La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta de Reglamento de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA), una reforma de las normas europeas de consumo que afectará de forma directa a las empresas que venden productos o servicios a particulares. El texto aborda prácticas como los patrones oscuros, el diseño adictivo, la personalización comercial, las suscripciones digitales, determinados sistemas de precios y la actividad publicitaria de los influencers.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio con el que Bruselas pretende actualizar el marco europeo de protección de los consumidores. La Comisión Europea sitúa entre sus objetivos reducir la fragmentación regulatoria dentro del mercado único, aclarar las obligaciones de las empresas y reforzar la protección de menores y otros consumidores vulnerables.
Para Adigital, uno de los elementos más relevantes es precisamente la elección de un reglamento europeo, directamente aplicable en los Estados miembros, frente a un marco basado principalmente en directivas que requieren transposición nacional.
«Europa ya cuenta con un marco amplio de protección de los consumidores. Sin embargo, gran parte de la regulación en materia de consumo sigue articulándose a través de directivas que cada país debe transponer. Eso genera incertidumbre para empresas y consumidores y puede derivar en criterios distintos por parte de autoridades y tribunales», explica Dolores Ramos, directora de Políticas Públicas de Adigital.
La asociación considera que una norma común puede reducir esas diferencias. «Es una buena noticia que se haya optado por un reglamento, que permitirá avanzar hacia una aplicación más homogénea y armonizada», añade Ramos.
Del comercio electrónico a las prácticas comerciales B2C
La reforma parte del examen que Bruselas inició después de la Nueva Agenda del Consumidor de 2020. En 2022, la Comisión puso en marcha una evaluación de las reglas europeas sobre equidad digital que analizó, entre otras normas, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre derechos de los consumidores y la Directiva sobre cláusulas abusivas.
La revisión concluyó en 2024 que ese marco seguía siendo necesario, aunque detectó problemas derivados de nuevas prácticas comerciales digitales y diferencias en su aplicación dentro de la UE. Entre las prioridades identificadas figuraban los patrones oscuros, la fragmentación regulatoria y la necesidad de coordinar mejor las reglas de consumo con el resto del marco digital europeo.
La propuesta presentada el 11 de noviembre de 2026 desarrolla ahora esa revisión mediante nuevas reglas sobre prácticas comerciales y contratos. Aunque una parte importante de las obligaciones responde a problemas surgidos en servicios digitales y comercio electrónico, la reforma persigue que los consumidores dispongan de un nivel equivalente de protección cuando compran por Internet o en establecimientos físicos.
Adigital destaca este alcance como uno de los aspectos que deberán analizarse durante la tramitación. «Se trata de uno de los expedientes regulatorios más relevantes, ya que afecta a todas las empresas que tienen negocio B2C. Y lo es todavía más porque, frente a lo esperado, la propuesta de la Comisión ha ampliado su ámbito de aplicación a las experiencias de compra presenciales y no solo las online», señala Ramos.
La asociación defiende que esa aproximación debe traducirse en reglas equivalentes cuando las prácticas comerciales sean comparables. «El consumidor es el mismo, con independencia de que compre en una tienda física o a través de una plataforma digital. Las reglas deben partir de un mismo principio y evitar diferencias injustificadas entre ambos entornos».
Patrones oscuros, diseño adictivo y personalización
Uno de los bloques centrales del Reglamento de Equidad Digital son los denominados patrones oscuros, técnicas de diseño de interfaces destinadas a condicionar las decisiones del consumidor. Pueden incluir desde contadores que generan una falsa sensación de escasez hasta opciones preseleccionadas o recorridos diseñados para dificultar determinadas decisiones.
Bruselas plantea delimitar con mayor precisión qué prácticas pueden considerarse desleales y reforzar las exigencias de transparencia. El objetivo es cubrir comportamientos que la normativa actual ya puede perseguir en determinadas circunstancias, pero cuya aplicación ha generado interpretaciones diferentes.
El texto también aborda el diseño de productos y servicios digitales que puede fomentar un uso excesivo o compulsivo. Dentro de este apartado aparecen funcionalidades de interacción recurrente y mecanismos como determinadas monedas virtuales, que pueden hacer menos perceptible para el usuario cuánto dinero real está gastando. La propuesta contempla que algunas de estas funciones puedan desactivarse con mayor facilidad.
Otro ámbito relevante es la personalización comercial. El DFA pretende acotar el uso de sistemas automatizados capaces de aprovechar vulnerabilidades individuales para influir en decisiones de compra, con especial atención a menores y otros colectivos vulnerables.
Este apartado deberá convivir con normas que ya imponen restricciones o condiciones al tratamiento de datos y a determinados sistemas automatizados. Para las empresas, esa coexistencia será uno de los puntos operativos más importantes del futuro reglamento.
Suscripciones e influencers entran en el nuevo marco
Las suscripciones y los contratos recurrentes reciben también un tratamiento específico. Bruselas quiere establecer reglas más detalladas para los periodos gratuitos de prueba, las renovaciones automáticas, la conversión de servicios gratuitos en suscripciones de pago, los mecanismos de cancelación y determinadas prácticas utilizadas para retener al cliente.
La Comisión ha identificado asimismo las dificultades para cancelar contratos celebrados por Internet o para acceder a atención humana como problemas que pretende corregir con la reforma.
El cambio puede obligar a revisar procesos comerciales habituales en servicios digitales, telecomunicaciones, contenidos, software, comercio electrónico y otros modelos basados en pagos recurrentes. La relevancia dependerá del texto que finalmente acuerden el Parlamento Europeo y los Estados miembros, ya que la propuesta presentada este miércoles todavía no constituye derecho aplicable.
Los influencers forman otro de los ámbitos incluidos. La propuesta pretende reforzar la identificación de comunicaciones comerciales y aclarar las responsabilidades de los diferentes participantes en campañas publicitarias y promociones realizadas a través de redes sociales.
Adigital pide que, durante la negociación, las nuevas obligaciones distingan de forma suficientemente precisa entre prácticas comerciales desleales y técnicas legítimas de marketing y venta, además de prestar atención al impacto para pymes y pequeños comercios.
El encaje con DSA, DMA, IA y protección de datos
La acumulación de normas europeas aplicables a la economía digital será otro de los puntos de debate. El DFA se incorpora a un marco en el que ya operan el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento General de Protección de Datos, entre otras normas.
Adigital reclama que el nuevo texto sea coherente con esas obligaciones para reducir duplicidades e interpretaciones contradictorias, una preocupación compartida por distintos sectores empresariales ante la expansión del marco regulatorio europeo.
La propia Comisión ha señalado que una de las razones de la reforma es mejorar la aplicación coherente de la legislación de consumo y del conjunto de normas digitales de la UE.
El paquete presentado este miércoles incluye además una revisión del Reglamento de cooperación para la protección de los consumidores (CPC). La propuesta reforzaría la coordinación de las autoridades nacionales y concedería a la Comisión mayores capacidades de investigación en determinados casos de gran escala que afecten al mercado único. Para esos procedimientos, Bruselas plantea sanciones que podrían alcanzar el 6% de la facturación mundial anual de una empresa.
Esa dimensión de supervisión amplía el impacto empresarial de la reforma: el resultado de la negociación determinará tanto las conductas permitidas como el modelo con el que las autoridades podrán perseguir infracciones transfronterizas.
Una negociación que ahora pasa al Parlamento y al Consejo
La presentación de la Comisión abre el procedimiento legislativo europeo. Parlamento Europeo y Consejo deberán fijar sus posiciones y negociar el contenido definitivo antes de que el Reglamento de Equidad Digital pueda aprobarse y entrar en vigor.
Adigital, que ha participado en las consultas previas, prevé trasladar durante ese proceso la posición del sector. La organización ya había abordado en octubre la relación entre protección del consumidor y competitividad durante su encuentro sobre consumidores en la economía digital.
«El objetivo debe ser ofrecer mayor seguridad jurídica, garantizar una aplicación homogénea de la normativa en toda Europa y favorecer un entorno que combine protección de los consumidores, innovación y competitividad empresarial», sostiene Ramos.
Para las compañías con actividad B2C, la negociación determinará hasta qué punto tendrán que modificar interfaces, estrategias de personalización, procesos de contratación y cancelación, promociones o relaciones comerciales con creadores de contenido. La armonización europea puede reducir diferencias nacionales, pero su efecto operativo dependerá de cómo se delimiten finalmente cada una de esas obligaciones y de su coordinación con el resto del marco digital de la UE.
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