La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha respaldado que todas las administraciones de la UE deban aceptar las Carteras Europeas para Empresas, una infraestructura de identidad digital destinada a simplificar trámites con validez transfronteriza. La posición combina esa obligación pública con restricciones al control extranjero de proveedores, servicios de confianza e infraestructura cloud.
La propuesta pretende sustituir procedimientos administrativos fragmentados, dependientes del papel o específicos de cada país por una herramienta común. Empresas y otros operadores económicos podrían almacenar, gestionar y compartir documentos y credenciales oficiales, además de identificarse y realizar determinadas comunicaciones con las autoridades de cualquier Estado miembro.
Su utilización sería voluntaria para las compañías. Los organismos públicos, sin embargo, tendrían que aceptar las carteras en procedimientos administrativos y obligaciones de información que requieran identificación, autenticación, firma o sellado, presentación de documentos y envío o recepción de notificaciones. Este diseño traslada buena parte del efecto práctico de la regulación a la capacidad de las administraciones para integrar el sistema.
Una identidad empresarial válida en el mercado único
El expediente intenta resolver una de las fricciones persistentes de la administración electrónica europea: la dificultad para utilizar documentos y credenciales digitales fuera del país donde fueron expedidos. Aunque el 88% de los servicios públicos están disponibles por internet para usuarios nacionales, solo el 56% resulta accesible digitalmente para usuarios transfronterizos, según el eGovernment Benchmark 2024 citado en la iniciativa.
La Comisión también señala que las actividades vinculadas al cumplimiento normativo absorben alrededor del 20% del tiempo del personal de los operadores económicos. El Banco Europeo de Inversiones calcula que ese cumplimiento equivale al 1,8% de la facturación de las empresas en general y puede alcanzar el 2,5% entre las de menor tamaño.
Sobre esa base, la Comisión estima que las carteras podrían generar hasta 150.000 millones de euros de ahorro anual. La cifra representa un techo potencial calculado para un escenario en el que todas las empresas adopten la herramienta, según las condiciones expuestas por la Comisión para su paquete digital, y no un ahorro garantizado tras la entrada en vigor del reglamento.
Los eurodiputados reclaman además que el diseño tenga en cuenta a las pymes, con soluciones asequibles y fáciles de utilizar ofrecidas bajo condiciones transparentes, justas, razonables y no discriminatorias. Esta exigencia será relevante porque el carácter voluntario de las carteras deja su adopción empresarial sujeta, entre otros factores, al coste y a la facilidad de integración en los procesos existentes.
Restricciones sobre proveedores, nube y uso de datos
La posición de ITRE amplía las condiciones de soberanía digital incluidas en el proyecto. El texto plantea prohibir tanto el control directo como el indirecto de los proveedores de carteras por entidades o gobiernos de terceros países. También incorpora disposiciones dirigidas a evitar que estructuras societarias complejas o acuerdos de propiedad permitan eludir ese requisito.
Las restricciones se extenderían a los proveedores del servicio cualificado de entrega electrónica certificada, equivalente digital del correo certificado, y a las compañías de cloud computing que alojen los datos. Ambos tipos de proveedor tendrían que estar establecidos en la Unión, mientras que el almacenamiento, tratamiento y transferencia de la información deberían realizarse exclusivamente en territorio comunitario.
El planteamiento afecta así a más componentes que la propia aplicación de identidad. Abarca la infraestructura donde se conservan los datos y el servicio utilizado para acreditar jurídicamente la entrega de comunicaciones, dos elementos necesarios para que una interacción administrativa digital pueda desplegarse con garantías en distintos Estados miembros.
ITRE también propone impedir que los datos generados por las carteras se utilicen para entrenar o ajustar sistemas de inteligencia artificial operados por entidades de terceros países. La medida limita una explotación secundaria concreta de la información y refuerza la vinculación entre simplificación administrativa, localización europea de los datos y control sobre su uso.
La implantación dependerá de las administraciones
La comisión parlamentaria pide un calendario que permita a los organismos públicos adaptarse a las especificaciones técnicas que se aprobarán mediante actos de ejecución. Los Estados miembros tendrían que proporcionar apoyo y soluciones a entidades con menos recursos, como ayuntamientos y administraciones locales, para evitar una implantación desigual entre instituciones centrales y organismos pequeños.
También reclama una hoja de ruta con hitos, casos de uso prioritarios e interoperabilidad con las soluciones digitales ya operativas a escala nacional y europea. Esa coordinación determinará si las carteras funcionan como una infraestructura común o añaden una nueva capa a sistemas administrativos que continúen sin comunicarse entre sí.
El proyecto de informe salió adelante por 64 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. El mandato para abrir negociaciones con el Consejo obtuvo 65 votos favorables, nueve contrarios y una abstención, y deberá notificarse al pleno del Parlamento.
El expediente sigue el procedimiento legislativo ordinario 2025/0358(COD). El Consejo de la Unión Europea ya adoptó su orientación general sobre las carteras empresariales el 9 de junio de 2026, por lo que ambas instituciones pueden encaminar el texto hacia la negociación interinstitucional.
El resultado de esas conversaciones fijará las obligaciones definitivas y los plazos. Para empresas y administraciones, la consecuencia operativa será preparar sistemas capaces de intercambiar credenciales y documentos con validez europea, mientras los proveedores afectados deberán revisar su estructura de control, la ubicación de su infraestructura y el tratamiento de los datos.
