Ecuación Digital entonces, US Tech Force nació con el objetivo de incorporar unos 1.000 ingenieros, especialistas en IA y otros perfiles tecnológicos a distintas agencias federales durante periodos de dos años. El programa sí llegó a ponerse en marcha, aunque mucho más lentamente de lo previsto: a finales de mayo apenas diez nuevos empleados habían completado su incorporación, frente al objetivo inicial de formar una cohorte de 1.000 personas, mientras sus responsables situaban entre 180 y 200 el número de contrataciones realizadas. Desde entonces, la iniciativa ha seguido abriendo procesos de selección y nuevas ramas especializadas, por lo que la incógnita ahora es cómo se diferenciará la nueva « AI Force » de una estructura que ya pretendía reforzar las capacidades tecnológicas del Gobierno federal.
Crecimiento, seguridad y competencia con China
El anuncio llega después de varias advertencias desde la propia industria sobre la velocidad de desarrollo de los modelos más avanzados. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha pedido reducir el ritmo de mejora de las capacidades para ganar tiempo en investigación sobre alineamiento, interpretabilidad y evaluación.
En un texto publicado este mes, Amodei sostuvo que uno o dos años adicionales antes de alcanzar niveles críticos de capacidad podrían reducir el riesgo de fallos graves si ese margen se utiliza para mejorar los mecanismos de seguridad. Su propuesta incluye una mayor coordinación entre desarrolladores y evaluaciones más exigentes de los sistemas de frontera.
La posición difiere de la orientación general de Trump, que ha criticado las llamadas a frenar el desarrollo y ha presentado el liderazgo frente a China como una prioridad económica y de seguridad nacional. Su política reciente, sin embargo, ya incorpora mecanismos de control. Una orden ejecutiva de junio combina el objetivo de acelerar la innovación con medidas de seguridad coordinadas entre organismos federales.
Además, el marco legislativo sobre IA presentado por la Casa Blanca en marzo reconoce preocupaciones ciudadanas relacionadas con asuntos como el bienestar de los menores o el efecto de la nueva infraestructura tecnológica sobre la factura eléctrica. La incógnita es si la «AI Force» concentrará algunas de esas funciones o actuará principalmente como mecanismo de coordinación.
El debate también ha llegado a otras figuras políticas. Barack Obama defendió el 18 de septiembre, durante una intervención en Colgate University, un mayor papel regulador del Gobierno y valoró positivamente que varias compañías estén planteando reducir temporalmente el ritmo de desarrollo. El encuentro tuvo lugar el viernes en el campus de la universidad, que había programado la conversación dentro de su Family Weekend.
La oposición a los centros de datos entra en la política
La preocupación pública añade otra dimensión. Una encuesta de The New York Times y Siena University realizada entre 1.503 votantes probables del 8 al 13 de septiembre encontró que el 61% se oponía a construir centros de datos destinados a alimentar sistemas de inteligencia artificial. El rechazo alcanzaba el 75% entre votantes demócratas y el 47% entre republicanos. El sondeo fue publicado el 15 de septiembre.
El dato no equivale a un rechazo general a la inteligencia artificial. Mide una infraestructura concreta, con efectos visibles sobre territorio, consumo eléctrico, agua y redes energéticas. Para las empresas tecnológicas, esa distinción importa porque una parte del debate político empieza a desplazarse desde las capacidades de los modelos hacia las condiciones materiales necesarias para desplegarlos a escala.
Los grandes proveedores necesitan capacidad energética, permisos, suelo, redes de transmisión y cadenas de suministro para chips y centros de datos. Una estructura federal con capacidad de coordinación podría influir en varios de esos frentes incluso aunque no termine convertida en un regulador tecnológico convencional.
Europa ya opera con un marco regulatorio distinto
Para las compañías europeas y los proveedores estadounidenses que comercializan servicios en la UE, la discusión estadounidense coincide con una fase más avanzada de aplicación del AI Act. Las obligaciones para los proveedores de modelos de propósito general son aplicables desde agosto de 2025 y, desde el 2 de agosto de 2026, la Comisión Europea puede exigir su cumplimiento pleno, incluidas sanciones.
Los proveedores de modelos de propósito general con riesgo sistémico deben evaluar y mitigar riesgos, comunicar incidentes graves y aplicar medidas de ciberseguridad. El esquema europeo establece así obligaciones específicas sobre los modelos más avanzados mientras Washington continúa definiendo hasta dónde quiere extender la supervisión federal.
Para multinacionales y proveedores de modelos, una reorganización de la política estadounidense no elimina las obligaciones europeas. Al mismo tiempo, decisiones de Washington sobre controles de exportación, contratación pública, estándares de seguridad o acceso a capacidad de computación pueden modificar las condiciones del mercado global y afectar a empresas clientes en Europa.
El alcance empresarial de la «AI Force» dependerá finalmente de los instrumentos que reciba. Si se limita a coordinar agencias, deberá convivir con la OSTP, el consejo presidencial de asesores y las estructuras de IA del Pentágono. Si obtiene competencias sobre estándares, seguridad, compras o política industrial, su efecto será más directo para fabricantes de modelos, proveedores cloud, operadores de centros de datos y empresas usuarias. Esa definición institucional sigue siendo la principal pieza que falta en el anuncio de Trump.
