La Comisión Europea ha aprobado el quinto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, con una transferencia de 24.137 millones de euros brutos. Se trata del mayor pago autorizado hasta la fecha a cualquier Estado miembro bajo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), vigente desde 2021.
La aprobación se produce tras verificar el cumplimiento íntegro de 82 hitos y objetivos y la validación parcial de otros dos, así como la confirmación de un hito pendiente del cuarto pago. Según ha confirmado la Comisión, este nuevo desembolso incluye 6.991 millones en transferencias no reembolsables y 15.935 millones en forma de préstamos.
España encabeza la recepción de fondos no reembolsables
Con este quinto tramo, España ha recibido ya cerca de 55.000 millones de euros en transferencias, lo que representa el 70% del total adjudicado, consolidándose como el primer país de la Unión Europea en volumen de fondos no reembolsables percibidos, por delante de Italia y Francia. En conjunto, el Estado ha ejecutado 264 hitos y objetivos desde el inicio del plan.
La evaluación de la Comisión ha incluido 69 metas relacionadas con transferencias (41 objetivos y 28 hitos) y otras 13 ligadas a los nuevos préstamos. Además, se ha confirmado la validez del cumplimiento del hito del cuarto pago relacionado con el programa Kit Consulting, enfocado en la transformación digital de pymes.
Reformas validadas: educación, justicia, transición verde y energía
Entre los avances que han obtenido validación por parte de la Comisión destacan medidas legislativas y proyectos de inversión en ámbitos clave:
- Educación y formación: se ha aprobado la nueva Ley de Universidades, la promoción de microcredenciales y la creación de 50.000 nuevas plazas de Formación Profesional.
- Justicia: entran en vigor la Ley de Eficiencia Organizativa y Procesal y la Ley del Derecho de Defensa, que reestructuran procesos judiciales y procedimientos legales.
- Transición ecológica: se han adoptado 12 protocolos de Transición Justa, actuaciones sobre ecosistemas costeros, nuevas áreas marinas protegidas y una reforma de la Ley de Aguas centrada en sostenibilidad y uso eficiente de recursos hídricos.
- Energía renovable: se han introducido medidas para simplificar los trámites normativos, fomentar el desarrollo del hidrógeno verde y ampliar la capacidad energética instalada.
- Infraestructuras: se han realizado inversiones en transporte por carretera, red ferroviaria, sistemas de cercanías, vivienda social y regadíos con criterios de sostenibilidad.
Inclusión de préstamos: despliegue de nuevos instrumentos financieros
Por primera vez, este tramo incluye una cantidad considerable en forma de préstamos (15.935 millones de euros), cuya aprobación ha sido completa por parte de la Comisión. Entre los fondos ya activados se encuentran los siguientes:
ICO Verde, ICO Empresas y Emprendedores, e ICO Vivienda, que en conjunto movilizan más de 30.000 millones de euros para inversión empresarial, transición energética y accesibilidad a la vivienda.
Fondo de Resiliencia Autonómica, orientado a reforzar la capacidad de inversión en comunidades autónomas.
Fondos COFIDES, que incluyen el Fondo de Impacto Social (FIS) y el Fondo de Coinversión (FOCO).
Fondos estratégicos SETT, con iniciativas como el Next Tech (4.000 millones), el Audiovisual Hub (1.700 millones) y el PERTE CHIP (12.000 millones), centrados en innovación tecnológica y digitalización industrial.
Hitos en proceso de revisión
A pesar del resultado positivo de la evaluación, dos hitos permanecen pendientes de validación completa. El primero es la reforma de la fiscalidad del diésel, prevista mediante la retirada de la bonificación fiscal. Esta medida fue incluida en una enmienda parlamentaria que no consiguió respaldo suficiente en el Congreso.
El segundo está vinculado a la digitalización de entidades regionales y locales. Aunque se ha verificado el cumplimiento mayoritario, la Comisión ha solicitado un periodo adicional para revisar parte de la documentación presentada, con el objetivo de determinar si se alcanzan todos los requisitos exigidos.
En paralelo, se trabaja en la adaptación del hito relativo a la reducción de la temporalidad en el empleo público, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta medida formaba parte de la primera solicitud de pagos y su modificación será objeto de análisis conjunto entre las autoridades españolas y los servicios técnicos europeos.
Próximas fases del Plan de Recuperación
El Plan de Recuperación español contempla una financiación total cercana a los 160.000 millones de euros, repartidos entre transferencias directas y préstamos. Tras el desembolso aprobado el 7 de julio, se prevé que las siguientes solicitudes estén condicionadas al avance en reformas estructurales, la ejecución de inversiones complejas y la resolución de hitos que requieren coordinación interadministrativa.
El seguimiento de la Comisión Europea incluye mecanismos de auditoría y control para verificar la utilización de fondos y la sostenibilidad de los impactos generados. España deberá mantener el ritmo de implementación y colaboración con las autoridades comunitarias para asegurar la recepción del tramo restante de los fondos asignados.
