La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (Aotec) ha presentado ante la Audiencia Nacional cuatro demandas contra las ampliaciones en diez años de las concesiones de espectro otorgadas por el Gobierno central a Vodafone, Xfera, Orange y Telefónica Móviles. Según la entidad, esta medida, adoptada el pasado 20 de junio sin exigir contrapartidas a los beneficiarios, altera gravemente la competencia y consolida posiciones dominantes en el sector de las telecomunicaciones móviles.
El Ejecutivo justificó esta extensión automática en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel), permitiendo a los operadores mantener el uso exclusivo de bandas de espectro sin nuevos procesos competitivos. Aotec estima que esta decisión ha incrementado el valor de los títulos de uso del espectro radioeléctrico en más de 1.700 millones de euros en conjunto para los cuatro operadores beneficiados, tomando como base los precios alcanzados en adjudicaciones por concurso.
Falta de condiciones y riesgo de concentración del mercado
La asociación considera que la ampliación sin condiciones ha creado un desequilibrio estructural en el sector. Desde su punto de vista, se ha vulnerado el principio de competencia al favorecer de forma directa a los operadores dominantes sin introducir obligaciones orientadas a mejorar el acceso mayorista o a optimizar el uso del espectro, especialmente en áreas con baja cobertura.
Durante el periodo de consulta pública previo a la aprobación de las órdenes ministeriales, Aotec propuso que se impusieran condiciones para la cesión de espectro no utilizado y para facilitar la entrada de Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el mercado mayorista, en especial en zonas rurales. Estas propuestas no fueron incorporadas en la normativa definitiva.
La organización recuerda que las grandes operadoras han optado por compartir espectro en la banda de 700 MHz, reduciendo de facto la competencia técnica entre redes y afectando al acceso en zonas con menor densidad poblacional. Aotec advierte de que estas prácticas refuerzan un modelo de mercado cerrado y dificultan la entrada de nuevos actores con capacidad de desplegar alternativas en la red móvil, justo cuando se intenta cerrar la brecha digital con despliegues de fibra óptica.
Contexto europeo: fusiones y presión por desregulación
La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto europeo donde las grandes operadoras promueven un modelo de concentración del mercado. El Libro Blanco sobre infraestructuras digitales de Europa, sometido a consulta en febrero de 2024, defiende la necesidad de reducir la fragmentación y favorece la consolidación de operadores como vía para reforzar la autonomía estratégica europea.
Sin embargo, agrupaciones como Elfa, que representa a 800 operadores alternativos europeos, han expresado su rechazo a políticas de concentración forzada, reivindicando el papel de la competencia como garantía de eficiencia y sostenibilidad en el despliegue de servicios. Estas organizaciones descartan además cualquier tipo de subvenciones directas o incentivos que favorezcan a los grandes grupos frente a los actores locales.
Aotec ha trasladado a las instituciones comunitarias su inquietud por estas tendencias, subrayando que los operadores alternativos han desempeñado un papel clave en la expansión de redes de banda ancha en España. Según la entidad, “la fragmentación territorial no ha sido un obstáculo para ofrecer servicios eficaces”, y la competencia ha resultado esencial para lograr mejores condiciones para los usuarios.
Críticas al aumento de precios en la oferta MarCO
En paralelo, Aotec ha presentado alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con los dos expedientes en curso sobre el acceso a infraestructuras físicas de red, regulado a través de la oferta MarCO (Marco de Acceso a la Red de Telefónica).
En particular, la asociación ha expresado su oposición al incremento de precios propuesto por Telefónica, que contempla subidas de entre un 11% y un 29%. Según Aotec, esta propuesta se basa en una errónea aplicación de la Recomendación Gigabit de la Unión Europea, pensada para infraestructuras nuevas, mientras que las infraestructuras afectadas por la MarCO ya están construidas y son propiedad de los municipios desde la entrada en vigor del artículo 51 de la LGTel en 2022.
Además, recuerda que las actualizaciones en estas infraestructuras han sido cofinanciadas por todos los operadores que hacen uso de ellas, por lo que el aumento de precios no se justifica desde un punto de vista técnico ni financiero. Aotec ha mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea para advertir del impacto que esta medida podría tener sobre la competencia y el acceso a redes en condiciones equitativas.
Reclamaciones para garantizar el acceso al 5G
Aotec ha reiterado en diferentes foros su preocupación por el futuro del acceso al espectro en el marco del despliegue de redes 5G. Desde antes de la pandemia, la asociación ha propuesto mecanismos para facilitar la entrada de nuevos actores al mercado mayorista móvil, especialmente en zonas de baja densidad, donde las grandes operadoras han mostrado poco interés en invertir.
La asociación considera que, sin medidas de acceso efectivo al espectro, el desarrollo del 5G podría reproducir los desequilibrios geográficos que se están corrigiendo en la red fija gracias a la apertura regulatoria de los últimos años. En este sentido, reclama una revisión del modelo de concesión y uso del espectro, que tenga en cuenta no sólo la eficiencia técnica, sino también la necesidad de asegurar una conectividad inclusiva.
