NTT DATA ha presentado los resultados para España de su Informe global de IA 2026 : el 96% de las organizaciones consultadas considera importante la IA privada y soberana y el 97% valora trasladar sus infraestructuras a ubicaciones geográficas concretas por motivos geopolíticos. El desglose llega pocas semanas después de que el Reglamento europeo de IA comenzara a aplicarse con carácter general el 2 de agosto, con nuevas funciones de implementación, supervisión y ejecución para la Oficina de IA y las autoridades nacionales.
La elevada conciencia expresada por las empresas españolas contrasta con el ritmo de ejecución internacional. En la muestra global, solo el 29% de las organizaciones prioriza la IA soberana a corto plazo y está adoptando medidas concretas. Ese porcentaje no corresponde específicamente a España y, por tanto, no permite concluir que siete de cada diez compañías españolas carezcan de preparación. Sí revela una distancia general entre la importancia concedida al control de la IA y la inversión necesaria para llevarlo a la práctica.
Los resultados nacionales proceden de 75 altos responsables de decisión. Forman parte de una investigación con cerca de 5.000 participantes de más de 30 mercados y una docena de sectores, realizada mediante cuestionarios en dos fases durante septiembre y octubre de 2025, según la metodología publicada para el estudio global. La muestra española ofrece una señal sobre las prioridades de las grandes organizaciones, aunque su tamaño aconseja interpretar los porcentajes nacionales como tendencias y no como una radiografía exhaustiva del tejido empresarial.
Privacidad y soberanía responden a necesidades distintas
El estudio agrupa dos conceptos relacionados, pero no equivalentes. La IA privada se ejecuta en entornos controlados para proteger datos, modelos y operaciones. La IA soberana añade requisitos sobre la jurisdicción aplicable a la infraestructura, los datos y su gobierno, de acuerdo con la distinción que establece la página oficial de la investigación.
La diferencia tiene consecuencias para la arquitectura tecnológica. Una empresa puede mantener cargas de trabajo aisladas y accesos restringidos sin garantizar que toda la infraestructura esté sometida a una jurisdicción concreta. Alcanzar ese segundo nivel exige conocer dónde se almacenan y procesan los datos, quién administra cada capa, qué proveedores intervienen y qué legislación podría afectar al acceso a la información.
La geopolítica entra así en decisiones antes dominadas por criterios de rendimiento, coste y disponibilidad. El 97% de los participantes españoles afirma que su compañía estudia ubicar infraestructura de IA en territorios determinados por estas preocupaciones. Para los equipos directivos, la localización deja de ser un detalle contractual del proveedor de nube y pasa a condicionar la continuidad operativa, el cumplimiento y la exposición a terceros.
Según Andrea Cacciapaglia, socio responsable de Datos e Inteligencia Artificial de NTT DATA, «En España, como en el resto del mundo, la soberanía y la privacidad de la IA han dejado de ser debates teóricos: ya condicionan la competitividad y la capacidad de las organizaciones para transformar la IA en valor de negocio».
Regulación, inversión y complejidad frenan la ejecución
Las principales barreras identificadas en España están muy próximas entre sí. El 28% de las organizaciones menciona la regulación, el 27% señala la inversión necesaria y el 24% apunta a la complejidad técnica. A estas dificultades se suma la falta de especialistas capaces de combinar conocimientos de inteligencia artificial, nube, datos, ciberseguridad, cumplimiento y gobierno tecnológico.
La integración de entornos híbridos merece una lectura particular. La cita el 24% de la muestra española, frente a más de la mitad de las organizaciones del conjunto global. La diferencia puede reflejar arquitecturas, prioridades o interpretaciones distintas entre mercados, pero no elimina el trabajo operativo: las cargas pueden repartirse entre centros de datos propios, nubes públicas y plataformas locales, con políticas consistentes de acceso, trazabilidad y protección.
La inversión soberana se justifica principalmente por la seguridad para el 33% de los encuestados españoles. Casi tres de cada diez la relacionan con una ventaja competitiva y el 23% cree que puede simplificar su ecosistema tecnológico. Esta última expectativa dependerá de la capacidad para reducir fragmentación, porque imponer más condiciones de localización y gobierno también puede multiplicar proveedores, herramientas y procedimientos si no existe una arquitectura común.
Cacciapaglia resume esa exigencia organizativa: «Las empresas entienden cada vez mejor que escalar la IA requiere control sobre los datos, seguridad, cumplimiento normativo y capacidad de operar en entornos híbridos complejos. El diferencial estará en la capacidad de orquestar ese ecosistema sin perder agilidad ni capacidad de innovación».
La confianza en la infraestructura exige matices
Las respuestas españolas son optimistas sobre la base tecnológica disponible. Todas las compañías consultadas consideran que su infraestructura puede responder a las demandas actuales y el 95% cree que está preparada para desplegar IA agéntica. Este dato mide confianza declarada en otra modalidad de IA y no acredita, por sí mismo, que las organizaciones ya cumplan los requisitos jurisdiccionales, de seguridad y gobierno asociados a un entorno soberano.
También existe un desfase temporal relevante. Las respuestas se recogieron en 2025, antes de la aplicación general del Reglamento europeo de IA. Aunque el marco jurídico era conocido, las contestaciones no reflejan la experiencia operativa posterior a la entrada en vigor de las nuevas obligaciones y facultades de supervisión.
El informe completo había sido presentado internacionalmente el 14 de mayo, donde NTT DATA ya vinculaba entonces la brecha entre intención y ejecución con las limitaciones de las arquitecturas e infraestructuras empresariales. La publicación de agosto aporta el detalle español y muestra una preocupación particularmente alta por la ubicación geográfica, ligeramente por encima del 95% global que considera relevantes la privacidad y la soberanía.
Para las empresas, convertir esa preocupación en capacidad operativa requerirá inventariar datos, modelos y cargas de trabajo; asignarles requisitos de localización y acceso; y trasladar esas condiciones a contratos, controles de seguridad y procesos de despliegue. Sin ese mapa previo, la soberanía corre el riesgo de abordarse proyecto a proyecto, con costes mayores y dificultades para escalar la IA entre unidades de negocio.
