DigitalES quiere que España afronte la próxima legislatura con una Agenda Digital 2030 que convierta la posición alcanzada en conectividad en mejoras de productividad, inversión y competitividad. La asociación propone cinco grandes prioridades y diez medidas dirigidas a partidos políticos e instituciones, con especial atención a la regulación, las infraestructuras, la inteligencia artificial, el talento y la seguridad digital.
El planteamiento parte de una situación desigual. España se encuentra entre los países europeos mejor posicionados en despliegue de redes y servicios públicos digitales, pero mantiene margen de mejora en ámbitos como la adopción empresarial de tecnologías avanzadas o la disponibilidad de especialistas TIC. El informe de la Década Digital de 2026 de la Comisión Europea identifica precisamente esas dos áreas entre los principales retos españoles.
La patronal reclama por ello una política digital de largo plazo, con objetivos medibles y coordinación entre las distintas administraciones y el sector privado. Su propuesta llega además cuando buena parte de las medidas de la actual hoja de ruta española para la Década Digital se acerca al final de su periodo de ejecución. La Comisión calcula que el 87% de las medidas incluidas en ese plan concluyen en 2026, concentrando el 98% de la financiación pública prevista.
«España tiene una oportunidad para consolidarse como uno de los países de referencia en la economía digital europea, pero necesitamos ambición y una estrategia compartida. La próxima legislatura debe sentar las bases para atraer inversión, desarrollar capacidades tecnológicas propias y conseguir que la digitalización se traduzca en mayor productividad, empleo y prosperidad», afirma Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES.
De las redes desplegadas a la productividad
La primera cuestión que plantea la Agenda es cómo trasladar las inversiones realizadas durante los últimos años a la economía productiva. España ha alcanzado una cobertura de fibra hasta el hogar del 96%, frente al 74,1% de la media de la UE, mientras que la cobertura 5G llega al 99,2% de las áreas pobladas. La ventaja también se observa en las conexiones de alta capacidad.
DigitalES considera que mantener esa posición exigirá reducir las barreras administrativas para los nuevos despliegues. Entre sus propuestas figura una ventanilla única para tramitar permisos y una mayor homogeneidad entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para proyectos de fibra, antenas, redes 5G, cables submarinos, centros de datos y servicios en la nube.
La asociación también reclama revisar tasas y cánones que, a su juicio, encarecen las inversiones, así como coordinar la planificación energética y digital. Este último aspecto adquiere mayor importancia con el crecimiento de los centros de datos y de la capacidad de computación necesaria para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.
La fortaleza de las infraestructuras tampoco garantiza por sí misma mejoras equivalentes en productividad. Un estudio de Cotec e Ivie calcula que los factores de producción digitales explicaron el 36% del crecimiento económico español entre 2011 y 2023, pese a representar alrededor del 21% del valor añadido. En ese periodo, la contribución media anual del capital y el trabajo digitales alcanzó 0,39 puntos porcentuales sobre un crecimiento del VAB de 1,08 puntos.
Más IA empresarial y ayudas ligadas a resultados
La inteligencia artificial ocupa una parte central de la tercera prioridad planteada por DigitalES. La patronal propone reorientar los programas de digitalización empresarial hacia proyectos capaces de acreditar incrementos de productividad, especialmente entre las pymes, y acompañarlos con financiación, asesoramiento y acceso a recursos de computación.
España ha acelerado la adopción de IA durante los últimos años. Los datos de la Década Digital sitúan su utilización en el 20,3% de las empresas, con un crecimiento anual del 79,2%. La situación es menos favorable en servicios de computación en la nube, empleados por el 37,9% de las empresas españolas frente al 46,7% de la media comunitaria.
La propuesta incluye también incentivos fiscales para la I+D+i, apoyo a proyectos de tecnologías emergentes como la computación cuántica y un mayor uso de la contratación pública como primer cliente de soluciones innovadoras. DigitalES plantea que los concursos públicos incorporen criterios relacionados con calidad, interoperabilidad y seguridad, además del precio.
Esta orientación conecta con un debate más amplio en la Unión Europea sobre la capacidad de las empresas tecnológicas para crecer dentro del mercado comunitario. DigitalES reclama que España ejerza una mayor influencia en Bruselas, defienda un mercado único digital más integrado y favorezca un marco de competencia compatible con la consolidación empresarial y la creación de compañías europeas de mayor escala.
El calendario europeo añade relevancia a esa discusión. La propuesta de presupuesto comunitario para 2028-2034, actualmente en negociación, asciende a cerca de dos billones de euros e incluye un nuevo Fondo Europeo de Competitividad orientado, entre otros ámbitos, a tecnologías estratégicas y transición digital. La Comisión ha planteado además multiplicar por cinco la inversión europea destinada al área digital.
Duplicar el peso de los especialistas TIC
El segundo gran desequilibrio señalado por la Agenda aparece en el mercado laboral. DigitalES propone un Pacto de Estado por el Talento Digital que eleve el peso de los especialistas TIC desde el 4,8% actual hasta el 10% de las personas ocupadas en 2030.
Ese porcentaje coincide con el objetivo establecido para el conjunto de la Unión Europea. En 2025, los especialistas TIC representaban aproximadamente el 5% del empleo comunitario, todavía a mitad del objetivo fijado para el final de la década. España se encuentra ligeramente por debajo de la media europea pese a haber superado el millón de profesionales especializados.
Para acortar la distancia, la asociación reclama revisar la oferta de Formación Profesional y universitaria, ampliar los modelos de formación dual y las microcredenciales y facilitar la recualificación de trabajadores. También incorpora entre sus prioridades el aumento de las vocaciones STEM, la presencia femenina en las profesiones tecnológicas y la integración responsable de herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza.
El objetivo implica acelerar de manera considerable la incorporación de profesionales digitales durante los próximos cuatro años. La Comisión Europea mantiene el capital humano como una de sus principales recomendaciones para España y advierte de que la proporción de especialistas TIC sigue siendo reducida respecto al tamaño del mercado laboral.
Seguridad digital y capacidad de influencia en Europa
El último bloque de la propuesta aborda ciberseguridad, fraude, protección de menores, sostenibilidad y brechas digitales. DigitalES pide coordinar las distintas obligaciones de seguridad que afectan a las empresas y reforzar la cooperación público-privada, con medidas específicas para que las pymes puedan cumplir requisitos que requieren capacidades técnicas y económicas difíciles de asumir internamente.
También plantea cambios normativos para reforzar la colaboración de los intermediarios digitales contra la piratería audiovisual y sistemas proporcionados de verificación de edad para proteger a los menores. En materia ambiental, reclama mejorar la eficiencia energética de redes y centros de datos y facilitar la reparación y el reacondicionamiento de dispositivos.
El alcance de estas medidas dependerá en buena medida de decisiones que superan el marco nacional. Regulación de plataformas, inteligencia artificial, telecomunicaciones, competencia, ciberseguridad y financiación tecnológica se deciden cada vez más a escala comunitaria. De ahí que DigitalES sitúe la capacidad de influencia española dentro de la UE al mismo nivel que las medidas de política industrial interna.
La propia asociación cifra en 115.000 los empleos directos generados por sus empresas asociadas y estima su impacto económico en torno al 6% del PIB español. Su Agenda Digital 2030 plantea utilizar ese peso empresarial y la posición alcanzada en infraestructuras como punto de partida para la siguiente fase de la digitalización: aumentar la capacidad de las empresas para adoptar tecnología, desarrollar conocimiento propio y competir por las inversiones que Europa concentrará en IA, computación, redes y otras tecnologías estratégicas durante los próximos años.
