La Unión Europea ha abierto la licitación para crear hasta siete AI Gigafactories en distintos puntos del continente, una operación con la que Bruselas intenta reducir una de sus principales dependencias tecnológicas: el acceso a capacidad de cálculo suficiente para entrenar, ajustar y ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial. La convocatoria, gestionada a través de EuroHPC JU, combina financiación pública europea y nacional con capital privado y aspira a movilizar más de 30.000 millones de euros.
La cifra explica solo una parte del movimiento. La cuestión relevante para empresas, administraciones y proveedores tecnológicos europeos es si esta nueva infraestructura permitirá competir en una fase de la IA dominada por economías de escala, chips escasos, altos costes energéticos y proveedores globales con posiciones muy consolidadas.
AI Gigafactories: una respuesta industrial al déficit de cómputo
Las futuras AI Gigafactories estarán diseñadas como infraestructuras industriales de gran escala. Combinarán procesadores especializados para IA, software, pilas cloud, conectividad de alta velocidad y centros de datos energéticamente eficientes. Su función será ofrecer capacidad para entrenamiento, inferencia y «fine-tuning» de modelos frontera, con acceso para start-ups, scale-ups, pymes, grandes empresas, universidades, centros de investigación y organismos públicos.
El diseño parte de una premisa sencilla y exigente: la inteligencia artificial avanzada ya no depende solo del talento algorítmico o de la disponibilidad de datos. Depende también de poder ejecutar cargas de trabajo masivas con hardware especializado, de forma estable, segura y conforme a las reglas europeas de protección de datos, seguridad y ética.
Hasta ahora, Europa ha tratado de cubrir parte de esa brecha mediante su red de 19 AI Factories, construidas alrededor de supercomputadores EuroHPC. Las gigafactorías añaden una capa de mayor escala y orientación industrial. No sustituyen a esa red, la amplían hacia un modelo en el que el acceso al cómputo se convierte en un activo económico estratégico.
La convocatoria llega después de que 18 Estados miembros hayan firmado un acuerdo de contratación conjunta con EuroHPC JU: Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia. Esa lista marca también el perímetro inicial de una competición entre territorios por atraer inversión, talento, energía disponible y proveedores de infraestructura.
Más de 30.000 millones y una arquitectura en dos fases
El esquema financiero combina hasta 10.000 millones de euros en financiación pública, procedente de la UE y de los Estados miembros participantes, con al menos 20.000 millones de inversión privada. Bruselas presenta el dinero público como catalizador, no como sustituto del capital industrial que hará falta para construir, operar y actualizar unas instalaciones con ciclos tecnológicos muy cortos.
La licitación se estructura en dos lotes y dos fases de desarrollo. El primer lote podrá apoyar hasta cuatro proyectos. Cada uno podrá recibir hasta 100 millones de euros de financiación europea en una primera fase y hasta 400 millones adicionales en la segunda. Las gigafactorías seleccionadas en este bloque deberán desplegar, como mínimo, tantos procesadores avanzados de IA como los instalados actualmente en la AI Factory más potente de Europa. En la segunda fase, la capacidad tendrá que multiplicarse al menos por tres.
El segundo lote, de mayor escala, prevé hasta tres proyectos. Cada uno podrá acceder a 200 millones de euros en la primera fase y hasta 800 millones adicionales en la segunda. En este caso, las instalaciones deberán desplegar hasta el doble de procesadores avanzados que la mayor AI Factory europea actual, con un salto posterior hasta al menos cuatro veces esa capacidad.
La convocatoria cerrará el 12 de noviembre de 2026. Tras la evaluación competitiva de EuroHPC JU, las adjudicaciones se esperan para comienzos de 2027. Los contratos marco y específicos permitirían iniciar la construcción ese mismo año, con entrada en operación en un plazo máximo de 18 meses desde la firma.
Para el mercado español, la presencia de España entre los Estados firmantes tiene una lectura doble. Abre la puerta a participar en consorcios y, al mismo tiempo, obliga a competir con países que ya han situado la infraestructura digital, la energía y la atracción de centros de datos en el centro de sus estrategias industriales.
Hardware, energía y dependencia exterior
El hardware aparece como una de las piezas más delicadas de la iniciativa. Las AI Gigafactories podrán adquirir procesadores y componentes de proveedores europeos o de países afines durante cualquiera de las dos fases. Parte de esas compras podrá reservarse a start-ups y scale-ups europeas, una vía para fortalecer la cadena digital del continente más allá de la mera instalación de capacidad.
Sin embargo, el equilibrio será complejo. Como seguimiento del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, la Comisión ha firmado cartas de intención con AMD, NVIDIA y Qualcomm para facilitar el acceso de los consorcios al hardware necesario. La medida reduce el riesgo de suministro a corto plazo, aunque mantiene abierta una dependencia estructural: Europa quiere desarrollar IA avanzada sobre infraestructura propia, pero una parte sustancial de los chips críticos seguirá llegando de proveedores estadounidenses.
La dimensión energética añade otra capa. Los centros de datos de IA consumen grandes volúmenes de electricidad y requieren soluciones de refrigeración avanzadas. Bruselas vincula la iniciativa a criterios de eficiencia energética, reutilización de calor, refrigeración avanzada y sostenibilidad. El supercomputador JUPITER, en Jülich, se cita como referencia europea por su potencia y eficiencia.
Pese a ello, la construcción de gigafactorías obligará a coordinar permisos, suelo, conexión a red, disponibilidad de agua, contratos energéticos y aceptación territorial. El futuro Cloud and AI Development Act pretende facilitar esa expansión, con el objetivo de triplicar la capacidad de centros de datos de la UE en los próximos cinco a siete años y cubrir plenamente las necesidades de empresas y administraciones hacia 2035.
La infraestructura digital empieza a parecerse cada vez más a una política energética e industrial. Para los operadores, la ventaja ya no estará solo en instalar servidores; dependerá de asegurar energía competitiva, cumplir estándares ambientales y ofrecer servicios cloud e IA con garantías regulatorias suficientes para sectores críticos.
Acceso para empresas y cumplimiento regulatorio
El acceso a las AI Gigafactories se articulará mediante la compra conjunta de tiempo de cálculo por parte de EuroHPC JU y los Estados miembros. Ese modelo pretende abrir capacidad a actores que no pueden financiar por sí solos infraestructuras comparables: pymes industriales, laboratorios, proveedores sectoriales de software, hospitales, universidades o administraciones con necesidades de IA generativa y modelos especializados.
La Comisión insiste en que las tecnologías desarrolladas en estas instalaciones deberán ajustarse a los estándares europeos de protección de datos, seguridad, ética y cumplimiento normativo. Ese encaje es relevante para sectores donde la adopción de IA no depende únicamente de rendimiento técnico. Finanzas, salud, industria, energía o servicios públicos necesitan trazabilidad, control de datos y garantías jurídicas antes de integrar modelos avanzados en procesos sensibles.
La estrategia se conecta con otras piezas del AI Continent Action Plan. La futura Apply AI Strategy buscará acelerar el uso de soluciones «made in Europe» en sectores estratégicos. Los European Digital Innovation Hubs actuarán como puntos de entrada para empresas y organizaciones públicas que necesiten pruebas, asesoramiento financiero, formación o apoyo regulatorio. La AI Act Service Desk, prevista como ventanilla de orientación sobre la ley europea de IA, añadirá otra capa de soporte.
Aun así, la adopción empresarial dependerá de factores menos visibles que la financiación inicial. Las compañías necesitarán interfaces de acceso simples, costes previsibles, soporte técnico, herramientas cloud compatibles con sus entornos y disponibilidad de datos de calidad. La Comisión prevé que las AI Factories puedan ofrecer servicios como limpieza, anonimización, normalización y generación de datos sintéticos, aunque la oferta concreta variará por instalación.
Una carrera europea con calendario ajustado
La iniciativa se inscribe en InvestAI, el plan anunciado por Ursula von der Leyen en la cumbre de IA de París de febrero de 2025 para movilizar 200.000 millones de euros en inversión en inteligencia artificial. Dentro de ese paraguas, las AI Gigafactories representan la parte más intensiva en capital físico: edificios, energía, chips, conectividad, refrigeración y operación continua.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, ha situado el acceso a gran escala de capacidad de cálculo como una necesidad estratégica para Europa. Su mensaje recoge una preocupación compartida por buena parte del sector: sin infraestructura propia suficiente, las empresas europeas seguirán dependiendo de proveedores externos para desarrollar modelos avanzados o desplegar aplicaciones de alto impacto.
El desafío está en convertir la contratación pública y los consorcios industriales en servicios útiles para el tejido empresarial. Europa cuenta con universidades, centros de investigación, fabricantes industriales y una regulación influyente. En contraste, la concentración de capital privado, chips y plataformas cloud sigue favoreciendo a Estados Unidos, mientras China combina escala de mercado, planificación industrial y capacidad energética.
Las AI Gigafactories no resolverán por sí solas esa brecha. Pueden, sin embargo, modificar el punto de partida de muchas empresas europeas que hoy no tienen acceso directo a capacidad de IA avanzada. La licitación abre una fase en la que los consorcios deberán demostrar algo más que músculo financiero: tendrán que asegurar suministro de hardware, energía, talento, gobernanza, clientes y un modelo operativo capaz de sostenerse cuando termine el impulso inicial de los fondos públicos.
