En julio, un sistema de agentes de inteligencia artificial logró acceder durante varios días a infraestructura de Hugging Face. El incidente, que comenzó en un entorno de evaluación y acabó afectando a sistemas de producción, dejó una imagen difícil de ignorar: en unos pocos días, varios agentes autónomos fueron capaces de explorar vulnerabilidades, moverse entre sistemas y ampliar privilegios. Hugging Face situó la secuencia principal del ataque entre el 9 y el 13 de julio.
Dos años antes, el 9 de septiembre de 2024, Mario Draghi había entregado a la Comisión Europea un informe de casi 400 páginas sobre cómo recuperar la competitividad de Europa. La comparación entre el informe Draghi y Hugging Face tiene algo de provocación interesada, pero señala un problema real: la tecnología ha empezado a moverse a una velocidad para la que el sistema político europeo sigue sin encontrar respuesta.
El balance de estos dos años refuerza esa impresión. El Draghi Observatory, que ha descompuesto el informe en 383 recomendaciones y comprueba cuáles han llegado a convertirse en legislación vinculante, contabilizaba en julio 60 completamente implementadas. Es un 15,7%. Si se añaden las aplicadas parcialmente, el porcentaje alcanza el 41,3%. Entre enero y julio de 2026 solo dos recomendaciones adicionales pasaron a considerarse plenamente ejecutadas.
La cifra admite discusiones metodológicas. Una propuesta legislativa, una estrategia política y un cambio efectivo en el mercado son cosas diferentes. Pero precisamente ahí aparece uno de los problemas del informe Draghi después de dos años: Bruselas ha asumido buena parte de su vocabulario mientras los cambios estructurales avanzan mucho más despacio.
Y pocas áreas muestran esa distancia con tanta claridad como tecnología y telecomunicaciones.
Europa ha ganado el diagnóstico
Resulta difícil encontrar hoy un documento económico de la Unión Europea que no hable de productividad, escala, autonomía estratégica, simplificación, innovación o competitividad. En enero de 2025 llegó la Brújula para la Competitividad. Después han aparecido estrategias para startups, inteligencia artificial, cuántica, semiconductores, mercado único y financiación. El informe Draghi se ha convertido en una referencia transversal de la política económica europea.
En términos políticos, Draghi ganó buena parte de la discusión.
Su diagnóstico tecnológico tampoco ha envejecido demasiado. Europa conserva investigación, universidades, industria avanzada, ingeniería y un mercado de 450 millones de consumidores, pero sigue teniendo dificultades para convertir esos activos en empresas tecnológicas de escala mundial. Cuando presentó el informe, Draghi recordaba que solo cuatro de las 50 mayores compañías tecnológicas del mundo eran europeas y calculaba que las empresas de la UE invertían unos 270.000 millones de euros menos en I+D que las estadounidenses.
Dos años después, la respuesta europea se parece más a una gran cartera legislativa que a un cambio equivalente en la estructura del mercado.
El propio Draghi Observatory ofrece una pista. De las 49 medidas bajo responsabilidad principal de DG CNECT, la dirección general encargada de redes y tecnología, solo tres figuraban completamente aplicadas en julio de 2026. Otras diez estaban parcialmente ejecutadas y 36 seguían en progreso o sin implementar. La tasa estricta es del 6,1%, muy por debajo del 15,7% agregado.
El problema empieza a dejar de ser qué debe hacer Europa. Cada vez resulta más difícil justificar por qué necesita tanto tiempo para hacerlo.
Las telecomunicaciones concentran casi todos los problemas europeos
Draghi eligió las telecomunicaciones como una de las piezas centrales de su estrategia digital porque detrás de la IA, el cloud, el edge computing, la automatización industrial o el vehículo conectado siempre aparece una infraestructura de red.
Su fotografía de partida era llamativa. La UE tenía 34 operadores móviles con red propia, frente a tres en Estados Unidos y cuatro en China. Para Draghi, esa fragmentación limitaba la capacidad de inversión de las compañías europeas y dificultaba desarrollar servicios digitales con escala continental.
Hay una simplificación peligrosa en convertir ese diagnóstico en «Europa necesita menos operadores». La relación entre concentración, precios, inversión e innovación es bastante más compleja. Un operador más grande dispone potencialmente de mayor capacidad financiera, pero una menor competencia tampoco garantiza automáticamente más inversión ni mejores servicios.
La cuestión relevante es otra. Europa lleva décadas hablando de mercado único y sigue organizando una infraestructura esencialmente continental mediante numerosos mercados nacionales, autoridades nacionales, políticas de espectro diferentes y obligaciones regulatorias que no siempre coinciden.
La Comisión intentó responder a esa contradicción en enero con la propuesta del Digital Networks Act. El texto plantea que un operador pueda prestar determinados servicios en diferentes Estados miembros registrándose en uno solo, introduce mayor coordinación europea del espectro, alarga y facilita la renovación de las licencias radioeléctricas, impulsa autorizaciones europeas para comunicaciones por satélite y obliga a diseñar planes nacionales para la retirada progresiva de las redes de cobre. También mantiene los principios de neutralidad de red.
Es probablemente la reforma de telecomunicaciones más cercana al planteamiento de Draghi desde que se publicó el informe.
También sigue siendo una propuesta.
A 10 de septiembre de 2026, el Parlamento Europeo mantiene el expediente a la espera de una decisión de la comisión parlamentaria competente y los Estados miembros continúan examinándolo en el grupo de trabajo de telecomunicaciones del Consejo. De hecho, ese grupo se reúne hoy y volverá a hacerlo varias veces durante septiembre.
Esa coincidencia resume bastante bien el segundo aniversario: Europa ya ha redactado la reforma destinada a corregir un problema conocido desde hace años, mientras sigue negociando exactamente cuánto poder están dispuestos los Estados a trasladar al nivel europeo.
La escala empresarial tampoco se decide con una directiva
Una segunda pieza se está jugando fuera del Digital Networks Act. Draghi pidió modificar la política europea de competencia para que factores como inversión, innovación y capacidad de competir globalmente tuvieran mayor peso al evaluar concentraciones empresariales.
La Comisión ha avanzado. En abril publicó el borrador de las nuevas directrices sobre fusiones, la revisión más amplia de este marco en dos décadas. El texto intenta incorporar mejor los efectos dinámicos de las operaciones, incluyendo innovación e inversión, y la versión definitiva está prevista para el cuarto trimestre de 2026.
Aquí conviene resistirse a dos extremos. Europa puede cometer un error manteniendo mercados artificialmente pequeños por miedo a cualquier concentración. También puede cometerlo confundiendo tamaño con competitividad.
Un «campeón europeo» protegido de la competencia seguirá siendo una mala empresa si invierte poco, innova lentamente o traslada su poder de mercado al cliente. La política industrial europea necesita empresas capaces de alcanzar escala, pero esa escala tiene que servir para reducir costes de despliegue, financiar nuevas redes y desarrollar productos exportables.
Las nuevas directrices de fusiones serán importantes precisamente porque obligarán a convertir esta discusión abstracta en decisiones concretas.
En telecomunicaciones, eso significa decidir si Europa quiere seguir juzgando cada operación casi exclusivamente desde el perímetro del mercado nacional o empieza a incorporar la lógica de una industria en la que redes, cloud, satélites, ciberseguridad y plataformas digitales compiten globalmente.
Cloud e IA ya han alcanzado a la política de redes
Mientras se discute la arquitectura del mercado de telecomunicaciones, la infraestructura tecnológica está cambiando.
En 2024 podía resultar razonable analizar redes, centros de datos, cloud, inteligencia artificial, semiconductores y satélites como industrias relacionadas. En 2026 las fronteras son mucho menos claras.
Los modelos de IA necesitan enormes cantidades de capacidad computacional. Esa capacidad necesita centros de datos. Los centros de datos dependen de electricidad, fibra y redes troncales. Las aplicaciones industriales necesitan conectar la inferencia con fábricas, vehículos, hospitales o dispositivos. Parte de esa computación irá hacia el edge. Las comunicaciones críticas mezclan ya redes terrestres y satelitales.
La infraestructura digital se ha convertido en una cadena.
La Comisión ha reaccionado con el Cloud and AI Development Act, presentado el 3 de junio. El objetivo declarado es al menos triplicar la capacidad europea de centros de datos durante los próximos cinco a siete años, simplificar su despliegue y crear un marco europeo común para evaluar distintos grados de soberanía de los servicios cloud y de IA. La propuesta pretende además utilizar la contratación pública para generar demanda de capacidad segura en usos críticos.
De nuevo aparece el mismo patrón. El movimiento político es relevante y la dirección responde a problemas identificados por Draghi. La infraestructura todavía tiene que construirse, los permisos todavía tienen que concederse, la energía tiene que estar disponible y el reglamento continúa dentro del procedimiento legislativo ordinario.
Entre tanto, la frontera tecnológica sigue avanzando.
El incidente de Hugging Face resulta útil precisamente por eso. El dato importante no es contar cuántos ataques puede realizar una IA mientras Europa aprueba un reglamento. La cuestión es que las capacidades tecnológicas pueden cambiar sustancialmente dentro del tiempo normal que requiere una negociación comunitaria.
Dos años representan poco en política industrial. Para la inteligencia artificial actual pueden contener varias generaciones de modelos, arquitecturas y productos.
La soberanía tecnológica tiene costes que también compiten entre sí
La ciberseguridad añade otra dificultad. Draghi reclamó reducir la dependencia europea de proveedores considerados de alto riesgo en infraestructuras críticas. La Comisión respondió en enero de 2026 proponiendo revisar el Cybersecurity Act para reforzar el control sobre las cadenas de suministro tecnológicas y permitir la retirada obligatoria de determinados proveedores después de una evaluación de riesgos.
La dirección estratégica resulta comprensible. Una red crítica cuya continuidad depende de decisiones tomadas fuera de Europa puede convertirse en una vulnerabilidad económica y de seguridad.
El calendario importa tanto como el objetivo.
Sustituir equipamiento antes del final de su vida útil consume capital. Ese mismo capital podría destinarse a fibra, 5G standalone, automatización de red o preparación para 6G. Una política de seguridad mal secuenciada puede terminar reduciendo temporalmente la capacidad de inversión que otra política europea intenta aumentar.
Este tipo de contradicciones aparece cada vez más en la agenda tecnológica europea. Bruselas quiere más inversión, mayor seguridad, menos dependencias, más competencia, empresas de mayor escala, centros de datos adicionales, energía más limpia y precios asequibles para el consumidor.
Todos son objetivos legítimos. No siempre pueden maximizarse simultáneamente.
El mérito del informe Draghi consistió precisamente en tratar la competitividad como un sistema de restricciones y prioridades. Dos años después, Europa corre el riesgo de volver a dividir ese sistema en expedientes regulatorios separados.
España muestra los dos lados del problema
España ofrece un buen ejemplo de por qué la discusión sobre telecomunicaciones necesita más matices que una comparación entre Europa, Estados Unidos y China.
La infraestructura española parte de una posición privilegiada. La Comisión considera que España supera la media europea en todos los indicadores de conectividad. A cierre de 2025, más del 90% de las líneas activas de banda ancha fija utilizaban fibra y el apagado del cobre prácticamente había concluido. El despliegue de 5G superaba las 40.000 estaciones y 24,8 millones de líneas habían utilizado estas redes. En junio de 2026 había ya más de 18,2 millones de líneas FTTH.
España demuestra que Europa puede desplegar infraestructura digital avanzada.
También demuestra que desplegar infraestructura nacional y construir un mercado tecnológico europeo son dos cosas diferentes.
Una red española de fibra excepcional no crea por sí sola un operador continental, una industria europea de cloud o una plataforma global de inteligencia artificial. Tampoco resuelve la fragmentación del espectro o de determinadas obligaciones regulatorias entre Estados miembros.
Hay además otra paradoja. El último informe de la Década Digital considera la conectividad una fortaleza española, pero advierte de que las empresas todavía no aprovechan plenamente esa ventaja para adoptar tecnologías avanzadas y señala específicamente margen de mejora en cloud entre las pymes.
La infraestructura es condición necesaria. La productividad aparece cuando las empresas consiguen construir encima de ella.
Ahí estaba una de las tesis centrales de Draghi, y sigue pendiente.
Draghi ya ha empezado a buscar otra vía
Quizá la señal política más significativa de este segundo aniversario no procede de la Comisión.
A finales de agosto, Mario Draghi y Patrick Collison, cofundador de Stripe, pusieron en marcha el Rhine Group. Luis Garicano, economista español y antiguo eurodiputado, ejerce como director ejecutivo. El grupo reúne a empresarios, economistas, académicos y antiguos responsables públicos con el propósito explícito de convertir el diagnóstico europeo sobre competitividad en acción.
Su aparición admite una lectura incómodamente sencilla. Europa ha producido suficientes informes.
El propio autor del más influyente de ellos ha decidido crear una organización fuera de las instituciones comunitarias para intentar acelerar su ejecución.
Pero tampoco un think tank puede resolver mediante mejores ideas lo que muchas veces son desacuerdos políticos. Un verdadero mercado único de telecomunicaciones exige que los Estados cedan parte del control sobre espectro y regulación. Una unión de mercados de capitales altera competencias nacionales. Una política industrial común obliga a decidir quién financia qué. Una estrategia de cloud soberano determina qué dependencias se consideran aceptables y cuánto está Europa dispuesta a pagar por reducirlas.
El cuello de botella ya no está principalmente en el diagnóstico técnico, está en la capacidad de tomar decisiones colectivas.
La comparación con Hugging Face adquiere entonces un significado diferente. La carrera tecnológica no enfrenta a Mario Draghi con unos agentes de IA. Enfrenta dos relojes.
Uno mide ciclos de entrenamiento, lanzamientos de modelos, nuevas arquitecturas de computación, ataques automatizados y cambios de mercado que pueden producirse en semanas.
El otro mide consultas públicas, evaluaciones de impacto, posiciones del Consejo, enmiendas parlamentarias, trílogos, transposición y aplicación.
Europa difícilmente convertirá el segundo reloj en el primero. Su sistema político está diseñado para negociar intereses entre 27 países y ofrecer garantías jurídicas que también forman parte de su ventaja institucional.
Sí puede reducir una latencia que empieza a resultar económica y tecnológicamente demasiado cara.
Durante el próximo año, el mejor indicador del legado de Draghi no será cuántas veces aparece la palabra «competitividad» en los documentos de Bruselas. Habrá que mirar cuánto tarda una empresa en desplegar infraestructura en varios países, si las licencias de espectro permiten planificar inversiones a largo plazo, qué ocurre con el Digital Networks Act, cómo terminan las nuevas reglas de fusiones, cuándo comienza a generar capacidad real el Cloud and AI Development Act y si la contratación pública europea consigue crear demanda para proveedores tecnológicos capaces de crecer.
Dos años después, Europa sabe bastante bien qué piezas necesita mover. Algunas incluso están ya sobre la mesa legislativa. El tiempo dedicado a decidir cómo moverlas empieza a formar parte del problema.
En tecnología, la latencia también es una medida de competitividad.
